Alicante espera ingresar más de 8,8 millones en 5 años con las multas a pisos turísticos

El Ayuntamiento de Alicante asumirá las competencias para inspeccionar y sancionar apartamentos turísticos este mes de enero, un año después de que el alcalde, Luis Barcala, anunciara la medida en la pasada edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid.

El Consistorio ha convocado para este viernes la Comisión de Urbanismo con el objetivo de aprobar la adhesión de Alicante al convenio con la Generalitat para poder inspeccionar y multar a aquellos alojamientos vacacionales que no cumplan con la normativa autonómica. Una decisión que ya fue anunciada por el ejecutivo popular en las primeras semanas del 2025, mediante la firma de un convenio entre el Consell y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Así se dio a conocer entonces desde el ejecutivo municipal de Alicante (junto con otras localidades de la provincia como Benidorm, Torrevieja o Elche) aunque el traspaso de competencias aún no se ha materializado.

El informe municipal señala que la "implantación masiva" de los alquileres turísticos es "incesante" y que "ha sorprendido y desbordado a la ciudadanía y a la Administración", por lo que se califica como un "asunto prioritario", de acuerdo con su presencia habitual en los debates plenarios. A su vez, apunta que el 80 % de los expedientes de infracción y de actividad inspectora se inician gracias a una denuncia vecinal, y recuerda que el decreto-ley centra el foco en "la creciente y preocupante repercusión del turismo y la vivienda de uso turístico en la vida vecinal".

Por todo ello, el Ayuntamiento considera "urgente" adoptar medidas "con el objetivo de ordenar la actividad" mediante actuaciones "extraordinarias" que sirvan para "equilibrar la actividad con el resto del sector" y aseguren "una oferta equilibrada, sostenible y de calidad".

Más de ocho millones de ingresos

Del mismo modo, otro informe del departamento técnico de Inspecciones, Sanciones y Conservación de Inmuebles, de la Concejalía de Urbanismo, evalúa la situación actual del departamento y la carga de trabajo, el impacto que supondría la asunción de las nuevas competencias, la necesidad de personal de nueva incorporación y una previsión del impacto económico en el presupuesto municipal de ingresos y de gastos.

En este sentido, en relación con el volumen de actividad del departamento, el informe señala que se han abierto 418 expedientes de infracción urbanística en viviendas de uso turístico entre 2023 y 2025 y que, en un 80 % de los casos, las infracciones se confirman con actas de inspección y decretos de suspensión de la actividad. A su vez, en el 90 % de estos casos se procede a la incoación de un expediente sancionador.

Respecto al incremento de la carga de trabajo para el departamento técnico que supondría la adhesión al convenio, el informe la estima en un 20 %. Con los datos disponibles, y en función de la gravedad de las infracciones detectadas por la Unidad de Aperturas y Disciplina Urbanística de la Policía Local, el documento calcula un impacto económico positivo en el presupuesto municipal de ingresos de 8.845.650 euros para los próximos cinco ejercicios, a los que afectará la delegación de competencias.

En cambio, el impacto estimado en el presupuesto de gastos es nulo, puesto que "el personal a incorporar al departamento no supone incremento de la plantilla, sino redistribución del personal ya existente y/o pendiente de incorporar a los procesos selectivos en marcha".

Un año en pausa

Después de un año posponiendo la adhesión, el vicealcalde Manuel Villar aclaró en diciembre que el trámite se realizaría en breve: "Ya hemos creado la jefatura del departamento de Sanciones y muy probablemente en enero firmemos con la conselleria. A partir de ese momento, comenzarán las sanciones", manifestó el edil popular. Ahora, ese paso parece más cerca que nunca, y las competencias podrían asumirse a partir de la próxima semana, en cuanto el alcalde firme el decreto correspondiente.

De esta manera, el ejecutivo que dirige Luis Barcala busca reservarse la potestad de actuar de forma directa contra los incumplimientos en materia de alojamiento turístico, sin tener que depender de la conselleria, donde la capacidad de inspección es limitada: en el segundo semestre de 2023 (antes de la aprobación del Decreto Ley para el traspaso de competencias), se realizaron 40 inspecciones en los más de 4.000 apartamentos turísticos reglados de la capital de la provincia.

Hace apenas un mes, desde el PSPV señalaron que solo seis municipios de toda la Comunidad, uno de ellos de la provincia de Alicante, pueden sancionar a las viviendas turísticas ilegales. En concreto, los municipios que se han sumado a este convenio hasta la fecha son València, Benidorm, Faura, Font d’en Carrós, Piles y Ayora.

Suscríbete para seguir leyendo