El Ayuntamiento de Alicante da otro paso para el futuro control a los apartamentos turísticos

El Ayuntamiento de Alicante ha dado un nuevo paso en su reorganización interna para reforzar el control urbanístico, incluyendo el seguimiento de las viviendas turísticas. Este viernes se ha publicado en el tablón de edictos la resolución por la que se designa al jefe del Departamento de Inspecciones, Sanciones y Conservación de Inmuebles de Urbanismo, un puesto de libre designación que unifica bajo un mismo mando la supervisión de expedientes sancionadores y de mantenimiento de edificios.

El movimiento supone un avance hacia el cumplimiento del pacto alcanzado entre el equipo de gobierno del PP y el PSOE el pasado mes de julio para frenar la proliferación de apartamentos turísticos y poner un control sobre las actividades irregulares. Sin embargo, pese a este progreso administrativo, desde el equipo de gobierno confirmaron este viernes a INFORMACIÓN que "todavía no se ha solicitado" a la Generalitat Valenciana las competencias sancionadoras en materia de viviendas turísticas, incluidas en un decreto de agosto de 2024.

La creación de esta jefatura, aprobada por la Junta de Gobierno Local el pasado mes de julio, responde a una estrategia de reestructuración interna impulsada por la Concejalía de Urbanismo para mejorar la eficacia y coordinación en materia de control, inspección y disciplina. Por primera vez, los departamentos de Inspecciones, Sanciones y Conservación de Inmuebles quedan integrados bajo una misma dirección. Según explicó entonces la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, esta reorganización busca "reforzar la capacidad municipal de supervisión y control para garantizar el cumplimiento de la normativa urbanística y asegurar que las actividades se desarrollen con todas las garantías".

Gómez recordó que la medida se enmarca dentro de un plan más amplio de modernización del área, que ya supuso en marzo la creación del Departamento Técnico de Control de Obras, encargado de agilizar la tramitación de licencias y unificar criterios técnicos. El objetivo final, subraya la edil, es dotar de mayor capacidad de respuesta a los servicios de Urbanismo, especialmente en materia sancionadora, donde la falta de personal habría sido, según el equipo de gobierno del PP, uno de los principales obstáculos para asumir nuevas competencias.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Alicante trabaja en la modificación del Plan General para poner coto al turismo masivo y a la proliferación de apartamentos vacacionales. Después de que, en enero de este año, entrase en vigor la suspensión de nuevas licencias a viviendas de uso turístico, el gobierno local de Luis Barcala aprobó el inicio de la tramitación con objetivo como fijar un límite de plazas por habitante, decretar la prohibición total en zonas saturadas, obbligar a que estos pisos tengan acceso independiente cuando se encuentren en bloques residenciales y convertir en alojamientos los bajos de las principales calles comerciales.

El pacto con el PSOE, aún pendiente de cumplirse

El nombramiento publicado este viernes se produce cuatro meses después de que el PP y el PSOE firmaran un acuerdo político para regular y controlar la actividad de las viviendas turísticas en Alicante. Entre los compromisos asumidos figuraba la adhesión del Ayuntamiento al convenio de la Generalitat Valenciana que permite a los consistorios asumir competencias sancionadoras sobre los alojamientos irregulares, un paso que ya han dado otros municipios como Benidorm. Pese a ello, el Ayuntamiento aún no ha solicitado formalmente a la Generalitat la transferencia de esas funciones.

El PSOE, por su parte, ha reclamado en reiteradas ocasiones que se cumpla lo pactado y que Alicante se sume "cuanto antes" al sistema autonómico de control, recordando que la ciudad sufre un incremento sostenido de alojamientos turísticos sin licencia y que la moratoria actual, vigente hasta enero de 2027, debe aprovecharse para reforzar los mecanismos de inspección y sanción.

El acuerdo PP-PSOE, alcanzado el pasado julio, no se limita a las sanciones. Incluye también medidas de calado para regular el uso de los bajos comerciales, donde se prohibirá la implantación de apartamentos turísticos en los viarios estructurantes, ejes comerciales y ejes cívicos, con el objetivo de favorecer el comercio de proximidad y mantener la cohesión social en los barrios.

Asimismo, el pacto contempla la creación de una mesa técnica contra el intrusismo en el alojamiento turístico, que reunirá a representantes del sector para coordinar acciones contra la competencia desleal y la economía sumergida. En paralelo, el Patronato de Turismo publicará un registro público de apartamentos legales, con el fin de garantizar la transparencia y ofrecer información fiable a los usuarios. Otro de los compromisos destacados del acuerdo es la presentación de un estudio y una propuesta de modificación del PGOU, que deberá tramitarse antes de que finalice la moratoria en 2027.

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