Justicia rechaza moratorias para los nuevos tribunales de instancia pero carga contra el Gobierno por la falta de medios

Sin demoras y sin medios. La cumbre entre el Ministerio de Justicia y los representantes de las comunidades autónomas para decidir sobre la inminente entrada en vigor de los tribunales de instancia se ha saldado con el compromiso de que todo continúe en los plazos previstos. Este era el objetivo de la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada este lunes en el Ministerio de Justicia en Madrid con la intervención por videoconferencia de los representantes de las comunidades autónomas. El próximo 31 de diciembre, los tribunales de instancia sustituirán a los juzgados tradicionales, aplicando un nuevo modelo organizativo que busca modernizar la Administración de Justicia. Se trata de una de las reformas estrella del ministerio de Félix Bolaños. Aunque la fecha del 31 de diciembre se mantiene, se dejará un margen de flexibilidad para suavizar su implantación en aquellos territorios con mayores dificultades y permitir que el despliegue se realice de forma progresiva hasta el mes de marzo.

Sobre el papel, las zonas de la provincia de Alicante donde tiene que llegar el nuevo modelo coinciden con los partidos judiciales de mayor tamaño: Alicante, Benidorm, Elche, Orihuela, Torrevieja y Villena. En el resto de la provincia, los tribunales de instancia se han ido implantando de forma escalonada a lo largo de este año. La fase que entra en vigor la próxima semana es la tercera y última prevista por la ley.

Una de las principales críticas al nuevo modelo es que, en la práctica, el cambio se está limitando a una mera nueva denominación de las oficinas judiciales y que el trabajo continúe desarrollándose de manera muy similar a la actual. Con la reforma desaparecen los juzgados unipersonales, que se reagrupan en secciones con todo el personal compartido, y se promete una nueva organización del trabajo más eficaz y acorde a la Justicia del siglo XXI. Sin embargo, a poco más de una semana de su entrada en vigor, persisten numerosas dudas. Entre ellas, qué ocurrirá con el personal destinado en juzgados ubicados en locales fuera del Palacio de Justicia, una solución que se adoptó en su día de manera provisional impuesta por la falta de espacio hasta que esté terminado el edificio de la Ciudad de la Justicia; así como la adaptación del programa de gestión procesal a la nueva estructura de los tribunales de instancia, aplicación informática de reciente creación y a la que el personal todavía se está adaptando con muchas dificultades.

La decisión de no aprobar una moratoria despeja también otra de las incógnitas que pesaban sobre las secciones especializadas en Violencia sobre la Mujer. La nueva ley amplía las competencias de estos juzgados, que no solo conocerán de los casos de violencia machista, sino también de delitos de violencia sexual, trata de seres humanos o mutilación genital femenina, exista o no relación de pareja entre agresor y víctima. Ante el malestar de los jueces por este incremento de competencias sin un refuerzo inicial de medios, el Gobierno aprobó nuevas plazas de magistrados de Violencia sobre la Mujer en Alicante y Benidorm. De haberse acordado una demora, estos refuerzos no habrían podido activarse, ya que su creación estaba condicionada a la puesta en marcha de los tribunales de instancia. En el caso de Alicante, la incorporación de un cuarto magistrado permitirá además establecer un servicio de guardia específico en esta jurisdicción.

Versiones contrapuestas

La implantación del nuevo modelo llega acompañada de dos versiones claramente enfrentadas. Frente al discurso de normalidad del Ministerio de Justicia, la Generalitat Valenciana denuncia una falta de medios y de coordinación y acusa al Gobierno central de impulsar reformas cuyo coste acaban asumiendo las comunidades autónomas, en un contexto marcado por la infrafinanciación y por el esfuerzo adicional derivado de la reconstrucción tras la riada. Pese a ello, el acuerdo para desplegar los tribunales de instancia en la fecha prevista fue adoptado por unanimidad en la Conferencia Sectorial.

El Ministerio de Justicia sostiene que la implantación llega con los medios necesarios y subraya que ha invertido más de 42 millones de euros en la Comunidad Valenciana, dentro de un esfuerzo global superior a los 325 millones en las comunidades con competencias transferidas. Según sus datos, el nuevo modelo ha permitido reducir un 34,6 % las notificaciones judiciales pendientes y un 27 % las ejecuciones de sentencias que estaban a la espera de ser admitidas a trámite, cifras que, a juicio del Gobierno, evidencian una mayor agilidad del sistema y una reducción de los atascos.

Por su parte, la consellera de Justicia de la Generalitat, Nuria Martínez, ha asegurado que “el Ministerio de Justicia estaba obligado a garantizar los recursos necesarios para poder implementar la ley con las debidas garantías y debería haber coordinado su implantación, algo que no ha hecho y que ha derivado en un sobreesfuerzo por parte de las autonomías que han cumplido con los plazos, como es el caso de la Comunidad Valenciana”. Martínez ha insistido en que la reforma ha supuesto “una reorganización sin precedentes de la estructura judicial” y ha defendido que la Generalitat ha trabajado “sin apoyo ni coordinación por parte del Gobierno de España” para que los tribunales de instancia estén operativos a partir del 1 de enero de 2026, tal y como exige la ley. Según sus cifras, la adaptación al nuevo modelo ha tenido para las arcas del ejecutivo autonómico un coste cercano a los 50 millones de euros.

Sobre la flexibilidad acordada para la aplicación de la norma, la consellera ha mostrado su sensibilidad hacia la postura de la judicatura y ha reconocido que en algunos partidos judiciales será necesario un margen de adaptación. “Somos sensibles a la situación de las Salas de Gobierno y de los Tribunales de Instancia y, en base a ello, admitimos flexibilidad en cuanto a la implantación en algunos partidos judiciales”, ha señalado. En las últimas semanas, distintos colectivos judiciales habían reclamado una moratoria ante el riesgo de un arranque caótico, una opción que finalmente fue descartada por la Mesa Sectorial, que decidió seguir adelante con el calendario previsto.

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