El Gobierno multa a activistas que intentaron frenar el desahucio de una pareja vulnerable en Alicante
La Subdelegación propone sanciones de 600 euros por “obstaculizar” la ejecución mientras el Sindicat de Vivenda de Carolines y EU-Podemos denuncian represión y falta de alternativas
Héctor Fuentes
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La Subdelegación del Gobierno ha empezado a notificar multas de 601 euros a personas que participaron el pasado 10 de abril en la protesta convocada en Juan XXIII para tratar de frenar el desahucio de una pareja en situación de vulnerabilidad. Las sanciones se basan en un informe de la Policía Nacional que atribuye a los activistas haber impedido el acceso al portal donde la comisión judicial debía ejecutar el lanzamiento. El Sindicat de Vivenda de Carolines, organizador de aquella concentración, denuncia una “campaña de criminalización” contra el movimiento por la vivienda en Alicante, mientras que Esquerra Unida-Podemos reclama el archivo inmediato de los expedientes.
Según el acuerdo sancionador, los agentes acudieron al pasaje de San Juan de la Cruz tras ser reclamados por la comisión judicial, que solicitó apoyo al encontrarse a un grupo de unas veinte personas sentadas ante la entrada del edificio. La Subdelegación sostiene que ese bloqueo, aunque fuera pacífico, “impidió o dificultó” la ejecución del lanzamiento ordenado por el Juzgado de Primera Instancia número 9, un comportamiento que la Ley de Seguridad Ciudadana tipifica como infracción grave. Las propuestas de sanción ascienden a 601 euros, la cuantía mínima prevista en ese apartado.
El Sindicat de Vivenda de Carolines rechaza el argumento y afirma que su intervención respondió a la “situación de vulnerabilidad acreditada” de la pareja, que vivía en régimen de alquiler y acumulaba meses de impago en un piso propiedad de una arrendadora residente en el extranjero. Según su versión, habían intentado negociar sin éxito una alternativa y habían remitido al juzgado un informe de vulnerabilidad que no obtuvo respuesta. La entidad sostiene que los activistas ejercieron resistencia pasiva y denuncia que el Ayuntamiento “sigue sin ofrecer soluciones habitacionales dignas”.
Desahucio en el barrio Juan XXIII de Alicante / HÉCTOR FUENTES
EU-Podemos reprocha a la Subdelegación, dependiente del Gobierno central, que recurra a la Ley de Seguridad Ciudadana para sancionar a quienes “simplemente estaban acompañando a una familia vulnerable”. Su portavoz municipal, Manolo Copé, considera “incomprensible que la solidaridad se pague con 601 euros” y critica que “gobierne quien gobierne, la respuesta institucional sigue siendo injusta”. La coalición reclama el archivo de las multas y urge a derogar una normativa que, a su juicio, “castiga la protesta pacífica y la pobreza”.
En Juan XXIII
El episodio sancionado se produjo en una mañana especialmente tensa en Juan XXIII. A la llamada del Sindicat acudieron unas veinte personas, que se sentaron ante el portal mientras los agentes trataban de abrir paso a la comitiva judicial. La intervención se retrasó más de una hora y la mujer desahuciada llegó a sufrir una crisis nerviosa. La pareja fue finalmente desalojada y acogida durante siete días en un recurso municipal a la espera de alternativas. Desde la entidad vecinal sostienen que la inquilina padecía problemas de salud mental y movilidad y que su pareja se encontraba en paro y actuaba como cuidador, lo que dificultaba asumir el aumento del precio del alquiler.
"Es incomprensible que la solidaridad ante un desahucio se pague con una multa de 601 euros"
Los activistas destacan además el despliegue policial realizado, entre 15 y 20 agentes, según su recuento, y reclaman al Ayuntamiento que publique los costes asociados al operativo. “Esto confirma que la lucha sindical funciona y molesta al gobierno de Barcala”, señalan en un comunicado, en el que llaman a la ciudadanía a unirse al movimiento por la vivienda para “seguir evitando desahucios de clase trabajadora”.
Las personas sancionadas disponen ahora de quince días hábiles para presentar alegaciones ante la Subdelegación o acogerse al pago voluntario con reducción del 50 %, un trámite que cerraría el procedimiento por la vía abreviada. Por su parte, los colectivos vecinales anuncian que activarán sus mecanismos jurídicos y de apoyo mutuo para recurrir las sanciones y advierten de que continuarán movilizándose en próximos desahucios.
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