Educación
El acoso escolar se ceba con 200 alumnos de la provincia de Alicante en un año
Alicante duplica a Elche en el número de denuncias recibidas en la asociación contra el bullying
HÉCTOR FUENTES
El acoso escolar se cebó en 2025 con alrededor de 200 alumnos en la provincia de Alicante, un problema en alza año tras año convertido en la máxima preocupación de la comunidad educativa. La Conselleria de Educación quiere tratar de atajar este problema con un nuevo decreto de convivencia, que ha entrado en vigor esta semana, y que implica mayor mano dura contra los agresores. Sin embargo, expertos en Psicología y Didáctica insisten en que hace falta que los centros apliquen los protocolos de forma adecuada, que hagan una detección precoz y que fortalezcan la prevención en las aulas para evitar situaciones extremas que están disparando los intentos de suicidio, con mayor incidencia en el alumnado más vulnerable.
Según la Asociación Valenciana contra el Acoso Escolar (Avalcae), un total de 194 familias tocaron su puerta el pasado año para pedir asesoramiento, un 55 % más que el ejercicio anterior. De ellas, 67 fueron de Alicante; 32 de Elche; 29 de Torrevieja; 22 de Orihuela y el resto, de otros municipios alicantinos. En la mitad de los casos, las víctimas sufrieron ataques a través de internet, mientras que el acoso físico estuvo detrás del 26 % de las quejas y el psicológico fue el causante del otro 24% de los problemas que hicieron llegar las familias a este colectivo, formado por más de 60 voluntarios que son técnicos, psicólogos, abogados y víctimas. En la provincia de Valencia, la asociación contabilizó 216 casos y en la de Castellón, 88.
La mitad de las quejas registradas son por ciberacoso y un 26 % por maltrato físico
No todas las agresiones fueron denunciadas ante la Policía Nacional o la Fiscalía del Menor porque si los implicados son menores de 14 años son inimputables ante la justicia y acaba archivándose la causa. De ahí que la labor principal de este colectivo sea intermediar con el centro educativo y la Conselleria de Educación, así como prestar apoyo psicológico e impartir charlas preventivas en los colegios e institutos.
Frente al aumento de los casos, el coordinador general de Avalcae, Francisco Sorolla, apela a retrasar en Europa la edad a la que se le permite a un adolescente el uso del móvil, «un peligro potencial porque acceden a violencia y pornografía y después se meten con los demás».
El colectivo contra el maltrato escolar, especialmente, pone el foco en el daño que está haciendo el mal uso de la inteligencia artificial (IA) entre una parte del alumnado. El uso de herramientas para crear imágenes, vídeos o audios degradantes y falsos (deepfakes) ha aparecido por primera vez como una causa relevante de denuncia, según Avalcae, que también ha detectado que las agresiones físicas son más agresivas que el año anterior.
Respecto al perfil de la víctima, el colectivo asegura que la edad de mayor riesgo es de 10 a 12 años y que los motivos principales son por su aspecto físico, seguido de la orientación sexual y de las diferencias culturales.
El auge de conflictos en las aulas ha sido reconocido por la propia Administración autonómica, que ha advertido de que se han triplicado en cinco años en la Comunidad Valenciana, al pasar de 4.543 en 2018 a 11.403 en 2023.
Los psicólogos insisten en mejorar la detección precoz y la prevención
Sin embargo, expertos como Mireia Orgilés, catedrática del área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) sostienen que el aumento de casos no significa necesariamente que haya más acoso escolar que hace años, porque afortunadamente hoy en día se detectan y visibilizan muchas situaciones que antes se normalizaban o a las que se les quitaba importancia porque a menudo se consideraban "cosas de niños".
Mensajes que fomentan el respeto en las aulas en las escaleras de un instituto de Alicante / RAFA ARJONES
Cómo mejorar
El problema, según la especialista, es que, a pesar de que se ha avanzado en la detección, los protocolos llegan tarde en muchos casos porque se activan cuando el daño es muy evidente". Orgilés señala que para proteger a las víctimas es necesario detectar el acoso en su fase inicial. De esa forma se impide que se normalice dentro del grupo, se evita que aumente en frecuencia y en intensidad y se da el mensaje claro de que esas conductas no son tolerables".
Los protocolos llegan tarde en muchos casos porque se activan cuando el daño es muy evidente
Uno de los grandes escollos, añade, es que las señales iniciales de acoso pueden ser muy sutiles, por ejemplo, bromas inoportunas o exclusión social, y no siempre se identifican como el inicio de una situación de acoso. "Esto se puede deber a la falta de mecanismos en el centro para detectar esas primeras señales o a la dificultad que los educadores pueden tener para diferenciarlas de conflictos cotidianos. Además, con el ciberacoso, la detección es todavía más compleja porque el acoso es menos visible para los adultos. Por eso, en muchos casos, el protocolo se activa cuando el sufrimiento de la víctima es grande y ya dura meses", advierte.
Otro problema importante, que ha detectado la especialista, es que no todos los centros aplican el protocolo de forma adecuada. "Por la burocracia, por la toma de decisiones que implica, por evitar un conflicto mayor o por no dañar la imagen del centro, la activación del protocolo se retrasa en algunos casos. Esto supone que el niño esté desprotegido y que la que familia se sienta impotente y desamparada", lamenta.
Un aula de informática de un instituto de Alicante, en imagen de archivo / David Revenga
En este inconveniente coincide Carolina Gonzálvez, profesora de la Universidad de Alicante (UA) en el Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica. "El protocolo es necesario, pero no suficiente. Funciona como marco de actuación, pero en muchos casos llega tarde y se centra más en el procedimiento que en la protección inmediata de la víctima", señala la experta, quien también aboga por la detección precoz y medidas preventivas integradas en la vida del centro educativo.
La catedrática de la UMH plantea mejorar su aplicación y apunta a que deben aplicarse ante los primeros indicios, con una intervención rápida que evite prolongar el sufrimiento de la víctima, y contemplar también la reeducación de los acosadores para prevenir la repetición de la conducta. "Además, la evidencia científica señala la importancia de implementar programas educativos preventivos que fomenten la empatía, la convivencia y la competencia social, así como mejorar la formación del profesorado y de los profesionales del centro para que puedan identificar señales tempranas de acoso e implicar a toda la comunidad educativa y a las familias", explica.
Los protocolos tienen que aplicarse ante los primeros indicios, con una intervención rápida que evite prolongar el sufrimiento de la víctima
Sin embargo, una de las principales quejas es que es la víctima quien acaba cambiando de centro o abandonando los estudios, lo que según Gonzálvez deja un mensaje implícito: el acosador gana. "Esto no solo es profundamente injusto, sino que alimenta una peligrosa percepción de impunidad", lamenta la profesora de la UA, quien incide en que desde el primer aviso debe garantizarse una comunicación clara y constante con las familias, y en que los procedimientos administrativos no pueden anteponerse a la protección inmediata y efectiva de la víctima.
Los estudiantes se manifiestan en Alicante contra el bullying / HÉCTOR FUENTES
Especialistas defienden protocolos que incluyan de forma obligatoria la revisión de faltas de asistencia y del rechazo hacia la escuela
Absentismo escolar
Según Carolina Gonzálvez, también investigadora en absentismo escolar, existen evidencias de relación directa entre la victimización y la pérdida de asistencia escolar. Por ello, apela por priorizar la prevención frente a la sanción, apostando por enfoques de centro, como son los programas integrales que impliquen a toda la comunidad educativa y que trabajen la convivencia, el clima escolar y la formación del profesorado. Es más, defiende que los protocolos incluyan de forma obligatoria la revisión de faltas de asistencia y del rechazo hacia la escuela, ya que la inasistencia es un indicador temprano de riesgo que puede alertar de situaciones de acoso.
Los escolares con hiperactividad, en el centro de la diana
El acoso escolar y el ciberacoso constituyen una realidad persistente en los centros educativos y afectan de manera especialmente intensa al alumnado con necesidades educativas especiales. Según Mari Carmen Martínez Monteagudo, Doctora en Psicología y Profesora Titular del Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica de la Universidad de Alicante, Diversas investigaciones han mostrado que estos estudiantes presentan un mayor riesgo de ser víctimas (y en algunos casos también de ejercer conductas de acoso) debido a factores como las dificultades en la comunicación social, la menor integración en el grupo de iguales o la presencia de estigmas asociados a la diversidad funcional. "Cuando estas dinámicas se trasladan al entorno digital, el daño puede amplificarse por la rapidez de difusión, el anonimato y la sensación de indefensión que generan las redes social", explica la experta.
Un artículo realizado recientemente por la profesora de la UA, pendiente de publicación, refuerza la premisa de que el TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad) actúa como un factor de vulnerabilidad significativo frente al ciberacoso, tanto en el rol de víctima como en el de agresor al encontrar asociaciones consistentes entre la cibervictimización en alumnado con TDAH y la presencia de sintomatología depresiva, ansiedad e ideación suicida.
Con ello, expertos como Martínez Monteagudo, ponen el foco en una inclusión real de estos alumnos en las aulas. Aboga por adaptar metodologías, tiempos y evaluaciones, fomentar una cultura de respeto a la diversidad y garantizar apoyos personalizados que permitan a cada estudiante participar activamente y desarrollar su potencial.
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