Las 5 advertencias del interventor a Barcala: de los contratos caducados a la regla de gasto

La tramitación de los presupuestos municipales de Alicante para el 2026 se ha iniciado este miércoles, no sin las habituales advertencias del interventor. En su análisis del proyecto elaborado por el gobierno de Luis Barcala, el alto funcionario alerta de que podría volver a incumplirse la regla de gasto, insiste un año más en la falta de necesidad de recurrir a préstamos bancarios para financiar inversiones y señala cuestiones como la elevada tasa de personal interino, la demora en tramitar contratos vencidos que aún no se han renovado o desajustes en los importes previstos para determinadas subvenciones.

El análisis del interventor municipal, Francisco Guardiola, apunta que el borrador de presupuestos elaborado por el ejecutivo popular se le hizo llegar para su fiscalización el pasado 19 de noviembre. Desde entonces y hasta este miércoles, 3 de diciembre, el alto funcionario ha escudriñado las cuentas para verificar que cumplen con los principios de estabilidad presupuestaria previstos en la ley estatal. Pese a que el informe concluye de forma favorable, destacando el equilibrio de los capítulos de ingresos y gastos, sí realiza una serie de advertencias sobre el documento.

La principal: Alicante podría volver a incumplir la regla de gasto el próximo 2026. Este instrumento de disciplina presupuestaria limita el aumento del gasto público de los Ayuntamientos para garantizar su sostenibilidad y establece que el crecimiento de la inversión no debe superar la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto. Una normativa que el Consistorio ya incumplió el pasado 2024, excediendo en 27 millones el máximo permitido, y que (junto con otras polémicas) terminó costando el puesto al anterior concejal de Hacienda, Toni Gallego.

Como consecuencia de aquel incumplimiento, el gobierno local se vio obligado a aprobar un plan de ajuste para los ejercicios del 2025 y el 2026. Ahora, Guardiola indica que, "el gasto no financiero crece en 17,9 millones de euros" respecto a este año, por lo que "procede advertir de que la regla de gasto se podría incumplir también en 2026".

Contratos caducados y subvenciones con desajustes

También pone la lupa Intervención sobre dos grandes contratos del Ayuntamiento. En el apartado referido al gasto en servicios, Guardiola no pone objeción a las previsiones respecto al servicio de gestión y tratamiento de residuos, pero advierte de que se encuentra caducado desde el 31 de agosto sin que se haya iniciado el expediente para su adjudicación. Misma advertencia realiza el alto funcionario respecto al servicio de la grúa municipal, vencido el pasado 25 de enero y también sin renovar.

Además, advierte de que, en el caso de que los presupuestos se aprueben con la actual redacción, el equipo de gobierno se verá obligado en 2026 a reducir algunas subvenciones que se conceden anualmente o, en cambio, a incrementar mediante modificación de crédito las partidas correspondientes. Se trata de ayudas como las destinadas a "fiestas en barrios", "entidades de interés municipal", "comercio y hostelería", "organización de eventos" o "programas educativos", cuyas partidas asignadas son muy inferiores al gasto que se ha realizado en estos mismos conceptos en 2025, de lo que se desprende que su importe resultará insuficiente.

Préstamos e interinos

Un año más, el interventor cuestiona en su informe la fórmula empleada por el gobierno de Barcala para financiar parte de las inversiones, al no poder hacer uso del excedente presupuestario generado por la baja ejecución: los préstamos bancarios. En este sentido, el documento señala que "el Ayuntamiento no tienen una necesidad real de acudir al endeudamiento" puesto que cuenta con "suficientes fondos líquidos" para hacer frente a las necesidades económicas.

En cuanto a los gastos de personal, en el texto se aprecia que las plazas de funcionario ocupadas por personal interino representan un 14,97 % y las vacantes un 14,21 %. Con esos datos, y pese a que se ha reducido el porcentaje de interinos en un 5 % respecto al año anterior, el interventor aprecia que "esta distribución de recursos generará ineficiencia en las tareas administrativas" y explica la "debilidad" del Consistorio . Para resolverlo, cree que el Ayuntamiento debería continuar reduciendo esa tasa para situarse por debajo del 8 % que marca la Ley 20/2021 de reducción de la temporalidad en el empleo púbico.

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