La ZBE cumple un año sin app móvil ni datos de contaminación en directo

La Zona de Bajas Emisiones de Alicante cumple esta semana su primer año, tras su aprobación a finales de 2024 y su entrada en vigor en enero de este año. Sin embargo, pese a ser una ordenanza municipal ya consolidada, todavía no ha puesto en marcha medidas que debería haber traído consigo, como una app móvil o información de contaminación en directo). Al mismo tiempo, el proyecto de comunicación de la norma, que se inició con la apertura de una serie de perfiles de redes sociales, ha sido abandonado por el Ayuntamiento: no se publica información al respecto desde el pasado mes de mayo.

De acuerdo con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, todos los municipios de más de 50.000 habitantes debían implementar una Zona de Bajas Emisiones antes del 1 de enero de 2023. Unas herramientas pensadas para mejorar la calidad del aire y mitigar el calentamiento global. Sin embargo, ninguno de los municipios que estaban llamados a aplicar una ZBE en la provincia de Alicante consiguieron hacerlo a tiempo. Tras ello, el Gobierno de España fue concediendo prórrogas sucesivas a las entidades locales, durante un total de dos años. Ya en 2024, el ministro Óscar Puente dijo basta: «Con los Ayuntamientos y las Zonas de Bajas Emisiones utilizaremos la técnica del palo y la zanahoria», apuntó. Se refería el socialista, principalmente, a las ayudas para el transporte público, que serían retiradas a las localidades que no tuviesen la ordenanza activa en enero de 2025. Tras ese ultimátum, el Ayuntamiento de Alicante tomó nota: «No queda otra, cumpliremos todas las exigencias que se nos pongan por delante», reconoció la entonces portavoz, Ana Poquet.

En el caso de la capital de la provincia, esta normativa fue, además, el motivo por el que en dicho ejercicio (año electoral) el gobierno de Luis Barcala no fue capaz de aprobar los presupuestos municipales, viéndose forzado a prorrogarlos. Los populares defendían un modelo con diferentes niveles de restricciones en función de la zona (un anillo en torno al Centro Tradicional y otro en la Gran Vía), incluyendo «listas negras» de vehículos contaminantes. Vox, en cambio, abogaba por diluir al máximo la normativa hasta el punto de que, en la práctica, no supusiera ningún cambio para la movilidad: sin aplicar nuevas limitaciones al tráfico ni incorporar sanciones adicionales. Finalmente, el ejecutivo municipal claudicó ante los intereses de los ultras, y pudo dar luz verde a las cuentas del 2024 gracias un pacto con los de Abascal cuyo principal punto fue esa ZBE «descafeinada», que no entraría en vigor hasta principios del año siguiente, al borde del «palo» de Óscar Puente.

El Ministerio de Transportes llegó a amenazar a los ayuntamientos con retirarles ayudas

Pese a vaciar por completo la normativa de contenido, fruto de su cesión a los ultras, el ejecutivo local ya había impulsado previamente el contrato para el suministro, instalación, integración, gestión, mantenimiento y asistencia técnica para la implementación de la ZBE, que salió a licitación por casi cinco millones de euros y terminó adjudicándose por 3,6 millones. De acuerdo con el pliego, el contrato contaba con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024, e incluía obligaciones más allá de la instalación de cámaras para la vigilancia en tiempo real del tráfico.

En concreto, se establecía la necesidad de crear una plataforma de gestión e información, accesible desde dispositivos móviles, para que los distintos usuarios públicos pudieran obtener información general de la ZBE, realizar solicitudes de permisos para el acceso. Además, también se anunció que los datos de calidad del aire recabados por los nuevos sensores se harían públicos tanto en dicha app como en una plataforma web municipal. Sin embargo, hasta la fecha, la única referencia al volumen de contaminación que otorga la ZBE es en las pantallas informativas instaladas en torno a la Gran Vía. En ellas, únicamente se incluye si la calidad del aire es «buena», así como unas barras que indican la cantidad de partículas nocivas, sin ningún tipo de leyenda que concrete el dato. Según el pliego, los conceptos «plataforma de gestión» y «desarrollo de software» suman casi 500.000 euros de presupuesto.

El pliego incluía la creación de una plataforma para los usuarios y un plan de comunicación

Además, el contrato incluía también un «plan de comunicación y atención ciudadana», por valor de licitación de 340.000 euros. En un primer momento, llegó a ponerse en marcha un perfil en redes sociales como Instagram y X (antes, Twitter) denominado «ZBE Alicante», cuyo objetivo era explicar al ciudadano las novedades y el funcionamiento de la nueva normativa. La cuenta, sin embargo, no alcanza ni una veintena de publicaciones entre el 13 de noviembre de 2024, cuando se lanzó el primer cartel, y el 28 de mayo, fecha del último «post». En ese periodo, diciembre y enero fueron los meses de mayor actividad, con cerca de media docena de publicaciones cada uno, sobre cuestiones como si la nueva ZBE incluía nuevas multas o limitaciones de tráfico.

Elementos del contrato para la implementación de la normativa de los que, un año después de la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones «fantasma», nada se sabe.

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