El futuro de la zona azul de Alicante: ¿más calles y ticket para las motos?

La renovada zona azul y naranja de Alicante, un paso más cerca. El Ayuntamiento de Alicante ha abierto una consulta pública para renovar la ordenanza reguladora y da veinte días de plazo a vecinos y colectivos para realizar sus aportaciones a la norma. Sobre la mesa: la necesidad de aumentar las plazas de residentes y trabajadores o la oportunidad de incluir a los vehículos de dos ruedas.

El Consistorio alicantino ha lanzado esta semana un proceso de participación con el objetivo de actualizar la Ordenanza Reguladora de las Limitaciones al uso del Estacionamiento en las Vías Públicas (ORA), aprobada en el año 2012. La intención del ejecutivo de Luis Barcala es incorporar a la normativa cuestiones no previstas hasta la fecha y modificar los horarios, tarifas y zonas.

Fin a la "barra libre" de las motos

Al mismo tiempo, se pretende aprovechar los nuevos mecanismos de control instalados de la mano de la Zona de Bajas Emisiones (principalmente, las cámaras de tráfico) para la supervisión del servicio. Al mismo tiempo, se persigue realizar un mayor aprovechamiento de los espacios de estacionamiento disponibles, al detectarse un déficit de plazas destinadas a residentes y trabajadores.

En este sentido, uno de los aspectos en los que se busca renovar la ordenanza es en la inclusión de los vehículos de dos ruedas, que hasta ahora no cuentan con la posibilidad de hacer uso del estacionamiento regulado, pero que, en muchas ocasiones, suponen un problema de espacio al aparcar en zona restringida.

También debe concretarse en la futura normativa la situación de los vehículos híbridos y de cero emisiones. Mientras que en otras localidades como Madrid se encuentran exentos del pago, para incentivar la descarbonización, en Alicante no disponen de ninguna ventaja respecto al estacionamiento regulado.

Nuevas zonas para residentes

Con la nueva redacción, la zona azul y naranja podría extenderse a nuevas áreas de la ciudad, como ya ha manifestado en diversas ocasiones el equipo de gobierno popular. Principalmente, a barrios que rodean el centro, como San Blas o Benalúa. El anuncio de apertura del periodo de consulta afirma que existen "problemas de saturación y baja rotación" además de un "desequilibrio entre oferta y demanda".

El Ayuntamiento aprecia que "en varios sectores anexos al centro urbano se ha detectado un déficit de estacionamiento para residentes y trabajadores, con insuficiencia de rotación para cumplir la función de apoyo a la actividad comercial y económica". Para resolverlo, el Consistorio cree necesario "evitar el estacionamiento prolongado en zonas céntricas tensionadas, distribuir mejor el espacio público y favorecer al residente con problemas de aparcamiento.

Al respecto, el gobierno de Barcala ya ha manifestado su intención de incrementar las plazas en hasta 3.000 nuevos puestos regulados, de los que 2.500 se corresponderían con la zona naranja (residentes) y el resto, otros 500, con la azul.

Más multas

La actualización de la norma se produce en un contexto en el que los presupuestos municipales prevén recaudar el doble por la zona azul. El capítulo de ingresos de las cuentas del Ayuntamiento recoge un incremento sustancial en la tasa por el estacionamiento de vehículos, que fue de 2,2 millones en 2025 y que se estima de 4,79 millones en el 2026, lo que representa un aumento del 114 %.

En la misma línea, se espera recaudar hasta 8,5 millones de euros por multas a infracciones de la Ordenanza de Circulación, cuando en 2025 se han obtenido 6,1 millones por este motivo, un 39 % menos. Igualmente, se contempla un 15 % más de arrastres por parte de la grúa municipal al depósito de vehículos.

Contrato por adjudicar

Además, los populares también deben renovar el contrato para el control de la ORA y del servicio municipal de grúa y depósito de vehículos, que esperaban haber sacado a concurso a mediados de 2025, pero que continúa sin licitación y con una prórroga excepcional para garantizar su continuidad.

En noviembre de 2024, once meses después de su vencimiento y tras consumir todas las prórrogas ordinarias posibles, el Ayuntamiento de Alicante aprobó de forma extraordinaria una nueva extensión del contrato, la quinta en la práctica, tras ser adjudicado en 2013 por un periodo inicial de ocho años, con dos más de extensión. El acuerdo, adoptado en una reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local, daba continuidad de nuevo a la concesión pese a que la última ampliación finalizó el 25 de enero de 2025, sin que por el momento se haya impulsado la licitación del nuevo contrato.

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