Una organización cristiana destinará su fondo solidario a pagar las multas a activistas por el desahucio de Juan XXIII

La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) ha decidido activar su Fondo de Solidaridad Diocesano para ayudar a pagar las multas de 601 euros impuestas a las personas que participaron el pasado 10 de abril en la protesta para tratar de frenar el desahucio de una pareja vulnerable en Juan XXIII.

La organización cristiana anuncia una aportación “de algo más de dos mil euros” para cubrir parte de estas sanciones, que considera “incomprensibles” y “contrarias al cuidado de la dignidad humana”. La decisión supone el primer apoyo económico explícito de una entidad religiosa a las personas multadas en este caso, que ha generado una fuerte contestación en el movimiento vecinal y en los colectivos por la vivienda.

El gesto de la HOAC llega en un momento clave, cuando la propia Subdelegación del Gobierno admite que está estudiando la continuidad del procedimiento sancionador. “Se está valorando, estamos viendo el tema”, señalan fuentes oficiales, que subrayan que se trata de “actos reglados” y que “se hará lo que jurídicamente se establezca”. Según confirman, el secretario general de la Subdelegación mantendrá “reuniones la próxima semana” para analizar la situación, lo que abre la puerta a un posible replanteamiento de las sanciones.

Fondo solidario

La HOAC explica que su decisión responde a una convicción ética: acompañar a una familia en riesgo de perder su vivienda “nunca debería ser motivo de multa”. En su comunicado, insiste en que lo que ocurrió aquel día “no fue un acto violento ni una alteración del orden público”, sino “un gesto humano, de cuidado y de defensa de una familia que estaba a punto de perder su hogar”. La aportación del Fondo de Solidaridad Diocesano, creado, entre otros objetivos, para apoyar luchas laborales y sociales y fortalecer organizaciones de trabajadores, se destinará íntegramente a aliviar la carga económica de las personas sancionadas.

Desahucio en el barrio Juan XXIII de Alicante

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La organización denuncia que la actuación de la Subdelegación “llama profundamente la atención” y critica abiertamente que se haya recurrido a la Ley de Seguridad Ciudadana para sancionar a quienes “sencillamente acompañaban a una familia en riesgo de desahucio”. Para la HOAC, la solidaridad no puede ser tratada “como una amenaza” y menos aún castigada “con sanciones administrativas que solo agravan el sufrimiento y criminalizan la ayuda mutua”.

Procedimiento abierto

Las multas derivan del informe de la Policía Nacional, que identificó a las personas que, sentadas ante el portal del pasaje de San Juan de la Cruz, dificultaron el acceso de la comisión judicial encargada del lanzamiento. La Subdelegación sostiene que ese bloqueo, aunque pacífico, “impidió o dificultó” la ejecución del desahucio ordenado por el Juzgado de Primera Instancia número 9.

Los colectivos vecinales y sociales consideran desproporcionado el uso de la Ley de Seguridad Ciudadana en este caso. El Sindicat de Vivenda de Carolines ha denunciado una “campaña de criminalización” del movimiento por la vivienda y destaca que el desahucio afectaba a una pareja en situación de vulnerabilidad, con una inquilina que padecía problemas de salud mental y movilidad y una pareja desempleada que actuaba como cuidador.

Reacción política

EU-Podemos ya reclamó el archivo de las sanciones al conocer las primeras notificaciones, alertando de que “la solidaridad se paga con 601 euros”. Su portavoz municipal, Manolo Copé, calificó de “incomprensible que se sancione a quienes acompañaban a una familia vulnerable” y urgió a derogar una normativa que, a su juicio, “castiga la protesta pacífica y la pobreza”.

El episodio se desarrolló en una mañana especialmente tensa, con entre 15 y 20 agentes desplegados, según los activistas, y una intervención que se prolongó durante más de una hora. La mujer desahuciada llegó a sufrir una crisis nerviosa y la pareja fue finalmente acogida durante siete días en un recurso municipal.

Decisión final

Las personas sancionadas disponen de quince días hábiles para presentar alegaciones o acogerse al pago voluntario con reducción del 50 %. En paralelo, la puerta queda abierta a un giro en el procedimiento. La Subdelegación reconoce que “se está estudiando todo” y que la próxima semana se mantendrán reuniones para analizar posibles vías.

Mientras tanto, la HOAC se ha convertido en el primer agente institucional que interviene de forma directa. “La solidaridad nunca debería ser motivo de multa”, concluye la organización, que reafirma que seguirá trabajando para que “ninguna familia vuelva a enfrentarse sola a un desahucio”.

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