EU-Podemos lleva al Pleno el rechazo a las multas de Juan XXIII y pide a la Subdelegación que valore retirarlas
La coalición reclama una respuesta institucional “proporcional y justa” mientras el Gobierno sigue analizando, casi veinte días después, si mantiene las sanciones a la veintena de activistas implicados
Héctor Fuentes
La controversia por las multas impuestas a una veintena de activistas que intentaron frenar en abril el desahucio de una familia vulnerable en Juan XXIII ha vuelto este martes al primer plano político en Alicante. El grupo municipal EU-Podemos ha registrado una Declaración Institucional para que el Ayuntamiento se posicione públicamente contra unas sanciones que considera “injustas y desproporcionadas” y que, según la formación, castigan la solidaridad vecinal en un contexto de emergencia habitacional. La iniciativa llega cuando la Subdelegación del Gobierno continúa estudiando, casi veinte días después de las primeras alegaciones, si paraliza o mantiene los expedientes.
El texto presentado por EU-Podemos plantea que el Pleno exprese su rechazo a las sanciones por su “impacto social y humano”, inste a la Subdelegación a revisar los expedientes y valorar su retirada y reconozca públicamente la movilización comunitaria que desde abril acompaña a las personas afectadas. Para la coalición, el episodio del 10 de abril, cuando varias decenas de vecinos acompañaron a una familia con dos menores en riesgo de desahucio, no puede interpretarse como una infracción, sino como “un gesto de apoyo comunitario ante una emergencia habitacional”.
601 euros
El portavoz municipal, Manolo Copé, sostiene que las multas, 601 euros por persona por supuesta obstaculización, penalizan actuaciones pacíficas y desincentivan la participación ciudadana. “Cuando las instituciones fallan, la ciudad responde con solidaridad, cuidado y organización”, afirma en el comunicado, en el que pide una “solución justa que no castigue a quienes se ponen del lado de la justicia social”.
La Declaración Institucional se suma a las gestiones que la coalición ha impulsado en las últimas semanas, incluida la solicitud de una reunión urgente con la Subdelegación para pedir el archivo de los expedientes y conocer los criterios aplicados. Las personas sancionadas disponen hasta el 12 de diciembre para acogerse al pago voluntario con reducción del 50 % o presentar alegaciones. En paralelo, la propia Subdelegación continúa analizando las peticiones remitidas por organizaciones vecinales y colectivos sociales, sin haber comunicado aún una decisión definitiva.
Desahucio en el barrio Juan XXIII de Alicante / HÉCTOR FUENTES
El caso ya trascendió el ámbito local la semana pasada, cuando el diputado de Izquierda Unida en Sumar Nahuel González registró varias preguntas en el Congreso dirigidas al Gobierno central sobre la proporcionalidad de las sanciones y el uso de la Ley de Seguridad Ciudadana en protestas pacíficas. Las cuestiones, aún pendientes de respuesta, piden al Ejecutivo aclarar si ha solicitado información a la Subdelegación y si considera coherente sancionar actuaciones de acompañamiento vecinal en situaciones de vulnerabilidad extrema.
Desde abril, la red comunitaria articulada en torno al Sindicat de Barri de Carolines ha mantenido la movilización y ha impulsado una campaña de apoyo económico que ha permitido reunir 6.035,50 euros, una cuantía suficiente para cubrir la totalidad de las multas. En la recaudación han participado comunidades cristianas, entidades vecinales, colectivos culturales, organizaciones políticas y donantes individuales. Para las entidades implicadas, la respuesta evidencia “el rechazo social a unas sanciones que no se corresponden con la naturaleza pacífica de los hechos”.
Solidaridad
La coalición municipal insiste en que ninguna administración debe “perseguir el apoyo mutuo ni castigar la solidaridad” en actuaciones de acompañamiento a familias vulnerables y sostiene que sancionar estos gestos “debilita los vínculos comunitarios y erosiona la confianza vecinal en las instituciones”.
Con la Declaración Institucional ya registrada, el asunto entra ahora en una nueva fase política en el Ayuntamiento, donde se deberá decidir si se respalda, modifica o rechaza la iniciativa. Mientras tanto, la Subdelegación del Gobierno continúa evaluando las alegaciones y valorando si procede o no el archivo de las sanciones.
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