El PSOE y Vox respaldan a Barcala en el control al alquiler turístico en Alicante

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, suma el apoyo del PSOE y de Vox para controlar los alojamientos turísticos ilegales en la ciudad. El Ayuntamiento asumirá las competencias para inspeccionar y sancionar viviendas vacacionales este mes de enero, un año después de que el alcalde, Luis Barcala, anunciara la medida en la pasada edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid. Compromís y EU-Podemos, en cambio, se han abstenido en la votación al considerar la decisión insuficiente.

El Consistorio ha celebrado este viernes una reunión de la Comisión de Urbanismo en la que se ha aprobado la adhesión de Alicante al convenio con la Generalitat para poder inspeccionar y multar a aquellos alojamientos vacacionales que no cumplan con la normativa autonómica. Una decisión que ya fue anunciada por el ejecutivo popular en las primeras semanas del 2025, mediante la firma de un convenio entre el Consell y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Aunque así se dio a conocer entonces desde el ejecutivo municipal de Alicante (junto con otras localidades de la provincia como Benidorm, Torrevieja o Elche), el traspaso de competencias aún no se ha materializado.

En un informe municipal incluido en el expediente se señala que la "implantación masiva" de los alquileres turísticos es "incesante" y que "ha sorprendido y desbordado a la ciudadanía y a la Administración", por lo que se califica como un "asunto prioritario", de acuerdo con su presencia habitual en los debates plenarios. A su vez, apunta que el 80 % de los expedientes de infracción y de actividad inspectora se inician gracias a una denuncia vecinal, y recuerda que el decreto-ley centra el foco en "la creciente y preocupante repercusión del turismo y la vivienda de uso turístico en la vida vecinal". Por todo ello, el Ayuntamiento considera "urgente" adoptar medidas "con el objetivo de ordenar la actividad" mediante actuaciones "extraordinarias" que sirvan para "equilibrar la actividad con el resto del sector" y aseguren "una oferta equilibrada, sostenible y de calidad".

La oposición, dividida

Una decisión en la que el ejecutivo popular de Luis Barcala ha sumado el apoyo del PSOE y de Vox, pero en la que no ha logrado convencer al resto de la izquierda, que cree que la asunción de competencias se queda corta. El vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar, ha mostrado su satisfacción por "el amplio consenso alcanzado en una propuesta que es de vital importancia para optimizar el control de las infracciones en materia de vivienda turística y acabar con la actividad ilegal en Alicante”. El edil popular ha destacado que, de trasladarse los apoyos recogidos en la Comisión de Urbanismo al próximo pleno, la propuesta recibiría 26 de los 29 votos de la Corporación municipal.

"Es una propuesta vital para optimizar el control de las infracciones en materia de vivienda turística y acabar con la actividad ilegal en Alicante"

Manuel Villar

— Vicealcalde de Alicante

Por su parte, la portavoz del grupo socialista, Ana Barceló, ha señalado que esta medida debería servir "para evitar viviendas de uso turístico ilegal y facilitar un aumento del parque de vivienda de alquiler". No obstante, ha enfatizado que "es imprescindible que Barcala garantice el personal suficiente y necesario para llevar a cabo un control efectivo". La edil del PSOE ha recordado que el departamento de infracciones y sanciones "estaba formado hasta ahora por 6 trabajadores, y la propuesta incluye la incorporación de otras cinco plazas, entre ellas, dos agentes de policía".

"Es imprescindible que Barcala garantice el personal suficiente y necesario para llevar a cabo un control efectivo"

Ana Barceló

— Portavoz municipal del PSOE

En la misma línea, Barceló ha recordado que esta fue "una de las condiciones para que el grupo socialista aprobara la ampliación de la moratoria de concesión de licencias de pisos turísticos a los bloques completos" y ha manifestado que su pacto con el PP se debe a que es "fundamental" que el Ayuntamiento "ejerza un control exhaustivo sobre la actividad de los pisos turísticos ilegales y que se persiga y se sancione una actividad ilegal que causa un perjuicio global a la ciudad".

"La medida nace sin medios suficientes y con importantes contradicciones"

Manolo Copé

— Portavoz municipal de EU-Podemos

En cambio, el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, ha justificado su "abstención crítica" en que, aunque comparte "la necesidad de actuar frente a una realidad que afecta gravemente al acceso a la vivienda y a la convivencia en los barrios", también advierte de que la medida "nace sin medios suficientes y con importantes contradicciones". Por su parte, Rafa Mas, de Compromís, ha lamentado que el protocolo que se anunció hace un año "llega sin personal, sin policías, sin administrativos y sin inspectores", por lo que se pregunta "cómo se va a inspeccionar, cerrar y multar los pisos turísticos ilegales sin más personal".

"¿Cómo se va a inspeccionar, cerrar y multar los pisos turísticos ilegales sin más personal?"

Rafa Mas

— Portavoz municipal de Compromís

El SEP lo ve inasumible

Desde el Sindicato de Empleados Públicos de la Comunidad Valenciana (SEP-CV) han mostrado su "oposición" a la adhesión del Ayuntamiento de Alicante al convenio marco con la Generalitat y la FVMP para asumir la incoación, tramitación y resolución de sanciones en materia de viviendas de uso turístico (VUT), "si la propuesta se mantiene con un crecimiento de plantilla cero".

Los representantes de los funcionarios indican que "la finalidad de perseguir la actividad ilegal y ordenar el fenómeno de las VUT es legítima", pero que la gestión sancionadora "exige medios reales". Desde el SEP consideran que "los documentos del expediente lo dejan claro" y recuerdan que el informe técnico del área "estima un incremento del 20 % de la carga de trabajo, con un volumen ya elevado", puesto que se han tramitado 418 expedientes de infracción urbanística vinculados a estos alojamientos entre 2023 y 2025, con un alto porcentaje de confirmación e incoación sancionadora.

"No se puede prometer más control y más inspección con las mismas manos. Si el propio Ayuntamiento admite que hace falta incorporar perfiles técnicos, administrativos y dos agentes, llamar a eso 'coste cero' es, en la práctica, quitar recursos a otras áreas y abrir la puerta al colapso y a los errores", ha defendido Juan Carretero, secretario de Organización del sindicato. Durante la comisión, el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha apuntado que este año se repondrán 60 plazas de puestos municipales que en estos momentos están vacantes y que, con parte de ellas, se reforzará Urbanismo.

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