La seguridad privada en edificios públicos, un beneficio "a medias" según los sindicatos de Alicante

El Partido Popular y Vox han acordado en Alicante paliar la falta de agentes de Policía Local con seguridad privada. La medida, una nueva cesión del gobierno municipal a la ultraderecha de cara a las negociaciones para los presupuestos del 2026, pretende "liberar" a unos 36 efectivos dedicados a la vigilancia en dependencias municipales. Sin embargo, los sindicatos lo consideran un beneficio "a medias", que no debe desviar el rumbo del objetivo de ampliar la plantilla de forma definitiva, mientras piden una reunión con el concejal Julio Calero.

Desde el CSIF, Marian Molero señala que han solicitado información sobre el proceso de contratación puesto que desconocen "cómo se pretende llevar a cabo y los puntos que se van a cubrir". La delegada sindical cree que esta medida sería "inviable" en puntos donde se encuentren armeros y reclama "un catálogo detallado de los puntos de segunda actividad" para que quienes se encuentran en dichas dependencias "puedan optar a un puesto adaptado a sus condiciones", ya que buena parte de ellos supera los 55 años. Además, Molero incide en que ese documento se elabore "antes de llevar a cabo ningún movimiento", por lo que tanto el CSIF como el Fesep han reclamado al edil del área, Julio Calero, un encuentro informativo para conocer al detalle esta medida.

"No va a aportar más policías"

Por su parte, Roberto Selma, del SEP valora que el contrato de vigilancia privada "vendrá bien sobre todo para aumentar la seguridad en los centros sociales", pero que "no va a aportar más policías a la calle, ya que esos puestos en su mayoría están ocupados por agentes que se encuentran en 'segunda actividad' o ya no se encuentran en condiciones físicas para estar en la calle".

En la misma línea, UGT considera "positiva" una medida que "refuerza la seguridad ciudadana", pero advierte de que esta propuesta "no puede sustituir una correcta planificación de recursos humanos ni resolver el caos organizativo que el Ayuntamiento lleva años sin solucionar". Su delegado, David Bardisa, recuerda que la Policía Local de Alicante "arrastra una disminución continua de efectivos y una ausencia real de reposición", al mismo tiempo que manifiesta que "la seguridad pública es un servicio esencial que debe prestarse con personal funcionario, adecuadamente formado, planificado y dimensionado", pero "no mediante parches temporales".

Tampoco convence la iniciativa a CC OO, que a través de un comunicado ha expresado su "profunda preocupación y rechazo", ante la decisión del Ayuntamiento de Alicante de contratar seguridad privada para la vigilancia y custodia de edificios municipales. "Una función legalmente atribuida a la Policía Local según la Ley Orgánica 2/1986" y cuyo "deber de realizarla" recae sobre el cuerpo municipal. Por ello, el sindicato ha convocado una rueda de prensa este viernes, para trasladar su oposición al contrato acordado por el PP y Vox.

Otra cesión del PP a Vox

Este contrato, del que el ejecutivo municipal acaba de anunciar su licitación sin concretar importe, condiciones o duración, supone una cesión más del PP a Vox en las últimas semanas. El servicio se suma a más de una decena de medidas pactadas por ambas formaciones en los años 2024 y 2025 e impulsadas recientemente, cuyo cumplimiento es una exigencia "innegociable" para los ultras, si el ejecutivo de Barcala quiere poder contar con ellos para apoyar el presupuesto del 2026.

El acuerdo fue anunciado mediante un comunicado conjunto del PP y Vox, enviado desde el gabinete del Ayuntamiento, en el que el edil de Seguridad, Julio Calero, celebraba la medida pactada: "Queremos seguir acercando la Policía Local a los alicantinos y potenciar la presencia de nuestros agentes para reforzar la seguridad ciudadana en la vía pública", explicaba.

Por su parte, el portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, indicó que la idea nació de "la deriva que, en materia de seguridad, está tomando la ciudad", por lo que los ultras consideran que "hay que tener el máximo de agentes en puestos operativos de calle y dejar, como en otros tantos ayuntamientos e instituciones, la vigilancia de las instalaciones públicas a la seguridad privada".

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