Alicante está a la cabeza de la Comunidad en número de eutanasias practicadas

La muerte este martes del meteorólogo Ignacio Abad en el Hospital General de Alicante tras aplicarle la eutanasia que pidió en agosto ha devuelto a la actualidad el derecho a morir dignamente. La ley de eutanasia regula el derecho a solicitar y recibir ayuda para morir bajo condiciones específicas, despenalizando la eutanasia y estableciendo los procedimientos, garantías y el marco legal necesario, a la vez que permite a mayores de edad solicitar ayuda médica para morir si padecen un sufrimiento grave, crónico, imposible de paliar o una enfermedad grave e incurable. Como era el caso de Ignacio.

Desde que entró en vigor la ley que regula la eutanasia, el 25 de junio de 2021, hasta el pasado 15 de octubre, en los centros sanitarios de la Comunidad Valenciana se han recibido 179 solicitudes de eutanasia, de las que 113 han resultado favorables y hasta la fecha se han realizado 93 prestaciones, según datos aportados este miércoles por la Conselleria de Sanidad. Por sexos, 44 han sido en hombres y 49 en mujeres.

Sanidad ha recibido 179 solicitudes de eutanasia en la Comunidad desde que entró en vigor la ley, de las que 93 se han practicado

Cifras parejas

Por provincias, 39 se han practicado en Alicante, 41 en Valencia y 13 en Castellón. Las dos primeras están muy parejas pero si nos atenemos a la población, que asciende a 2,7 millones en Valencia frente a 1,9 en Alicante, la tasa en la provincia es más elevada por número de habitantes.

El resto de las eutanasias solicitadas, indica Sanidad, no se han llevado a cabo bien por fallecimiento de la persona durante el proceso, por revocaciones o porque se encuentran en tramitación. En estos momentos hay cinco pendientes de prestación: 2 en Valencia, 1 en Castellón y 2 en Alicante.

Ante los desafíos en la implementación de esta ley en la Comunidad Valenciana, María José Alemany, presidenta de Derecho a Morir Dignamente, destaca la falta de voluntad política para una suficiente difusión de información tanto al público como a los profesionales sanitarios, que "a menudo obstaculizan el ejercicio de los derechos de los pacientes alegando desconocimiento o ilegalidad". La asociación busca colaborar con la Conselleria de Sanidad para mejorar el acceso y la transparencia, y cita ejemplos de observatorios que funcionan en otras autonomías.

"El testimonio escrito de Ignacio Abad y el que haya hecho pública su decisión es muy importante de cara a a que la sociedad tenga conocimiento de un derecho que existe"

María José Alemany

— Derecho a Morir Dignamente

"El testimonio escrito a partir del libro de Nacho (el meteorólogo al que se aplicó la eutanasia el martes en Alicante) y el que haya hecho pública su decisión es muy importante de cara a que la sociedad sepa y tenga conocimiento de un derecho que existe, y que responde a la libertad individual y a la ley de autonomía del paciente para poder elegir sobre su salud, sobre todo en momentos de final de vida. El hecho de que las personas pidan la eutanasia responde a la posibilidad de ser autor o autora de tu propia vida en el sentido de poder tomar esta decisión igual que se toman otras a lo largo de la vida y, cómo no, en el proceso final".

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Cuarenta años

La Asociación Derecho a Morir Dignamente, explica, lleva más de 40 años trabajando por ello y ha sido uno de los actores principales para que se aprueben las leyes de muerte digna. "Lo que pasa es que, para que las leyes sean aplicables y puedan desarrollarse, tiene que existir voluntad política", algo que cuestionan dado que la ley indica que se debe hacer difusión a la población, y la que se hace no sería suficiente.

El principal problema que percibe la asociación son las personas que acuden a denunciar que los profesionales sanitarios, de entrada, les dicen que la eutanasia no es legal, que no se puede hacer o que no saben cómo funciona. "Esto impide que puedan ejercer este derecho porque, si no se canaliza bien la petición, los pacientes vuelven a su casa desesperados. Ya lo están con el dolor y el sufrimiento. Han llegado al punto de pensar que cuando mueran dejarán de sufrir y por eso solicitan la eutanasia. Encontrarse con una barrera de este tipo es fatal".

Objetores no declarados

Alemany considera que en esos casos son objetores no declarados. "La ley exige que las personas formen parte de un registro para que la administración pueda canalizar una solicitud porque si un profesional es objetor puede derivárselo a otro. Hay muchas personas que no son objetoras de conciencia, sino de conveniencia y prefieren no informarse de esta ley, no saber qué pasos han seguir, dónde está la información. Para eso se necesita que la Conselleria de Sanidad sea proactiva".

Por ello, Morir Dignamente Comunidad Valenciana reclama que, como en otros territorios, donde el procedimiento funciona con más rapidez, haya personas referentes de la eutanasia o de la muerte digna en cada área de salud para que, cuando un profesional reciba una solicitud, inmediatamente llame al referente de su departamento y se inicie la gestión y el proceso deliberativo.

Las asociaciones de pacientes reclaman registros de sanitarios objetores y que en cada departamento de salud haya un referente de muerte digna

Ser interlocutores

La asociación también reivindica trabajar con la Conselleria de Sanidad en la mejora de la asistencia a la ciudadanía. "No tenemos una relación facilitadora. Cuando acaba el año, la Comisión de Garantía y Evaluación tiene que hacer público un informe que se envía al Ministerio de Sanidad. El informe recoge lo mismo en todas las comunidades, unos lo envían antes y otros después. En otras autonomías se hace público y se cuelga en la página web del gobierno autonómico. La nuestra no ha publicado ninguno de los informes anuales que han hecho".

"Trabajar con la Conselleria de Sanidad ayudaría a crear un observatorio de la muerte para facilitar el proceso ala ciudadanía y los familiares"

María José Alemany

— Derecho a Morir Dignamente

Este tipo de cuestiones, apunta Alemany, impiden un procedimiento más fluido y que haya una información clara y transparente. "Trabajar con la conselleria ayudaría a crear un observatorio de la muerte digna para saber en qué condiciones fallecen las personas en la Comunidad y facilitar el proceso a la ciudadanía y a los familiares".

Un observatorio que ya existe en el País Vasco, Navarra y Asturias. "Hay que atender a la población durante todo su ciclo vital, desde el nacimiento hasta la muerte y hacer todo lo posible para que la ley se cumpla de una manera adecuada sin poner impedimentos a las personas cuando van a solicitar la eutanasia", finaliza.

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