Zonas de Bajas Emisiones en Alicante: ordenanzas, moratorias y multas en el aire
Benidorm ya sanciona, Elda avanza sin multas, Alicante y Elche aplican un modelo sin restricciones efectivas y Torrevieja, Orihuela, Alcoy y San Vicente siguen en proceso mientras Transportes liga las ayudas a que entren en vigor
La Zona de Bajas Emisiones de Elche empieza sin multas y con los carteles tapados / Jose Navarro
Alicante arranca 2026 con el mapa de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) todavía a medio hacer. Por población, ocho municipios de la provincia —Alicante, Elche, Torrevieja, Orihuela, Benidorm, Alcoy, San Vicente del Raspeig y Elda— están obligados por ley a tener delimitadas y operativas estas áreas para reducir emisiones y ordenar la movilidad, pero el grado de implantación es muy desigual. Un año después de la entrada en vigor del nuevo marco, tras las moratorias del Gobierno, la foto provincial combina ordenanzas ya aprobadas con zonas sin "mordiente", ciudades que han activado sanciones y otras que siguen en fase de proyecto, estudios o participación.
El Gobierno ha querido evitar que las ZBE se queden en un mero trámite. El Ministerio de Transportes vincula las ayudas al transporte público, y, en la práctica, la financiación de los descuentos en abonos y billetes, a que los ayuntamientos tengan estas zonas no solo aprobadas, sino en funcionamiento y con un régimen sancionador efectivo. El aviso incluye consecuencias. Los municipios que no cumplan se exponen a perder futuras subvenciones y, en los casos en los que recibieron fondos europeos para implantar la ZBE, a tener que devolverlos. En paralelo, la referencia para el conductor ya está fijada: circular indebidamente por una ZBE puede acarrear multas de 200 euros.
Con esa premisa, la provincia se mueve en tres velocidades. Hay municipios con la ZBE ya activada y capacidad real de sancionar, como Benidorm, que dio el paso el 1 de julio tras una moratoria de seis meses, mientras Elda mantiene el despliegue más avanzado en ordenanza y señalización, sin sanción activa. En un segundo escalón están las ciudades que cuentan con ordenanza pero han optado por un modelo sin restricciones efectivas, caso de Alicante y Elche, que han priorizado la monitorización y el calendario gradual antes que el castigo. Y, por detrás, aparecen los ayuntamientos que llegan tarde o siguen en trámites. Torrevieja encara el despliegue en 2026 con las multas diferidas, Orihuela acaba de licitar el proyecto, San Vicente está en fase de estudios previos y Alcoy combina obras ya ejecutadas con una ordenanza aún por culminar.
Ruido político
La ZBE cumple su primer año en Alicante con más ruido político que efecto práctico. La ordenanza, aprobada a finales de 2024 y en vigor desde enero de 2025, quedó rebajada tras el acuerdo entre el PP y Vox que eliminó el control de accesos y cualquier nuevo régimen de sanciones. Doce meses después, además, siguen pendientes piezas que el propio contrato de implantación contemplaba: no hay app para el usuario ni datos de contaminación en directo accesibles al público. La única información ambiental visible se reduce a paneles en el entorno de la Gran Vía que califican el aire como "bueno" y muestran barras sin detalle. Y el plan de comunicación municipal, que arrancó con perfiles específicos en redes, se ha desinflado y no se publica nada desde mayo.
Alicante ultima web y app pero mantiene el acceso sin restricciones ambientales
Desde el equipo de gobierno, el concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar, defiende que el despliegue técnico sigue avanzando y que “se está ultimando la integración de la ZBE con el sistema de control de tráfico ‘Alicante se Mueve’”, con las cámaras y sensores “ya en servicio”. Según Villar, el siguiente paso será abrir al público “la página web con acceso a la plataforma de información y permisos, así como la app para teléfonos móviles”. El edil resalta que, mientras se completa esa fase, el Ayuntamiento mantiene “activo el proceso de captación de datos y resultados” para decidir la regulación, y recuerda que la zona “continúa sin restricciones de acceso por razones de etiqueta ambiental”, con la excepción del casco antiguo, donde la circulación está restringida a residentes y vehículos autorizados.
Elche activa la ZBE sin limitaciones salvo la flota pública sin distintivo
En Elche, la ZBE se activó el 31 de diciembre, pero el Ayuntamiento recalca que en esta primera fase no habrá restricciones generales de acceso, circulación o estacionamiento al menos hasta 2030. Según el edil Claudio Guilabert, solo se limitará el acceso a vehículos municipales, autobuses y concesionarias que no tengan distintivo ambiental, y el resto de medidas quedarían para episodios puntuales de contaminación, "algo que nunca ha ocurrido en Elche". En paralelo, el gobierno local impulsa un despliegue de cámaras, radares y sensores y la futura Oficina del Dato para monitorizar tráfico, ruido y calidad del aire.
Benidorm dio el salto a la fase sancionadora el 1 de julio, tras seis meses de pruebas. El Ayuntamiento asegura que, desde entonces, la circulación ha bajado cerca de un 10 % en la Zona Centro por la mañana y que ya se han registrado más de 4.000 altas para acceder a las áreas restringidas. La zona abarca 74 hectáreas y se divide en Centro, Levante y Poniente, con un sistema de permisos que busca compatibilizar la restricción con el peso turístico. Los hoteles pueden validar matrículas y el visitante puede entrar si tiene un destino, como un aparcamiento.
El modelo prioriza reducir tráfico, no etiquetas, y evita un arranque traumático
El concejal de Movilidad, Francis Muñoz, enmarca el modelo de Benidorm en una lógica continuista con las restricciones que ya existían en la primera línea y el casco antiguo, donde la circulación estaba limitada a residentes. “Optamos por seguir el modelo que ya operaba”, explica, y destaca que la apuesta pasa por “reducir las emisiones reduciendo el tráfico y no en etiquetas”, al entender que parte de la población que vive dentro del perímetro y necesita acceder “no cuenta con vehículos de cero emisiones”. Muñoz añade que esa experiencia previa, unida a una “movilidad blanda que da prioridad al peatón” y a la fase informativa de seis meses, ha hecho que la puesta en marcha “no haya sido lo traumática que algunos auguraban”.
Perfil avanzado
El Ayuntamiento de Elda mantiene el perfil más avanzado. La ordenanza se aprobó el 22 de noviembre de 2024 y durante 2025 se han dado pasos visibles, como la instalación de ocho señales en los accesos al casco antiguo para recordar que, para circular por la ZBE, hace falta el distintivo ambiental de la DGT o autorización. El gobierno local defiende que la medida busca una ciudad «más humana», con más seguridad para el peatón, menos tráfico de paso y un impulso al entorno del Castillo y Santa Ana, apoyándose además en actuaciones de transformación urbana ligadas a fondos europeos.
Protegemos al peatón, reducimos velocidad y realzamos el casco antiguo
En esa línea, la concejala de Movilidad, Silvia Ibáñez, sitúa el foco en las medidas “de ciudad” más que en la etiqueta ambiental. “Seguimos avanzando en la implantación de la ZBE para hacer de Elda una ciudad más humana y más amable con las personas”, afirma, y enumera actuaciones concretas para proteger al peatón y reforzar su seguridad, como “la reducción de la velocidad del tráfico o el desvío de vehículos que no necesitan pasar por el centro histórico”. Ibáñez añade que la zona permitirá además “poner en valor el casco antiguo”, con especial atención al entorno del Castillo y la Iglesia de Santa Ana.
En Torrevieja, el Ayuntamiento ha llevado al pleno la aprobación definitiva de la ordenanza con tres años de retraso y plantea desplegar la ZBE a lo largo de 2026 en el centro urbano, en un ámbito de más de un millón de metros cuadrados. El texto prevé restringir el acceso de los vehículos más contaminantes con control por cámaras y una multa de 200 euros, aunque el concejal de Tráfico, Federico Alarcón, sitúa la entrada en vigor de las sanciones en 2027. El expediente arrancó en 2021 para optar a fondos europeos y la demora obligó a devolver un millón de euros con intereses.
La ZBE se desplegará con implantación gradual y apenas restricciones
El alcalde, Eduardo Dolón, sostiene que el calendario municipal pasa ahora por desplegar la medida de forma gradual. “Acabamos de aprobar la ordenanza reguladora de las ZBE en el pleno de diciembre, por lo que, conforme a la misma procederemos a implantarla paulatinamente a lo largo de 2026”, explica. Dolón añade que las condiciones ambientales de la ciudad permiten, a su juicio, abordar esa implantación “con apenas restricciones de tráfico de vehículos”, en línea con un enfoque que busca aplicar la norma sin un impacto brusco en la movilidad cotidiana.
El proceso va más atrasado en Orihuela. El bipartito PP-Vox ha licitado por 18.142 euros la redacción del proyecto de ZBE "dada la urgencia", con un plazo de tres meses. El Ayuntamiento vincula la implantación al PMUS, aprobado de forma provisional en 2023 pero aún en fase de rectificación, y sostiene que los niveles de contaminantes están dentro de los límites, al tiempo que defiende la necesidad de proteger el centro histórico. En el trasfondo pesa el aviso del ministerio sobre las ayudas y el "tirón de orejas" del Defensor del Pueblo para que se implante "cuanto antes".
El documento se redacta para implantarlo en la costa y el centro cuanto antes
Desde Urbanismo, Matías Ruiz apunta que el trabajo estará ya en marcha en cuanto se cierre la adjudicación. “Una vez adjudicado el contrato se está redactando el documento que va a dar cobertura a la ZBE”, señala el edil, que insiste en la coordinación para acelerar plazos: “Estamos colaborando con la empresa para facilitarles lo que precisen para que esté cuanto antes la implantación tanto para Orihuela costa y centro”. Ruiz enmarca el encaje técnico en las directrices del PMUS, “que está en tramitación en Valencia”, como marco de referencia para ordenar el despliegue.
El Ayuntamiento de San Vicente está en fase de estudios previos. En noviembre arrancaron trabajos de campo para la ZBE y la actualización del PMUS con drones, aforos de tráfico, conteos y encuestas, además de mediciones de ruido y sensores de calidad del aire. Ese punto de partida ha abierto también una polémica política. Vox ha advertido de que no permitirá una ZBE "que implique restricciones discriminatorias y sanciones", mientras el PP responde que el proceso está en una etapa inicial y de recopilación de datos.
El estudio sigue en marcha con participación ciudadana, datos técnicos y drones
La concejala de Medio Ambiente, Mercedes Torregrosa, sostiene que el Ayuntamiento está centrado ahora en definir con precisión el perímetro y el alcance de la medida. “Continuamos avanzando en el estudio del casco urbano para determinar los espacios donde se implantará la ZBE en San Vicente”, explica, y subraya que se trata de “un análisis minucioso” en el que se incorporará “la participación ciudadana”, además de los datos técnicos recabados con distintos recursos, “como drones”. Torregrosa concluye que el objetivo es avanzar hacia “un modelo de movilidad más sostenible” que ayude a reducir la contaminación y mejorar el medio ambiente.
Dos frentes
Por último, en Alcoy el equipo de gobierno asegura que trabaja en dos frentes: avanzar en el proyecto normativo, con un documento técnico ya redactado que quiere someter a participación antes de la aprobación definitiva, y ejecutar actuaciones vinculadas al modelo de ZBE con financiación europea. Entre ellas figuran reurbanizaciones y mejoras de accesibilidad ligadas a la peatonalización, aparcamientos disuasorios, carriles bici y VMP, aparcabicis seguros y la incorporación de autobuses eléctricos. Además, el consistorio prevé llevar en febrero al pleno un nuevo planteamiento de peatonalización del centro histórico tras la anulación judicial del anterior por defectos en la participación.
No partimos de cero, ahora ordenamos y damos respaldo normativo a lo ya hecho
El concejal de Movilidad, Jordi Martínez, defiende que la ciudad llega a este punto con parte del camino recorrido y que la ordenanza viene a dar coherencia al conjunto. “Alcoy no parte de cero en la ZBE. Llevamos años aplicando políticas coherentes con este modelo de ciudad, mejorando la accesibilidad, fomentando la movilidad sostenible y reduciendo el protagonismo del vehículo privado”, sostiene, antes de situar el siguiente paso en el plano regulatorio: “Ahora lo que vamos a hacer es ordenar y dar respaldo normativo a un trabajo que ya se está materializando sobre el terreno”.
En conjunto, la provincia exhibe dos modelos: el de quienes han convertido la ZBE en una ordenación real del tráfico, con controles y capacidad de multar, y el de quienes la han activado como marco "suave", más apoyado en la monitorización y en calendarios largos que en restricciones. Pero el margen para quedarse a medias se estrecha. El Ministerio de Transportes ha ligado las ayudas al transporte público a que las ZBE estén operativas y sancionando.
València: prórroga y pulso político
Las bonificaciones del transporte público dependen en parte de la aportación del Gobierno de España, pero para que el Ejecutivo pague su porcentaje los ayuntamientos debían comprometerse a implantar la Zona de Bajas Emisiones antes de acabar el año. En València, con el asunto bloqueado, la alcaldesa, María José Catalá (PP), había anunciado que el Ayuntamiento asumiría «a pulmón» la parte estatal de las ayudas, cifrada en 14 millones.
El Consejo de Ministros ha otorgando un plazo adicional para delimitar las áreas de restricción a los vehículos más contaminantes, lo que a la vez reabre el pulso político en València. El gobierno municipal debe retomar las negociaciones para aprobar la ordenanza, ya sea con Vox o con la oposición (PSPV y Compromís).
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