Alicante insta a la Cámara a demoler la planta “ilegalizable” de su nueva sede en Panoramis
Urbanismo concluye que la entidad que preside Carlos Baño debe derruir lo construido fuera de ordenación para obtener licencia de obra mayor

Obras nueva Cámara de Comercio / Héctor Fuentes
La Cámara de Comercio de Alicante tendrá que demoler la planta irregular de su nueva sede de Panoramis para obtener la licencia de obra mayor y, con ella, poder desbloquear la construcción del edificio. Los técnicos de Urbanismo concluyen que la segunda altura levantada por la entidad que preside Carlos Baño es "ilegalizable" y le instan a presentar un nuevo proyecto adecuado a la normativa vigente.
El Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Alicante ha emitido esta semana un oficio en el que traslada a la Cámara de Comercio las “medidas de restauración de la legalidad urbanística vulnerada” que debe adoptar para regularizar las obras ejecutadas en el Centro de Negocios Panoramis Life & Business, entre las que destaca “la aportación de un nuevo proyecto refundido que regularice la situación”. Un proyecto que “no incluya en ninguna parte de su contenido ejecución de ningún elemento constructivo respecto a la planta ilegalizable (segunda planta) y que sí incluya la ejecución de los preceptivos trabajos de demolición de lo ilegalmente construido”. Además, la tramitación de la licencia de obra mayor queda supeditada a la aprobación del proyecto de obra que abarque todo el ámbito de la concesión, presentado en noviembre por Digital Corner y que está siendo evaluado por los técnicos “a fin de ser informado y proseguir con la tramitación de la licencia de obras al mismo, así como con la posterior autorización de la actividad de oficinas”.
Demolición necesaria
En relación con las medidas que debe adoptar la propia Cámara de Comercio para obtener la licencia de obra mayor, Disciplina Urbanística le recuerda que, tal y como fue notificado en mayo y reiterado en agosto de 2025, “las obras solicitadas exceden del número máximo de plantas permitido en la zona", de tal modo que "se deberán adoptar las medidas de restauración de la legalidad infringida y aportar un nuevo proyecto refundido que regularice tal situación y elimine la nueva planta".
El 1 de agosto, la Cámara de Comercio presentó su última propuesta. Sin embargo, advierten los técnicos, "no constan, en la documentación hasta la fecha presentada, las medidas a adoptar al efecto de restaurar la legalidad infringida, ni consta en el proyecto presentado la parte relativa a la eliminación de todos los elementos constructivos de la segunda planta". Por tanto, para la obtención de la licencia "deberá presentarse proyecto refundido que no incluya en ninguna parte de su contenido ejecución de ningún elemento constructivo, tabiquerías, solados, revestimientos o instalaciones respecto a la planta ilegalizable" y que sí incluya, en cambio, "la ejecución de los preceptivos trabajos de demolición de lo ilegalmente construido".
La licencia de obra mayor queda supeditada a la aprobación del proyecto de obra que abarque todo el ámbito de la concesión
Por último, respecto a la posible tramitación del proyecto como declaración responsable, fórmula empleada por Baño en un primer momento, Disciplina Urbanística aclara que al margen de tratarse de unas obras "con afectación de elementos estructurales y alteración del volumen, con sustancial incremento de edificabilidad" y que, por lo tanto, "no quedaban amparadas" por dicha herramienta, "el incumplimiento de la normativa urbanística constatado dejaba ineficaz, en cualquier caso, tal declaración responsable".
Ahora, dada la restauración que se debe acometer, "se ha de mantener el expediente de obra mayor que se está tramitando". No obstante, apuntan los funcionarios municipales, “tal circunstancia no va a determinar una mayor demora en la tramitación por sí misma" aunque "sigue estando condicionada por la resolución de las cuestiones expuestas anteriormente”. Desde Disciplina Urbanística dejan claro que "la actuación del Ayuntamiento no ha sufrido demora alguna imputable al Servicio de Disciplina Urbanística, cuyos tiempos han estado y están condicionados por las actuaciones requeridas al concesionario" y concluyen ofreciendo su "entera disposición" para "solventar cualquier duda o cuestión" cuya aclaración precise la entidad que preside Carlos Baño, por el "deber de colaboración que ha de presidir la relación entre ambas instituciones".
"No existe proyecto de obras del concesionario"
En su informe, Urbanismo señala que, según comunicó la Autoridad Portuaria, "no existía proyecto de obras del concesionario Digital Corner, ni de ninguno de sus arrendatarios" que hubiera sido aportado por la mercantil, "como obligan, no solo los términos de la concesión portuaria, sino la normativa aplicable". En concreto, el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y la Ordenanza aplicable a las edificaciones realizadas por particulares en el interior del dominio público portuario, del Plan Especial del Puerto.
Un informe municipal deja claro que "la actuación del Ayuntamiento no ha sufrido demora alguna imputable al Servicio de Disciplina Urbanística
Igualmente, recuerda Disciplina Urbanística, que "el Ayuntamiento no puede otorgar licencia de obra en suelo de dominio público portuario al margen de la concesión otorgada por la Autoridad Portuaria y del proyecto autorizado por la misma al concesionario, Digital Corner, del que la Cámara de Comercio es arrendataria". Por este motivo, la viabilidad de las obras de la Cámara de Comercio "queda supeditada al cumplimiento de los parámetros urbanísticos del Plan Especial del Puerto en el ámbito de la concesión, y el otorgamiento de la licencia al concesionario, de la que carece". Tal proyecto y su autorización, explican los funcionarios del Consistorio, permiten conocer la edificabilidad y ocupación de todo el sector, “a fin de constatar si, al margen del incumplimiento del número máximo de plantas, parámetro urbanístico sobre el que habrá que restaurar la legalidad, las demás obras realizadas por todos los terceros arrendatarios cumplen o no la legalidad urbanística".
El concesionario fue requerido en agosto de 2025 para que presentara el preceptivo proyecto de obra que abarcara todo el ámbito de la concesión. Tras diversas reuniones técnicas, ha tenido entrada en el mes de noviembre el último proyecto presentado por Digital Corner, que está siendo analizado por los técnicos municipales a fin de ser informado y proseguir con la tramitación de la licencia de obras al mismo, así como con la posterior autorización de la actividad de oficinas, que constituye el amparo de la actividad individual de cada uno de sus arrendatarios.
Respecto a las obras ejecutadas por terceros incumpliendo la normativa urbanística, se deberá proceder restaurando la legalidad urbanística vulnerada, potestad irrenunciable y de obligado cumplimiento por el Ayuntamiento de Alicante por imperativo legal.
Antecedentes
El pasado mes de abril, INFORMACIÓN desveló que la nueva sede de la Cámara de Comercio de Alicante se estaba construyendo sin licencia. Un proyecto de más de tres millones para el que el Consell de Carlos Mazón, que conserva (en excedencia) su plaza como director gerente en la institución cameral, fijó una subvención a dedo de 1,5 millones.
Las obras para adecuar 4.800 metros cuadrados de los antiguos cines comenzaron en la primavera del año pasado y, a punto de finalizar, el Ayuntamiento requirió a la Autoridad Portuaria que certificara si los trabajos cumplen con los parámetros de edificación y volumen del Plan Especial del Puerto de Alicante (PEPA).
Tras un intercambio de comunicaciones entre Ayuntamiento, Puerto y Cámara, la entidad terminó paralizando voluntariamente las obras mientras se resolvía la situación. Finalmente, Urbanismo comunicó a la corporación que preside Carlos Baño que se había construido una planta "de más", aprovechando la altura de las antiguas salas de proyecciones, y que solo eliminando dicha estructura fuera de ordenación se puede "restituir la legalidad infringida" en las obras que viene realizando sin permiso municipal desde hace más de un año.
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