Justicia mantiene la implantación de los tribunales de instancia en Alicante pese a las dudas

A pesar de las peticiones de moratoria y las denuncias de caos organizativo, tanto el Ministerio como la Conselleria de Justicia mantienen la hoja de ruta y no contemplan ningún retraso para la implantación de los Tribunales de Instancia tanto en la Comunidad Valenciana como en la provincia de Alicante. Queda poco más de un mes para que se culmine la implantación del nuevo modelo, que pondrá fin a los juzgados tradicionales. Estos serán sustituirlos por otro más moderno y adaptado a las necesidades actuales, pero todavía persisten muchas dudas sobre cómo se va a llevar a la práctica. A partir del 31 de diciembre, los tribunales de instancia llegarán a los últimos diez partidos judiciales de la Comunidad donde faltan por implantar y que en la provincia de Alicante son Alicante, Benidorm, Elche, Orihuela, Torrevieja y Villena. En el resto de territorios se ha ido implantando de manera progresiva a lo largo del año, pero las fuentes judiciales consultadas por este diario señalaron que de momento esta reforma solo ha supuesto un mero cambio de nombre de los juzgados y las oficinas siguen funcionando como hasta ahora.

La llegada de los Tribunales de Instancia es consecuencia de la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia que apuesta por un nuevo modelo que entierra el sistema organizativo rígido de oficinas judiciales y plantillas orgánicas para sustituirlo por una nueva oficina que apuesta por integrar a todos los funcionarios en grandes departamentos que prestarán servicios comunes. La Generalitat calcula en 50 millones el impacto económico de aplicar esta reforma. La consellera de Justicia Nuria Martínez celebró el lunes en València una reunión con los principales operadores jurídicos para evaluar el estado de implantación de la Ley. En estos momentos ya se han nombrado a los Letrados de la Administración de Justicia que se van a encargar de desarrollar los protocolos de trabajo y ya están aprobadas la Relación de Puestos de Trabajo a fin de empezar a organizarse. Durante la reunión, la consellera aseguró que la Comunidad está "preparada para asumir el nuevo modelo”.

Denuncia de UGT

No hay tanto optimismo entre los operadores jurídicos, que ven cómo se va acercando la fecha límite y todavía hay muchas dudas sobre cómo se va a funcionar cuando entre en vigor la nueva oficina. Por lo pronto, el sindicato UGT ha presentado una denuncia en la Inspección de Trabajo exigiendo suspender la implantación de la reforma alegando vulneraciones a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Según UGT, la transformación organizativa se está llevando a cabo de manera "opaca, improvisada y sin garantías preventivas". En este sentido recordaron que, con la llegada de los Tribunales de Instancia a Dénia en octubre no se publicaron los protocolos de esta fase, ni la actualización de los existentes.

El delegado de Justicia del sindicato Juan Pedro Pelegrín ha denunciado que, pese a que la reforma se conocía desde principios de año, no se ha trabajado en ella hasta las últimas semanas, lo que considera una improvisación que pone en riesgo el funcionamiento de los órganos judiciales. El sindicato critica que se haya consumido prácticamente todo el año sin avanzar en la implantación y que ahora se intente “rematar a contrarreloj” un proceso que requiere coordinación, formación y adecuación de espacios. “No se puede pedir a los funcionarios que reinventen su forma de trabajar de un día para otro”, lamenta. UGT pide suspender la aplicación de la reforma hasta que se haga una correcta evaluación de los riesgos, ya que todo apunta a que los principales problemas que se plantean son sobrecargas imprevistas; redistribución opaca de funciones; órdenes verbales contradictorias; falta total de protocolos divulgados; ausencia de participación sindical y aumento de riesgos psicosociales.

En los últimos meses otros colectivos, como los letrados de la Administración de Justicia, han pedido paralizar la ley. Uno de los aspectos que más recelos genero es el de tratar de sacar adelante la reforma a coste cero, es decir, con los mismos medios con los que cuentan.

Los problemas de Benalúa

Alicante se ha convertido en uno de los puntos más conflictivos. El edificio del Palacio de Justicia de Benalúa no reúne las condiciones para el modelo de grandes oficinas judiciales que establece la ley, basado en espacios amplios y equipos transversales de funcionarios. La realidad arquitectónica es otra, algo que obligará a que los empleados continúen distribuidos en las mismas oficinas de sus juzgados, un esquema incompatible con el funcionamiento óptimo de la nueva estructura. La situación no se normalizará hasta la construcción de la Ciudad de la Justicia, prevista para 2027, que será un edificio totalmente adaptado a la ley.

En estos momentos, en el Palacio de Justicia de Alicante uno de los aspectos que se están estudiando es dónde habilitar un espacio para las oficinas del juzgado de guardia para malos tratos, que comenzarán a implantarse con motivo de la creación de una cuarta plaza de magistrado a finales de este año, coincidiendo con la llegada de los Tribunales de Instancia.

A la incertidumbre logística se suma la de la Fiscalía. Los fiscales aún desconocen qué órganos tendrán asignados cuando los actuales juzgados desaparezcan y den paso a los tribunales de instancia. Desde el Ministerio Público se mantiene la espera para conocer el reparto de funcionarios que hará Justicia, a fin de poder aplicar criterios homogéneos en la asignación de fiscales y garantizar un reparto equilibrado del trabajo.

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