Urbanismo desmiente los alegatos de Baño y recalca que las obras de la Cámara de Comercio de Alicante son ilegales

Las obras que la Cámara de Comercio de Alicante ha realizado en parte de los antiguos cines del edificio Panoramis para adecuarlos a nueva sede no solo precisan licencia municipal por su envergadura, en vez de declaración responsable como sostiene el presidente de entidad de derecho público, Carlos Baño, sino que su legalización pasa necesariamente por eliminar la planta que se ha construido incumpliendo el Plan Especial del Puerto de Alicante (PEPA), que aún no se ha pronunciado sobre estos trabajos como paso previo y obligatorio a que lo haga el Ayuntamiento, al que Baño viene acusando reiteradamente de retrasar la luz verde a esta actuación.

Normativa en vigor

Con esta contundencia se manifiestan los Servicios Jurídicos de Urbanismo del Consistorio en un argumentado informe donde se deja claro, desmintiendo también lo manifestado por Baño, que la normativa urbanística que se ha aplicado a esta actuación se encuentre derogada. “El texto de la derogada ley de 5/2014 de 25 de julio, de Ordenación del Territorio Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana y el de la norma vigente, Decreto Legislativo 1/2021, es idéntico al haberse modificado la ley 2014 en 2019 y haber mantenido el Decreto Legislativo posterior la misma redacción”, precisan desde la jefatura de estos servicios.

Igual de claro es el informe en cuanto a la necesidad de licencia para acometer los trabajos que la Cámara ha llevado a cabo en Panoramis. Unas obras que la entidad paralizó el pasado abril días después de que este diario desvelara que carecían de permiso municipal y sobre las que Baño continúa insistiendo en que solo precisaban de una simple declaración responsable, lo que los juristas también desmienten categóricamente.

Licencia, no declaración responsable

Tras aclarar que en qué supuestos no basta con este tipo de declaración y es obligatoria la licencia, aseveran los Servicios Jurídicos de Urbanismo que en el caso concreto de la Cámara “las obras de ampliación implican un aumento del volumen o superficie construida, y modificaciones estructurales, y suponen una alteración de la configuración, afectando a su edificabilidad, que se incrementa, considerándose una modificación sustancial que siempre requiere de licencia”.

"Incremento sustancial de la superficie"

En el proyecto de la Cámara que se presentó, que se corresponde con lo ejecutado, “figura la construcción de una segunda planta no autorizada por el PEPA”, para lo que “se ha procedido a la demolición del forjado preexistente y a la construcción de un nuevo forjado, a distinta altura, generando un nuevo volumen de notable entidad, no autorizado en el planeamiento, con un incremento sustancial de superficie construida que implica una alteración estructural”, recoge el prolijo informe del que ha dado cuenta el Ayuntamiento en una nota informativa.

Polémicas obras de la nueva Cámara de Comercio

En cuanto a las normas, se reitera que los técnicos municipales del Servicio de Disciplina Urbanística “aplican la normativa vigente y así se actúa siempre de existir una modificación normativa en colisión con la ordenanza, lo que puede ocurrir, al margen de que esa ordenanza sea más o menos reciente, pues la reformas legales se producen de manera constante en una materia como es el urbanismo”.

El papel de la Autoridad Portuaria

En su informe, la jefatura del área municipal de Urbanismo también llama la atención sobre el hecho de que lo edificado para sede de la Cámara en el Puerto incumple la propia normativa urbanística del organismo que dirige Luis Rodríguez, “por lo que en ningún caso las obras podrían ser autorizadas bajo ningún título habilitante, ni licencia ni declaración responsable”.

El Plan Especial del Puerto fija para el sector donde se encuentra Panoramis tres parámetros. Uno es la limitación del número de plantas a planta baja más una. Los otros dos son edificabilidad y ocupación máximas permitidas.

El informe precisa que “las obras (de la Cámara) realizadas al margen de la concesión, por lo que la Autoridad Portuaria nos comunicó, han supuesto un aumento de la superficie construida y de la edificabilidad, y con ello ha superado la máxima autorizada por la normativa urbanística”.

Demoras

En cualquier caso, se precisa que “el Ayuntamiento no puede otorgar licencia de obra en suelo de dominio público portuario al margen de la otorgada por la Autoridad Portuaria y del proyecto autorizado por la misma al concesionario, Digital Corner, del que la Cámara es arrendataria, lo que no se ha producido hasta la fecha”. Con lo que las demoras de las que Baño viene acusando machaconamente al gobierno de Barcala solo serían atribuibles al Puerto.

Una vez que este organismo se pronuncie, precisan los servicios jurídicos, “y tal proyecto sea presentado ante el Ayuntamiento, lo que se encuentra en trámite en la actualidad a requerimiento municipal, y se verifique el cumplimiento de los parámetros urbanísticos del PEPA en el ámbito de la concesión, se podrá viabilizar la autorización a la Cámara de Comercio”.

"Restauración de lo construido ilegalmente"

Eso, precisan, siempre que se realicen “las actuaciones necesarias para ajustar el proyecto a la legalidad, con la consiguiente restauración de todo lo construido ilegalmente a fin de dar cumplimiento a las previsiones del PEPA, potestad irrenunciable y de obligado cumplimiento por el Ayuntamiento de Alicante por imperativo legal”.

En la nota difundida por el Ayuntamiento se incide en el estricto “cumplimiento de la legalidad urbanística vigente” en la “aplicación normativa realizada por los técnicos municipales” en lo relativo a las obras de la Cámara ante “las constantes afirmaciones y descalificaciones” del responsable de la misma que cuestionan el proceder de los técnicos en dicho expediente.

Desde los Servicios Jurídicos de Urbanismo se refieren a los continuos ataques de Baño en los que habla de “un error de interpretación por parte de los técnicos municipales y a la aplicación de una ordenanza municipal desfasada”, así como de que “la actuación municipal incurre en graves errores de apreciación jurídica”, lo que en el informe firmado por la jefatura del servicio se desmiente tajantemente.

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