El alquiler supera ya los 1.000 euros de media en más de la mitad de Alicante

En mayo de 2023, días antes de que el Gobierno de España aprobase la Ley de Vivienda, alquilar un piso de noventa metros cuadrados en barrios como Altozano, San Antón, Vistahermosa o El Pla costaba menos de mil euros de media. La normativa estatal permite fijar límites y contener la subida de los alquileres al no autorizar incrementos superiores al IPC (del 2,5% en diciembre de 2025), lo que habría mitigado el encarecimiento entre 200 y 300 euros. En cambio, la escalada de precios sigue imparable en Alicante, una de las ciudades que han rechazado declarar zonas tensionadas en su territorio, donde cinco de las nueve áreas que distinguen los portales web ya cuentan con un importe medio de alquiler que supera el millar de euros.

De acuerdo con los datos históricos de Idealista, el precio medio por metro cuadrado en 2023 permitía alquilar pisos en la Zona Norte por 630 euros; en Los Ángeles por 684 euros; en Altozano y Vistahermosa por 792; en Benalúa por 801; en San Blas por 855; en El Pla o San Antón por 873; e incluso en el Centro Tradicional, por 899. A partir de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, declarar dichas áreas como zonas tensionadas habría contenido la subida de precios (de más del 12 % en algunos casos) en torno al 2 % anual, lo que habría arrojado un incremento de menos de 35 euros.

De ahí que la ausencia de regulación haya traído consigo que en cuatro de esos barrios que no alcanzaban los 900 euros de alquiler medio, el coste del arrendamiento ya supere los mil. Es el caso de Altozano (1.053 euros por un piso de noventa metros en 2025); Vistahermosa (1.107); El Pla y San Antón (1.1.43) y El Centro (1.197).

En San Blas y la Zona Norte, aunque todavía no se rebasa la barrera del millar de euros, el encarecimiento también ha hecho pasar el alquiler medio de 855 euros a 990, y de 630 a 918, respectivamente. Misma situación que en Benalúa (donde ha crecido de 801 a 981 euros) y en Los Ángeles: de 684, a 900 euros. Caso aparte es Playa de San Juan, los arrendamientos (a 1.053 euros mensuales de media en 2023) superan en enero de 2026 los 1.332 euros.

Para intentar contener estas subidas, la Ley de Vivienda también prevé poner coto a las actualizaciones "abusivas" que se producen frecuentemente cuando un contrato de alquiler cumple los cinco años de antigüedad, obligando a propietario e inquilino a firmar un nuevo acuerdo. Un momento que, en muchas ocasiones, supone un incremento considerable del coste del alquiler del piso.

De acuerdo con la normativa estatal, en zonas tensionadas la renta del nuevo contrato no podrá superar la última fijada en el contrato anterior ya actualizada. Es decir, aplicando la cláusula de actualización anual que tuviera dicho contrato. Además, tampoco se pueden incorporar a la redacción nuevos gastos o cuotas que no estuvieran reflejados previamente.

Crisis de Vivienda

Con este panorama, cada vez menos expertos dudan en la compleja situación que atraviesa el mercado de la vivienda en la capital de la provincia. En una reciente entrevista con INFORMACIÓN, Elia Gutiérrez, catedrática de Composición Arquitectónica de la Universidad de Alicante que acaba de ser fichada por el Gobierno para asesorar en las políticas de vivienda, aseguró que "Alicante sufre una presión añadida por las segundas viviendas y por un modelo residencial pensado para otros perfiles". Entre los "culpables", Gutiérrez señala a la construcción de "urbanizaciones pensadas para población mayor europea con alto poder adquisitivo, lo que genera efectos de expulsión sobre la población local".

Aunque también se dirigen las miradas más críticas hacia el turismo masivo: plataformas en contra del fenómeno como "Alicante Dónde Vas", la oposición municipal... y, ahora, incluso el gobierno local. Después de que, en los primeros compases del mandato, el ejecutivo de Luis Barcala defendiese que aún había "margen de crecimiento" cuando València se lanzó a limitar las licencias, los populares han terminado dando su brazo a torcer y han replicado la medida con una moratoria para la concesión de nuevos permisos como paso previo a una revisión del planeamiento.

Esta misma semana, además, el Consistorio ha avanzado en la aprobación de la adhesión de Alicante al convenio con la Generalitat para poder inspeccionar y multar a aquellos alojamientos vacacionales que no cumplan con la normativa autonómica. Una decisión que ya fue anunciada por el ejecutivo popular en las primeras semanas del 2025 y que ha contado en comisión plenaria con el respaldo del PP, el PSOE y Vox, frente a la abstención de Compromís y EU-Podemos. En el expediente, que debe ratificarse inicialmente este jueves en el Pleno, se incluye un informe municipal que afirma que la "implantación masiva" de los alquileres turísticos es "incesante" y que "ha sorprendido y desbordado a la ciudadanía y a la Administración", por lo que se califica como un "asunto prioritario", de acuerdo con su presencia habitual en los debates plenarios.

El problema, según el Ayuntamiento, se soluciona aumentando la oferta disponible. Por este motivo, el gobierno de Luis Barcala asegura que "impulsará" (una expresión en la que se incluye proyectar las viviendas sobre el papel, sin necesidad de que estén construidas) 6.000 viviendas antes de que termine el mandato. Por ahora, llave en mano, se han terminado las 15 viviendas para alquiler joven de El Portón (un proyecto pendiente desde hace dos décadas) y se ha avanzado en la reforma de las antiguas casas de maestros de San Gabriel, con otros 14 inmuebles que se esperan entregar tras el verano. En las viviendas sociales de la calle Ceuta, el Ayuntamiento ha renunciado a construir un bloque de 32 pisos sociales (el concurso quedó desierto) y ha pasado a la fórmula de la permuta: recibirá un mínimo de tres viviendas para alquiler asequible a cambio del precio del suelo.

Paralelamente, la Generalitat avanza en el Plan Vive, aunque lo hace a paso lento. Hasta este momento, se ha adjudicado suelo para la construcción de 90 viviendas en Rabasa, de las que solo 13 pasarán al parque público. A su vez, se ha impulsado la licitación de otras 221 viviendas protegidas en barrios como Tómbola, Los Ángeles, el PAU 1 o Vistahermosa.

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