El pleno de enero en Alicante: primer aprieto de Vox a Barcala por la inmigración y el medio ambiente
Los ultras, socios del alcalde en los últimos presupuestos, reclaman ahora que el Ayuntamiento rechace el Pacto Verde (que el PP aprobó en Europa) y asuma que los extranjeros generan un aumento de la inseguridad

Barcala agradece a Vox su apoyo para aprobar el presupuesto de Alicante / Pilar Cortés
Vox no dejará pasar el tiempo para cobrar al PP de Luis Barcala la "factura" de haber facilitado la aprobación del presupuesto municipal. Los ultras presentan al primer pleno del año, el del mes de enero, una iniciativa en la que buscan forzar a los populares a rechazar el Pacto Verde, que apoyaron previamente en Europa. Además, los de Abascal centran el foco en la inmigración ilegal y piden reconocer que está ligada con un aumento de la inseguridad en los barrios.
La propuesta supone la primera medida "extrapresupuestaria" de las que ya advirtió la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, que el gobierno de Barcala debería asumir a cambio de haber aprobado las cuentas del 2026. A través de una declaración institucional, la formación de ultraderecha critica que "las políticas de inmigración ilegal promovidas desde el Gobierno de España con el respaldo de la Unión Europea" han supuesto "la renuncia efectiva al control de fronteras". Una situación que, según Vox, "está generando una presión creciente sobre los barrios de la ciudad, afectando de forma directa a la convivencia vecinal, la saturación de los servicios públicos municipales y al aumento de la inseguridad".
Además, los de Abascal buscan también forzar a los populares a rechazar en Alicante un acuerdo que sí respaldaron en Europa. De acuerdo con el texto de la declaración, en el caso de que esta saliera aprobada se aprobaría "manifestar el rechazo del Ayuntamiento de Alicante al Pacto Verde y a su traslación normativa en España, por suponer una fiscalidad desproporcionada que encarece la cesta de la compra, incrementa los impuestos, eleva el precio de los carburantes y reduce el poder adquisitivo de las familias".
En este sentido, los ultras exigen la aprobación por el Pleno municipal de una declaración institucional para respaldar el discurso de Juanfran Pérez Llorca, igualmente impuesto por los de Abascal, en materia medioambiental y de inmigración. El recién nombrado presidente de la Generalitat tras la salida de Carlos Mazón defendió en su toma de posesión la necesidad de "preservar la identidad" española, y tildó de "amenaza" el acuerdo medioambiental aprobado en Europa con el respaldo de su propio partido, el PP. Sobre la inmigración, Llorca volvió a comprar los postulados de Vox y abogó por "ordenar la inmigración desde el sentido común, el acuerdo y el consenso", respetando los "valores culturales, normas sociales, y convicciones democráticas".
Choque por la financiación
En otro de los puntos de la jornada plenaria, ambas bancadas protagonizarán un choque por la reciente propuesta de financiación autonómica impulsada por el Gobierno de España. Al respecto, se debatirán dos iniciativas distintas: una del PP y otra del PSOE.
Los populares aseguran que el nuevo mecanismo "nace con un propósito político evidente" tras haber sido pactado "unilateralmente con Junts per Catalunya", pero que, en realidad, "no corrige las ineficiencias del sistema actual". Los de Barcala sostienen que la propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez tampoco "refuerza la responsabilidad fiscal" ni "clarifica los mecanismos de reparto", sino que "introduce más bilateralidad, discrecionalidad y fondos ideológicos, pero menos igualdad territorial". Por todo ello, proponen instar al Ministerio de Hacienda a que retire el planteamiento.
En cambio, el PSOE hace una lectura diferente. Los socialistas manifiestan que el Gobierno ha puesto sobre la mesa, después de 12 años del "caducado sistema de financiación", un nuevo modelo que "sin lugar a dudas, representa una oportunidad histórica que la Comunitat Valenciana no puede dejar escapar". El grupo municipal que lidera Ana Barceló cree que "no es una simple reforma, sino una arquitectura en la que se ven satisfechos los anhelos y demandas de los alicantinos por una financiación justa".
Con estos argumentos, la formación de izquierdas plantea justo lo contrario que el PP: dar respaldo al Gobierno para la nueva fórmula contable "que supondrá la aportación a la Comunitat Valenciana de 3.669 millones de euros más de los que se recibirían con el modelo vigente".
De los jóvenes a la Policía
En cuanto al resto de asuntos, la Corporación también se posicionará el próximo jueves sobre iniciativas relacionadas con la Policía Local, el Centro 14 o el estadio del Hércules, el José Rico Pérez, entre otros asuntos.
Compromís defenderá una declaración institucional en la que incidirá en la necesidad de reforzar el cuerpo con, al menos, 50 agentes más durante el 2026. En ella, los valencianistas recuerdan que Alicante se encuentra muy por debajo de la ratio recomendada y que la disponibilidad real de efectivos pone de manifiesto un "déficit estructural alarmante".
En otro orden de cosas, EU-Podemos tratará de dirigir la mirada hacia las nuevas instalaciones del Centro 14, a las que el Ayuntamiento ha trasladado aquellas concejalías ubicadas en el antiguo hotel Palas, tras finalizar el contrato de arrendamiento con la Cámara de Comercio, por iniciativa de la institución que preside Carlos Baño. Manolo Copé, portavoz de la formación, consultará al ejecutivo de qué espacio efectivo dispondrán finalmente los jóvenes tras la "mudanza".
Por su parte, el PSOE se interesará por la situación de Rico Pérez, que acumula desde hace años quejas por su deficiente estado de conservación y mantenimiento. El exjugador blanquiazul y concejal de la formación socialista, Eduardo Rodríguez, consultará al ejecutivo de Luis Barcala si tiene pensado el Ayuntamiento, como propietario del recinto, realizar una inspección estructural y de seguridad.
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