El Síndic reclama al Ayuntamiento de Alicante “espacios dignos” para el reparto de alimentos

Las entidades sociales que reparten alimentos a las personas vulnerables de Alicante no cuentan con el apoyo del Ayuntamiento. Es lo que concluye el Síndic de Greuges, que ha emitido una resolución tras la queja interpuesta por la Red de Entidades para la Atención de Personas Sin Hogar de Alicante (Reapsha), que motivó una investigación posterior por parte del defensor del pueblo autonómico.

En concreto, la institución constata la “insuficiencia de recursos municipales” y la “desaparición progresiva de comedores sociales”, una carencia que dificulta la labor de las entidades solidarias al reparto de alimentos.

La investigación se inició tras la queja de Reapsha, que lamentaba el “aumento de la hostilidad policial” durante su labor social tras “episodios puntuales” vividos. Se referían, concretamente, al incidente ocurrido el pasado 23 de enero, cuando agentes policiales impidieron a la citada asociación continuar con el reparto de bocadillos en la calle Rigoberto Ferrer, entre la estación de Renfe y la avenida de Aguilera, dejando a unas noventa personas sin alimentos.

La intervención policial se produjo después de que se registraran altercados entre las personas que esperaban su turno para recibir comida. El incidente se saldó con una multa de 200 euros a una voluntaria de la asociación, acusada de haber convocado una reunión no autorizada. Más adelante, la Subdelegación del Gobierno revocó esta sanción por considerar que la actuación solidaria no podía ser identificada como "una reunión no comunicada, al no estar vinculada con el ejercicio de derecho de reunión", tal como fue interpretada inicialmente por los agentes, que la definieron como una "concentración no comunicada en un lugar de tránsito público, sin la preceptiva comunicación previa a la autoridad gubernativa".

Ante esta situación de reparto de alimentos en la calle, el Síndic constata que algunas asociaciones disponen de locales propios para repartir alimentos, pero “otras no disponen de ellos y han de hacerlo en la vía pública”, y es por ello que ha procedido a abrir una queja de oficio para “conocer la actitud y el posicionamiento del consistorio”, a quien le pide un informe “detallado y razonado sobre los hechos” que motivan la queja.

“Falta de colaboración”

El defensor autonómico, que pidió información al Ayuntamiento de Alicante, lamenta que el consistorio “informó fuera de plazo, evidenciando una falta de colaboración con esta institución”. Tras la recepción de la información solicitada, el Síndic comprobó que por parte de la Concejalía de Bienestar Social, liderada por Begoña León, “no se ha dado ninguna instrucción al Servicio de Seguridad Ciudadana sobre el reparto de alimentos en la vía pública”. También señala a este departamento por “no ofrecer ubicaciones alternativas en locales para repartir alimentos” a las entidades con las que “mantiene colaboración”.

A su vez, el defensor asegura “no tener conocimiento de la existencia de ningún comedor social público”, y señala también que la Concejalía de Ocupación de Vía Pública, liderado por Cristina Cutanda, “no tiene conocimiento de la problemática que se ha suscitado por el reparto de comida por parte de organizaciones sociales”, hecho por el que el defensor se muestra “sorprendido”. Otra concejalía señalada es la de Sanidad, también dirigida por Cutanda, que “afirma desconocer cómo, cuándo y en qué condiciones se está efectuando el reparto de comidas a personas necesitadas”, que el Síndic calcula que son entre 150 y 200 en la ciudad.

Conclusiones

Ante este conjunto de argumentos, el Síndic considera “oportuno” que desde el Ayuntamiento “se prevean ubicaciones idóneas para estas acciones solidarias”. Inciden, además, en que “el reparto de dichos alimentos debe realizarse, preferentemente, en lugares cerrados, acotados y con mayores garantías de seguridad y sanitarias”.

También destacan la “inexistencia” de comedores sociales en Alicante, que “han ido desapareciendo progresivamente” cuando, sin embargo, “cada día son decenas de personas las que necesitan de una alimentación a la que no tienen acceso y que hay que atender”.

Por todo ello, el Síndic considera que el Ayuntamiento de Alicante “debe realizar un mayor esfuerzo por atender la necesidad de acceder a la alimentación diaria por decenas de personas, y para ello es de gran interés la colaboración” con las entidades sociales. También pide “reforzar las actuales relaciones” con Reapsha, y que “concreten conjuntamente cómo desarrollar los repartos de comida mientras sean necesarios”.

Por último, concluyen que el reparto de comida “queda únicamente justificado ante la evidencia de una necesidad no atendida por la administración, y es sin duda el reflejo del fracaso de una parte del sistema de protección y atención social”.

El Ayuntamiento tiene ahora la obligación de enviar al Síndic, en el plazo máximo de un mes, “un informe donde manifiesten si aceptan estas consideraciones”. Si las aceptan, deberán indicar las medidas que aplicarán y, en caso contrario, el consistorio deberá justificar su negativa.

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