Los trabajadores sociales de Alicante exigen seguridad ante el aumento de agresiones

Los trabajadores sociales de Alicante llevan meses exigiendo a la Concejalía de Bienestar Social que les garantice su seguridad personal en el puesto de trabajo. El reclamo nace por los casos de amenazas y agresiones físicas dentro de los propios centros de atención que se han ido acumulando recientemente.

Los profesionales del Servicio de Prevención e Intervención Familiar son los que más acusan esta problemática. Aseguran que su rol no es nada sencillo, pues trabajan día a día con familias vulnerables, ofreciéndoles planes de intervención y recursos para salir adelante. Sin embargo, hay casos en los que procede la retirada de los menores.

En muchas ocasiones, los padres responsabilizan directamente a los trabajadores sociales de haber sido separados de sus hijos, por lo cual no son pocas las ocasiones en las que, en estado de desesperación, estos usuarios acuden a las oficinas de servicios sociales a proferir amenazas e incluso agredir físicamente.

En el centro social Isla de Cuba se han producido en los últimos meses intimidaciones e incluso ataques físicos. «Los usuarios llegan y entran directamente al despacho porque no hay nadie en la puerta», relata un profesional que ha preferido no revelar su nombre.

Incidencia en bajas laborales

El reclamo, por tanto, es que haya policías locales o, en su caso, guardias de seguridad que custodien los cinco centros sociales de la ciudad. De esta reivindicación se ha hecho eco el Sindicato de Empleados Públicos de la Comunidad Valenciana (SEP-CV), donde lamentan que «el estrés psicológico que llevan encima estos trabajadores es muy grande, las bajas son frecuentes y muchas se deben al miedo».

«Nosotros lo hemos denunciado, hemos pedido que se pusiera un policía. El Ayuntamiento dice que no van a poner un policía en cada centro social, así que planteamos que se contrate un servicio de vigilancia privada como lo hubo hace muchos años», explica el secretario de organización del SEP-CV, Juan Carretero.

Actualmente hay dos agentes policiales asignados a la Concejalía de Bienestar Social para acompañar aquellas visitas que los trabajadores sociales realizan en hogares de potencial peligrosidad. Evidentemente, estos dos policías no consiguen dar seguridad a todos los equipos de los servicios sociales municipales, donde muchos profesionales sienten una absoluta desprotección.

Solo dos policías están asignados a la concejalía para acompañar las visitas a domicilios

Una de las soluciones que ofrece la concejalía es el uso de un botón del pánico, que Carretero considera insuficiente, pues no disuade previamente al agresor de sus intenciones. La otra es un cambio de departamento, propuesta que los trabajadores rechazan al entender que «no es una solución porque ya te podría haber pasado algo cuando vas a pedir el cambio».

La solución, opina este profesional, «es que pongan o bien policía o bien seguridad privada, que la ponen en todos los sitios. Las hay en los supermercados, las hay en los centros comerciales, las hay en todos los centros de salud». El único detalle está en que hay que pagarla.

Sin respuesta al reclamo

Este diario ha consultado al Ayuntamiento cómo piensa abordar esta obligación con los trabajadores, sin obtener respuesta alguna al respecto. Trabajadores y sindicato tampoco han recibido una respuesta afirmativa a sus peticiones.

«Hasta que no pase algo gordo no harán nada», se lamenta un trabajador que ha sido víctima de una agresión verbal, y además denuncia que también se producen «amenazas por las redes sociales, con nombres y apellidos», algo a lo que Carretero añade que «ya les han pinchado una de las ruedas de un coche» a trabajadores sociales.

No obstante, no todos los centros padecen la misma urgencia, tal como reconoce Carretero y otros profesionales del servicio consultados por este diario. El área más conflictiva es la de menores y, además, Carretero señala que las agresiones van en aumento.

En el vecino municipio de San Vicente del Raspeig se contrató en 2023 un servicio de seguridad privada para las dependencias municipales, incluido el centro social. En Alicante, recientemente Vox ha trasladado al PP un paquete de exigencias entre las que incluye la de vigilancia privada en instalaciones del Ayuntamiento. De la negociación venidera entre ambos partidos podría resolverse que el gobierno de Barcala finalmente conceda lo que, hasta ahora, ha negado a los trabajadores.

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