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Desahuciada una familia con dos hijos de 6 y 11 años en Alicante

Una decena de efectivos policiales ejecuta el lanzamiento este lunes en Ciudad de Asís sin resistencia por parte de los activistas concentrados, que han dialogado para intentar evitar el desenlace

Una familia con dos menores desahuciada a las puertas de Navidad en Alicante

Una familia con dos menores desahuciada a las puertas de Navidad en Alicante / Áxel Álvarez

Manuel Lillo

Manuel Lillo

Una familia con dos hijos de 6 y 11 años se ha visto obligada a abandonar este lunes la casa en la que residía desde 2021. El desalojo ha sido ejecutado tras la denuncia interpuesta por la entidad bancaria propietaria del inmueble, y la familia vivía en la casa en régimen de okupación y en situación de vulnerabilidad acreditada.

Alrededor de una decena de activistas del Sindicat de Barri de Carolines se han concentrado desde las 9:30 de la mañana, tal como la misma entidad había anunciado el día anterior, para intentar evitar el desalojo. Pese al diálogo con el secretario judicial y con los agentes de la Policía Nacional presentes para hacer efectivo el lanzamiento, impedirlo no ha sido posible y hacia las 10:45 la familia, con la ayuda de otros vecinos y familiares, han abandonado el hogar tras sacar sus pertenencias.

El piso se encuentra en el número 1 de la calle Guadalupe, en el barrio alicantino de Ciudad de Asís. Según fuentes de la defensa de los afectados, se trata de una familia “muy vulnerable y con dos menores que tienen problemas mentales”. “Pedimos la suspensión del procedimiento, pero la jueza se ha negado sin motivación alguna”, ha asegurado.

Otra de las cuestiones señaladas por la defensa es que en los escritos judiciales del lanzamiento “sólo figura la madre, sin notificar a los otros ocupantes”, hecho que entienden que “no es correcto”. A su vez, afirman que han solicitado vivienda social tanto al Patronato Municipal como a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), que depende de la Generalitat, aunque aún siguen “en lista de espera”.

Tamara, la madre de la familia afectada, explica que el aviso de la ejecución les llegó “hace un mes”. Ella, con sus hijos de 11 y 6 años, se irá a vivir con su madre, mientras que su pareja hará lo propio con sus padres, que viven en barrios cercanos al domicilio en el que hasta ahora han residido. Según la madre, la familia desalojada al completo no cabe en ninguna de estas casas, e incluso ella misma contempla dormir en el comedor de la casa de su madre.

La Policía y los manifestantes dialogan antes de la ejecución.

La Policía y los manifestantes dialogan antes de la ejecución. / Áxel Álvarez

Por otra parte, desde la familia afirman que cuentan con certificado de vulnerabilidad por motivos económicos y por los problemas mencionados de salud mental. “Mis hijos no van a entender esta situación”, dice la madre, que recuerda que no se negaban a negociar con la propiedad. “Siendo el piso de un banco, tendrían que darnos la oportunidad de no tener que pagar 800 euros al mes por un piso”, asegura la madre.

Desde el Sindicat de Barri de Carolines admiten que por ser un caso de okupación “es difícil establecer negociaciones con las partes” para evitar el desalojo, pero subrayan que “es una familia sin recursos, sin opción en la situación actual, están dispuestos a pagar un alquiler asequible que no existe en el mercado y el parque inmobiliario de los bancos, acumulado tras absorciones que se han hecho en parte con dinero público, debería de servir para dar solución a estos problemas”.

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