Unidad política frente al presunto caso de acoso laboral en el Ayuntamiento de Alicante

La Corporación municipal respalda por unanimidad la decisión del gobierno local de apartar a un alto funcionario de Hacienda acusado de acoso laboral y trasladar el caso a la Fiscalía. Todas las formaciones políticas (PP, PSOE, Vox, Compromís y EU-Podemos) han apoyado este jueves, en la Comisión de Presidencia, el expediente que el ejecutivo local pretende elevar al Pleno, que se reunirá el próximo 18 de diciembre, para que la Justicia investigue "hechos que pueden ser constitutivos de infracción penal" y para, a su vez, adoptar como medida cautelar la "suspensión provisional" del empleado investigado.

El conflicto se inició hace año y medio, de acuerdo con la resolución firmada el pasado martes por el vicealcalde y concejal de Recursos Humanos, Manuel Villar, tal y como avanzó INFORMACIÓN. Hasta ocho funcionarios de Tesorería presentaron ante el Servicio de Prevención una denuncia "por posible acoso en el ámbito laboral", cometido por un funcionario de alto rango. A raíz de la alerta, se abrió un expediente de información reservada y se realizaron las diligencias de investigación correspondientes: "Los distintos escritos contenían información que exigía una inmediata actuación por las graves afirmaciones" y, en un caso concreto, "porque podría tratarse de un supuesto de acoso", indica el expediente.

Siguiendo el protocolo de actuación contra el acoso laboral del Ayuntamiento de Alicante, los ocho trabajadores municipales que habían presentado denuncia fueron llamados a declarar, además del funcionario denunciado. Tras ello, según un informe de agosto de 2024, el Servicio de Prevención concluyó que había que diferenciar dos ámbitos: uno que afectaba al caso de siete funcionarios y otro vinculado con un caso particular.

"Responsabilidad penal"

Tras esas diligencias de investigación, se puso el foco en el caso concreto de un jefe intermedio en el Servicio de Tesorería. De acuerdo con el informe, una vez oídas las declaraciones se dieron por "verificados" hechos como que el denunciado "impide que los trabajadores del Servicio de Tesorería hablen" con la presunta víctima, "limitando su comunicación" y la "desacreditación" del denunciante al afirmar el denunciado que "todo lo que dice está mal". Del mismo modo, el documento apunta que se verificaron "ataques verbales criticando los trabajos realizados", que "se ignora la presencia" del denunciante, contactando con él a través de terceros en un primer momento y que, tras advertirse "de que no tenía sentido dicho modelo al ocupar despachos contiguos, desapareció cualquier contacto, incluyendo por vía electrónica". Así, el informe del Servicio de Prevención de agosto de 2024 concluye que "no se habla nunca con la víctima, no se le deja que se dirija a uno y se prohíbe a sus compañeros hablar con él".

Menos de dos horas antes de que el concejal firmara elevar a Pleno la propuesta de acuerdo, una propuesta respaldada ahora por toda la Corporación, el jefe del Servicio Jurídico del Ayuntamiento firmó su informe, en el que "a la vista de las actuaciones practicadas" proponía "elevar petición razonada a la Dirección General de Administración Local de la Consellería de Administración Pública, junto al expediente tramitado, con objeto de que [...] se proceda a abrir expediente sancionador". Y, por otro lado, dado que "los hechos relatados pudieran dar lugar a la exigencia de responsabilidad penal", defendía que el Ayuntamiento debería "poner igualmente de manifiesto los hechos a la Fiscalía Provincial de Alicante, con el fin de que determinen si pueden ser constitutivos de delito y, en tal supuesto, remitir las actuaciones al juzgado de instrucción que por turno corresponda".

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