Un camarero de La Marina a un cliente: "En valenciano no, por favor"

Las quejas por estudiar mayoritariamente en castellano, pese a haber votado por el valenciano porque no hay aulas suficientes; el intento del Ayuntamiento de Alicante de "desvalencianizar" la ciudad con el cambio de predominio lingüístico, la censura de autores catalanes en los libros de texto de los centros educativos o la reducción del personal y de materiales en la lengua vernácula en museos y archivos. El nuevo informe de vulneraciones de los derechos lingüísticos en el País Valencià realizado por Escola Valenciana y otras entidades ha recogido, en esta edición, hasta 153 denuncias públicas por discriminación que sufre la ciudadanía valenciano parlante en la Comunidad, pese a ser la lengua cooficial amparada por la ley. De ellas, una treintena están localizadas en la provincia de Alicante.

El extenso documento, entregado este jueves al Síndic de Greuges para que investigue las denuncias, pone el foco en las vulneraciones relacionadas con la Ley de Libertad Educativa del Consell, por la cual se puso en marcha una consulta de la lengua base en los colegios e institutos para que fueran los padres y, no los equipos docentes ni directivos, los que votaran si sus hijos tienen que estudiar preferentemente en una lengua u otra. Un polémico plebiscito, que Escola Valenciana y los sindicatos rechazan que haya respetado la elección de los progenitores.

En este sentido, el informe recoge la denuncia del sindicato STEPV por no respetarse la demanda de valenciano en las comarcas de predominio lingüístico castellano, como es la Vega Baja. Según un estudio elaborado por el sindicato, solo se han creado 40 unidades en valenciano, cuando tendrían que haber sido, como mínimo, el doble, de acuerdo con los resultados de las consultas a las familias.

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Así se desprende del informe que Escola Valenciana, Plataforma per la Llengua, Acció Cultural del País Valencià, ACV Tirant lo Blanc, CCOO PV, Intersindical Valenciana, FE CC OO PV, BEA, SEPC, STEPV, Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), Plataforma pel Dret a Decidir, Societat Coral el Micalet, Federació d’Instituts d’Estudis Comarcals, ACICOM, Unió de Cooperatives d’Ensenyament Valencianes (UCEV) y -NOS, colectivos que reivindican la normalización del valenciano para evitar avanzar hacia su desaparición.

Este año, la principal novedad que han detectado las entidades es que el ámbito educativo se convierte en el primer punto de conflicto, al representar más de un 30 % del total de vulneraciones recibidas, un incremento estrechamente vinculado a la "Ley Rovira" (Ley de Libertad Educativa), que, según han denunciado, ha generado graves problemas de garantía de derechos lingüísticos en este ámbito.

Más del 30 % de las quejas salen del ámbito educativo tras la consulta de la lengua base

Las quejas de Alicante

El informe menciona una treintena de quejas en la provincia. Como ejemplos, en la ciudad de Alicante advierten de que hay menos obras en valenciano en el Teatro Arniches, contenedores solo en castellano, poca presencia del valenciano en el Teatro Principal y la negativa de un médico del centro de salud de San Blas a que el paciente le hablara en valenciano. En la Marina Alta y Baixa, recogen quejas por mensajes de Sanidad con faltas o llamadas al 112 atendidas en castellano (ambos casos en Xàbia), señales solo en castellano en Benidorm, o la discriminación denunciada por una paciente en un hospital privado de La Vila por pedirle el ginecólogo a su hija que hablara en español. También constan quejas porque el Ayuntamiento de Elche responde en castellano, por la existencia de señales en la autovía de Elche que no están en valenciano, o comentarios “En valenciano no, por favor” al pedir un café, en la pedanía ilicitana de La Marina.

"En valenciano no, por favor", el comentario de un camarero al pedir un café en La Marina

Los autores del informe también han detectado un aumento de las vulneraciones en el sector privado. Este hecho puede ser indicativo de que las personas son cada vez más conscientes de sus posibilidades de denuncia y de la necesidad de defender sus derechos lingüísticos en todos los ámbitos, según sostienen las entidades.

A pesar de algunos cambios en las tendencias, alertan de que las instituciones públicas continúan siendo uno de los principales focos de vulneraciones. "El cambio de gobierno con el apoyo de PP y Vox parece haber contribuido a esta situación, con más incidencias documentadas en los últimos meses. La prevalencia de la lengua castellana en los servicios públicos y la dificultad de acceso a la información en valenciano son algunas de las problemáticas más destacadas", indican.

Además, Escola Valenciana advierte de algunos cambios de tendencia respecto a informes de años anteriores, como que las comarcas centrales están ahora en el punto de mira. Hasta ahora, las comarcas del sur eran las que presentaban más vulneraciones. Esto pone de manifiesto, según la entidad, que el alcance de la problemática se ha extendido.

Un trabajo conjunto

Las entidades recuerdan que el informe es "fruto de un trabajo conjunto y ampliado, que este año incorpora una mayor variedad de agentes sociales y culturales que aportan casos e información contrastada. El resultado es un diagnóstico detallado que permite identificar patrones de vulneración, zonas especialmente afectadas y administraciones que no garantizan los derechos lingüísticos".

Además, las organizaciones han aprovechado la presentación para reivindicar que la Generalitat recupere la Oficina de Derechos Lingüísticos, pero ahora con capacidad sancionadora, una demanda que ya figuraba en el informe de 2024 y que sigue pendiente.

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