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Desahuciada en Alicante una mujer vulnerable de 61 años: "Está enferma, la van a operar y necesita estabilidad"

La vecina, que será acogida temporalmente por uno de sus hijos, queda a la espera de la ayuda de la administración para poder realojarse en otra vivienda

Protesta ante el desahucio de una mujer vulnerable en el barrio de Carolinas de Alicante

Alex Domínguez

Manuel Lillo

Manuel Lillo

Rosa María González, vecina del barrio alicantino de Carolinas desde hace 29 años, ha sido desahuciada de la casa en la que vivía en régimen de alquiler en la calle Donoso Cortés. La mujer, de 61 años y con "vulnerabilidad acreditada", según el Sindicat de Vivenda de Carolines, será temporalmente acogida por uno de sus hijos, que también vive en régimen de alquiler en una habitación en Alicante.

El lanzamiento ha generado expectación en Carolinas, donde desde las 9 de la mañana había gente concentrada en la entrada de la calle Donoso Cortés, esquina con Jaime Segarra. Los manifestantes habían convocado a las 9:45, pero desde poco más tarde de las 8:00 quince agentes de la Policía Nacional controlaban la zona con tres furgonetas y la calle cortada para impedir el acceso desde Jaime Segarra y también desde la calle Antonio de Trueba.

Ante esta situación, unos treinta concentrados, entre miembros de la entidad citada y vecinos, han desplegado pancartas que rezaban lemas como “que no nos toquen nuestras casas” y megáfonos para expresar consignas como “esta policía desahucia cada día”, mientras animan a los vecinos a unirse a la protesta.

Rosa María González después de abandonar su hogar tras treinta años.

Rosa María González después de abandonar su hogar tras treinta años. / Alex Domínguez

A las 10:45 llegaba la llegada de la comitiva judicial para ejecutar el lanzamiento. La afectada, según el colectivo que promueve la concentración, es una mujer con “vulnerabilidad acreditada”, madre divorciada de 61 años con tres hijos mayores que, según el Sindicat, “dependen del padrón expedido en esa residencia”, la de la calle Donoso Cortés, pero que no habitan en ella.

Eso impediría a la vecina afectada acceder a ayudas públicas, "ya que la renta que alcanzan los empadronados en su hogar superaría el mínimo exigido por la administración”, y según el colectivo la situación “pone de manifiesto la profunda crisis que genera el bloqueo informal del derecho básico de empadronamiento”, del que recuerdan que dependen derechos tan básicos como el acceso a la sanidad pública o a la educación.

Minutos después de la llegada de la comitiva judicial, hacia las 11 de la mañana, la afectada ha abandonado el que ha sido su hogar en estos últimos treinta años por su propio pie, con un carro de compra plegable y bolsas que acumulaban enseres y la ayuda de uno de sus hijos para sacar electrodomésticos.

Drama personal

Según el Sindicat de Vivenda de Carolines, la vecina padece bronquitis asmática y una hernia discal, y “está a la espera de ser operada de la vesícula”, ya que “le detectaron unas protuberancias en el hígado y está bajo el tratamiento por un cuadro ansioso-depresivo a consecuencia del proceso de expulsión y la ausencia de alternativa habitacional”. Estos hechos los ha confirmado Rosa María González, que ha afirmado trabajar en condiciones precarias "desde hace tres años", cuando la persona dependiente a la que cuidaba falleció.

Fue entonces cuando empezó a trabajar "un día a la semana, y no de lunes a viernes", con un sueldo que no le alcanza para pagar un alquiler de 240 euros y los gastos corrientes. La afectada pronostica que recibirá "una ayuda de emergencia durante cuatro meses", según le dijo, tal como afirma, una trabajadora social del Ayuntamiento.

Manifestantes se concentran frente a la calle Donoso Cortés, en Carolinas.

Manifestantes se concentran frente a la calle Donoso Cortés, en Carolinas. / Alex Domínguez

Su hijo, que le acogerá en su habitación de alquiler, considera que el propietario de la casa, que es un particular, "podrá alquilar el piso a 800 o 900 euros al mes". Por esta razón, Rosa María González, que pagaba el alquiler en virtud de un contrato firmado en 2013, cree que la intención del arrendador era "echarle de alguna manera". Respecto a la acogida por parte de su hijo, la afectada recuerda que él también "vive de alquiler, y en un espacio muy reducido".

Nueva situación

No es la primera vez que la vecina de Carolinas se enfrenta a esta situación, ya que a finales de 2024 evitó el desahucio “in extremis” gracias a “un informe de vulnerabilidad y a errores en la presentación de documentos”. González, aseguran desde el Sindicat de Vivenda de Carolines, “cuenta con un informe de vulnerabilidad por motivos económicos actualizado”, y es precisamente esa falta de medios “la que motiva el desalojo, impulsado por el propietario del piso”.

Desde este colectivo, pese a destacar el "desenlace negativo" por el desahucio efectuado, destacan dos aspectos "positivos". Uno, dicen, es la llamada de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), que les ha trasladado la voluntad de "estudiar la situación" y de "establecer un canal de comunicación para conocer con antelación los desahucios programados e identificados" por el Sindicat de Vivenda de Carolines. Así lo explica Elena Bronchano, miembro de la entidad, que se muestra "sorprendida por la voluntad de colaboración". Desde la administración autonómica no han confirmado este contacto.

A su vez, Bronchano destaca también "la importante asistencia de gente, que hace ver que el barrio está del lado de las víctimas de los desahucios". Sin embargo, desde la entidad no dejan de trasladar el "lado negativo" de la jornada, que es que "Rosa María no tiene a dónde ir". "Su hijo vive en una habitación, es una persona que está enferma, la van a operar y necesita una estabilidad, y encontrar una alternativa va a ser muy difícil".

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