Sanidad licita por 17,6 millones el servicio para la prevención del suicidio en la Comunidad Valenciana

La Conselleria de Sanidad ha sacado a licitación el servicio para la prevención del suicidio y la atención de supervivientes y familiares de personas con intentos autolíticos previos, en todo el territorio de la Comunidad Valenciana, según publica la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El contrato, con un presupuesto de licitación de 17,6 millones, tiene un plazo de ejecución de cuatro años, aunque se podrá prorrogar uno más, y tiene por objeto la prestación de servicios en tres áreas: acciones para evitar conductas suicidas y mejorar el bienestar en pacientes con problemas de salud mental y alto riesgo de suicidio; acciones para evitar conductas suicidas y mejorar el bienestar en personas con intentos previos de suicidio; y seguimiento y atención a supervivientes o familiares de personas que han llevado a cabo un intento de suicidio.

Por ello, explica que se licita en un lote único porque el objeto es "único" y su ejecución correcta "no admite su fraccionamiento ya que las actuaciones contempladas se encuentran interrelacionadas".

El servicio se llevará a cabo principalmente desde un centro de atención para la prevención del suicidio (CAPS), que estará activo las 24 horas del día todo el año

Evolución negativa

Sanidad, en la justificación de la necesidad de la contratación del servicio, señala que la salud mental de la población de las provincias de Alicante, Valencia y Castellón ha registrado una evolución marcadamente "negativa" en los últimos años, según se refleja en la Encuesta de Salud de la Comunidad Valenciana 2022, y que el progresivo aumento en el riesgo de mala salud mental viene registrándose progresivamente desde el año 2005, llegando a duplicarse entre las mujeres y triplicarse entre los hombres en el año 2022.

En la actualidad, el 42,3% de las mujeres valencianas y el 39,7% de los hombres, presentan riesgo de mala salud mental. En el contexto nacional, la Comunidad Valenciana destaca por presentar la más alta prevalencia de trastornos mentales registrada en todo el país: Un 25,10% de la población presenta algún tipo de trastorno mental.

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Además, durante el año 2023 fueron atendidas 21.418 consultas por ideación o tentativa autolítica, en los distintos niveles asistenciales del sistema público de salud de la Comunidad Valenciana.

El servicio se llevará a cabo principalmente desde un centro de atención para la prevención del suicidio (CAPS), que estará activo las 24 horas del día, todos los días del año. Complementariamente a la actividad remota se desarrollará la actividad presencial, que será llevada a cabo en las propias instalaciones del servicio y, cuando fuera preciso para una mejor atención --por ejemplo pacientes ingresados en situación previa al alta--, en los centros sanitarios pertenecientes a la Conselleria de Sanidad indicados por la persona responsable del contrato.

Aplicaciones móviles

Para la prestación se utilizarán dispositivos y aplicaciones móviles de comunicación bidireccional, que permitirán a las personas que los utilicen ponerse en contacto manos libres de forma permanente con el CAPS, así como una plataforma de atención.

El contrato prevé una cobertura máxima simultánea de 4.000 pacientes de salud mental con alto riesgo de suicidio, 2.000 pacientes con intento previo de suicidio y 300 supervivientes o familiares de personas con intento previo. En todos los casos periodo de seguimiento se establece en 12 meses.

El sindicato CCOO critica "la privatización sistemática" de la atención en salud mental y reclama que se refuercen los recursos públicos

Por su parte, CCOO, en un comunicado, ha criticado "la privatización sistemática" de la atención en salud mental en la Comunidad Valenciana y ha exigido a la Conselleria que "abandone esta política" y "refuerce de manera urgente los recursos públicos, aproveche los espacios y equipos profesionales ya existentes y garantice que la atención prevista en el Plan se preste íntegramente desde la red pública". "La salud mental es un derecho fundamental que debe ser garantizado por un sistema sanitario público, universal y de calidad, no un nicho de negocio para empresas privadas", ha reivindicado.

Así, ha señalado que con la licitación de este servicio "una vez más, se prioriza el enriquecimiento del sector privado frente al fortalecimiento de un sistema público ya tensionado y con necesidades evidentes". "Estos 17 millones deberían servir para reforzar las plantillas y recursos de los servicios públicos de salud mental", ha apuntado.

Atención infantil y juvenil

Al respecto, ha apuntado que "se profundiza" en esta privatización después de que en junio confirmara que los hospitales de día para la atención mental infantil y juvenil no se integrarían en la red pública sanitaria y en su lugar optara por la licitación de 480 plazas.

Del mismo modo, ve "inaceptable" que se derive la atención de pacientes con trastornos de la personalidad o trastornos de la conducta alimentaria a entidades privadas patologías cuando "están catalogadas como enfermedades mentales graves, con un elevado riesgo de conductas autolesivas y suicidio, y requieren un abordaje especializado".

"Sanidad profundiza en el desmantelamiento progresivo de la red pública de salud mental, en una comunidad que presenta las mayores tasas de trastornos mentales del conjunto del Estado", ha apostillado el citado sindicato.

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