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Víctimas de violencia de género denuncian el traslado del punto de encuentro familiar de Alicante: "Hay mujeres que comparten autobús con su agresor"

La nueva ubicación en el Centro Comunitario Urbanova, tras el traslado desde Lo Morant, obliga a recorrer largas distancias y depender de un transporte público escaso, lo que afecta la seguridad y el bienestar de los menores

Malestar por el traslado del Punto de Encuentro Familiar de Alicante

Malestar por el traslado del Punto de Encuentro Familiar de Alicante / Pilar Cortés

Lydia Ferrándiz

Lydia Ferrándiz

Un cambio que pone patas arriba la vida de las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos en Alicante. Madres usuarias del Punto de Encuentro Familiar (PEF) de Alicante viven desde la primera semana de diciembre una situación que describen como "injusta y agotadora". El centro, en el que se realizan los encuentros supervisados entre menores y progenitores que no tienen su custodia, así como visitas tuteladas, y que hasta hace dos meses se encontraba ubicado en el parque Lo Morant, fue trasladado en diciembre al Centro Comunitario de Urbanova, una ubicación que, aseguran, complica el acceso de quienes dependen del transporte público o de sus propios vehículos.

Así, lo que debía ser un cambio destinado a la mejora de las instalaciones ha terminado, según relatan, agravando una situación ya de por sí compleja. El cambio de ubicación no solo ha alejado el servicio del casco urbano, sino que ha introducido problemas de accesibilidad, seguridad y conciliación que afectan directamente a los menores y a sus madres. "Es la sensación constante de que no se ha pensado en nosotras, de que las administraciones no se creen de verdad la violencia de género", resume Ana, nombre ficticio de una de las afectadas.

De hecho, las madres aseguran que se enteraron del traslado de forma fortuita. "Llegamos un viernes y había un cartel en la puerta diciendo que la semana siguiente se mudaban", explica Lucía. Ni comunicación previa ni explicación clara. Las trabajadoras del centro, según relatan, tampoco supieron darles detalles en ese momento: "Nos dijeron que ni ellas sabían a dónde se mudaban, nada tenía sentido", aclara esta madre afectada. Desde entonces, cada visita supone una carrera contrarreloj.

En el antiguo PEF de Lo Morant las instalaciones se encontraban en un estado que era mejorable, pero que estaba situado en el casco urbano de Alicante, bien comunicado y accesible. "Por lo menos no teníamos que salir del núcleo urbano", señala Teresa, otra de las mujeres afectadas por esta situación. El nuevo emplazamiento en Urbanova obliga a recurrir al coche o a depender de un autobús urbano que solo pasa cada 75 minutos fuera del horario estival.

Menores sometidos a largos desplazamientos

El impacto en los menores que acuden a este recurso es una de las principales preocupaciones de estas madres. Patricia explica que hay madres que se ven obligadas a sacar a sus hijos antes del colegio para llegar a tiempo a las visitas fijadas judicialmente. "Si la visita es a las seis, no da tiempo. Tienes que salir antes por si hay atasco, porque si llegas tarde la responsabilidad siempre es de la madre", lamenta.

En los casos en los que ninguno de los progenitores tiene coche, la situación se agrava al contar Urbanova solo con un autobús para acceder a ella. "Hay mujeres que deben compartir autobús con su agresor", advierte Ana. Un escenario especialmente delicado cuando existen órdenes de alejamiento. "No hay perspectiva de género en esta decisión, parece que les dé igual que una persona con una orden de alejamiento tenga que compartir media hora de autobús con su agresor. Esto no se ha pensado bien", coinciden.

Pero las críticas no se limitan al acceso, las madres describen unas instalaciones insuficientes para un recurso de este tipo. En Urbanova, explican, no hay salas de espera adecuadas y las usuarias aguardan en un pasillo separado por un biombo, sin privacidad ni calefacción. "Te cruzas con usuarios del centro de mayores, no hay intimidad y hasta el bedel te pregunta qué haces allí", relata Lucía.

Además, el aislamiento de la zona obliga a permanecer en el entorno durante horas. "No te da tiempo a ir y volver a casa, así que te quedas allí sin servicios básicos, ni siquiera un baño accesible", añade Teresa. Todo ello mientras muchas madres deben ausentarse de su trabajo varias horas a la semana, sin justificación laboral clara y sin apoyo familiar cercano. "Te dicen que si no puedes ir tú que mandes al menor con un amigo o con un familiar, pero para eso hay que pedir permiso al juez y que lo autorice el padre del menor. No tiene sentido dejar a un menor en estas condiciones para cumplir unas exigencias que son imposibles de cumplir", apunta Teresa.

“El maltrato también puede ser institucional”

Pese a las quejas de estas mujeres víctimas de violencia de género, el Ayuntamiento de Alicante defiende la nueva ubicación y asegura que las instalaciones de Urbanova "están en perfecto estado y ofrecen todas las condiciones necesarias para la prestación de este servicio de la Generalitat Valenciana, incluidas las de privacidad, tal y como supervisaron en su momento técnicos de las dos administraciones". Además, recuerdan que se trata de un Punto de Encuentro Familiar de ámbito provincial y que, según ellos, "está perfectamente conectado por carretera con los municipios de la demarcación alicantina", aunque no hacen referencia a la conexión de estas instalaciones por transporte público.

Por su parte, la Conselleria de Servicios Sociales explica que el traslado respondió a "peticiones de familiares que querían que se cambiara a otra ubicación, a un lugar más adecuado", y que el nuevo punto fue puesto en marcha tras trabajar conjuntamente con el Ayuntamiento de Alicante. Según la Conselleria, la sede de Urbanova "tiene conexión con transporte urbano y funciona con normalidad".

Sin embargo, las madres afectadas no comparten esa visión. "Esto también es una forma de maltrato, pero institucional", señala Patricia. Las afectadas aseguran que han trasladado sus quejas al Ayuntamiento de Alicante, a la conselleria y al Defensor del Pueblo. No piden privilegios, según insisten, sino que un recurso pensado para proteger no se convierta en una nueva carga. "Bastante tenemos ya como para que además nos lo pongan todavía más difícil", afirma Ana.

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