El Ayuntamiento de Alicante asegura que solo dispondrá de 5,6 millones para inversiones "extra"
Después de que el Gobierno de España haya permitido a las administraciones locales el uso del superávit para proyectos, el ejecutivo municipal del PP tacha el anuncio de "humo", mientras el PSOE sostiene que la cifra real supera los 50 y pide a Barcala que aclare las cuentas

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Nuevo choque entre el PP y el PSOE en el Ayuntamiento de Alicante, ahora por el presupuesto disponible para nuevos proyectos. Después de que el Gobierno de España haya autorizado a las administraciones locales a hacer uso del superávit de 2024 para sufragar inversiones, los populares lamentan que finalmente solo dispondrán de 5,6 millones de euros para ello. Por su parte, los socialistas sostienen que la cifra real está por encima de los 50 millones y reclaman al alcalde, Luis Barcala, que aclare las cuentas.
Esta misma semana, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley por el que se levantaba el "bloqueo" del uso de remanentes, permitiendo a los gobiernos locales y autonómicos disponer del dinero "sobrante" del ejercicio 2024 para destinarlo a inversiones financieramente sostenibles, que son aquellas que no generan gasto extra ni comprometen partidas del presupuesto siguiente: principalmente, obras públicas y proyectos. En un primer momento, desde el Ayuntamiento de Alicante señalaron que la medida llegaba "dos años tarde" y, a través de la concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, se mostraron recelosos ante el anuncio: "Habrá que estudiar la letra pequeña", advertían. A su vez, fuentes oficiales de Hacienda señalaban a INFORMACIÓN que "el remanente de 2024 asciende a 155.575.675,98 euros".
"Lo que ha generado el Gobierno no es más que humo en el que se ha perdido la oposición"
Un día más tarde, el ejecutivo popular ha concretado las cifras, rebajando las esperanzas inversoras y ha asegurado que el decreto "obliga a utilizar la cantidad menor entre superávit y remanente de tesorería", lo cual "condena a Alicante a poder usar únicamente poco más de cinco millones, que deben ir destinados en primer lugar al pago a proveedores y amortización de deuda". En este sentido, los populares aseguran que el dato verdaderamente ligado a este Real Decreto-ley es de la "capacidad de financiación", por lo que el sobrante total del presupuesto del 2024 fue de 5,6 millones. Por ello, el gobierno de Barcala critica que la medida solo ha servido para generar un "humo" en el que "se ha perdido la oposición".
"Que lo expliquen, si tan claro lo tienen"
Sin embargo, desde el PSOE difieren en las cuentas. Los socialistas recuerdan, en primer lugar, que el dato de los 155 millones de remanentes partió del propio ejecutivo popular y no de los grupos de la oposición, acusando a Beldjilali de "desdecirse en falacias" y afirmando que "en seis meses está demostrando incluso más incompetencia que su antecesor", Toni Gallego, que dimitió este mismo año por la polémica acumulada en torno a su gestión. Además, el grupo de la oposición se apoya en el informe del Interventor sobre la ejecución presupuestaria. Este documento (el mismo en el que se respaldan desde el PP para defender que la cantidad disponible es de 5,6 millones) contempla que "el resultado presupuestario ajustado pone de manifiesto, al final del ejercicio, un superávit de 54.743.965,59 euros".
"¿Dónde está el resto del dinero? Si tan claro lo tienen, que lo expliquen"
"Si el informe del interventor cifra el superávit de 2024 en 54 millones, tal y como se certificó en febrero de este año, el alcalde tendrá que explicar por qué quedan solo 5 millones para inversiones", ha señalado la portavoz socialista, Ana Barceló. La edil del PSOE se pregunta "dónde está el resto del dinero" e invita a los populares a que "lo expliquen, si tan claro lo tienen". "Le corresponde al gobierno de Barcala aclarar cuanto antes esta situación y decir qué ha hecho con el dinero de todos los alicantinos", ha zanjado.
Beldjilali, por su parte, ha rechazado las críticas del PSOE y ha vuelto a cargar contra Barceló, tras el cruce de acusaciones protagonizado por ambas hace escasos días: "No sabemos si dan ganas de reírse o de llorar cuando alguien escucha las declaraciones indocumentadas de la portavoz socialista, Ana Barceló, pero ella sabrá o no", le ha espetado la popular.
"Favorecer la actividad inversora"
Este debate de cifras surge después de que el pasado martes el Consejo de Ministros aprobase un Real Decreto-ley por el que se permitirá a las comunidades autónomas y entidades locales poder emplear el superávit obtenido en sus cuentas durante 2024 para destinarlo a Inversiones Financieramente Sostenibles en 2025, 2026 y 2027. Con este Real Decreto-ley "se pretende favorecer la actividad inversora de ambas administraciones, aprovechando que la situación financiera de muchos de estos territorios les ha permitido generar superávit y remanentes de tesorería en estos últimos años", según el Gobierno central.
De esta forma, los recursos generados en 2024, tanto en el caso de las comunidades como de los ayuntamientos se podrán destinar a las llamadas Inversiones Financieramente Sostenibles, "que contribuirán al desarrollo de importantes proyectos de interés público. Todo ello sin que compute en la regla de gasto de 2025, 2026 y 2027".
Tras conocerse esa medida, expertos consultados por INFORMACIÓN celebraron que la herramienta pone fin a una situación de "bloqueo absurdo" que estaba provocando que los ayuntamientos "acumulasen dinero en los bancos sin sentido". Aunque, eso sí, con determinados matices. En cualquier caso, coinciden en que para limitar esos "ahorros indeseados" también es fundamental aumentar las cifras habituales de cumplimiento presupuestario. "A mayor ejecución, mayor éxito de los presupuestos municipales", indican.
Por todo ello, consideran fundamental que las inversiones sufragadas mediante remanentes sean financieramente sostenibles, para que no afecten al balance presupuestario de ejercicios posteriores. De esta forma, sería posible continuar con el "crecimiento y desarrollo de las ciudades, al mismo tiempo que se respeta la estabilidad presupuestaria, que es "un consenso de toda Europa".
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