Una oficina contra los pisos turísticos ilegales: ¿solución al problema de la vivienda en Alicante?

Compromís quiere cerrar el Patronato de la Vivienda de Alicante. Los valencianistas consideran que el ente autónomo se ha convertido en "una gestoría" que no cumple con su función y, en su lugar, plantean abrir una oficina contra los pisos turísticos ilegales, como solución al problema de la vivienda en la ciudad.

El portavoz de la coalición, Rafa Mas, y la concejala Sara Llobell han anunciado este lunes en Alicante la idea, con la que plantean incrementar la presión sobre la actividad irregular relacionada con el turismo masivo. "Nuestra propuesta es cerrar el Patronato municipal de la Vivienda y convertirlo en concejalía, obviamente asumiendo al personal laboral para que no se quede en la calle y siga como funcionario". La función de este nuevo servicio, según ha explicado Mas, sería la de "inspeccionar todos los pisos turísticos ilegales" y que cualquier ciudadano que conozca en su entorno un inmueble en situación irregular, pueda acudir y denunciarlo.

Cesión de competencias

Para ello, apuntan desde Compromís, "el alcalde, obviamente, tiene que asumir ya las competencias para cerrarlos". Una circunstancia que Alicante podría haber llevado a cabo desde agosto del pasado año, gracias al Decreto Ley del Consell que permite delegar la acción inspeccionadora y sancionadora en las administraciones local. Sin embargo, el ejecutivo municipal (que aseguró que asumiría dicha potestad) aún no ha registrado formalmente la petición. De acuerdo con las explicaciones del gobierno de Barcala, el principal motivo es la falta de personal para ello en la Concejalía de Urbanismo.

En la misma línea, Mas ha añadido que se debe trabajar para que los propietarios "puedan acceder a las ayudas con fondos europeos para mejorar la accesibilidad de las viviendas" y, al mismo tiempo, impulsar "que los pisos vacíos se pongan al alquiler". Para conseguirlo, Compromís incide en la necesidad de "garantizar la seguridad de pago, la seguridad jurídica y la seguridad de que en cinco años se devolverá la vivienda en buen estado", además de permitir que las viviendas sean gestionadas por la Concejalía de Vivienda.

Una serie de medidas que, tal y como apuntan los valencianistas, "no servirán de nada si no se declara la ciudad tensionada", herramienta fundamental para regular el precio del alquiler de acuerdo con la nueva Ley de Vivienda.

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