Compromís lleva a las Cortes la adjudicación de vivienda protegida en Alicante y pide a la conselleria los visados de Les Naus
Aitana Mas y Maria José Calabuig solicitan el listado anonimizado de adjudicatarios, resoluciones testadas y estadísticas de ingresos, tipologías e incidencias de la promoción donde figuran como propietarios una concejala y otros vinculados al Ayuntamiento

Urbanización Les Naus / Héctor Fuentes
Compromís ha trasladado a las Cortes Valencianas la polémica por la adjudicación de viviendas de protección pública en el residencial Les Naus de Alicante y ha solicitado a la Conselleria de Vivienda, Ocupación, Juventud e Igualdad documentación detallada sobre la tramitación de los contratos de la promoción. Las diputada alicantinas Aitana Mas Maria José Calabuig, en nombre del grupo y al amparo del artículo 12 del reglamento de la Cámara, reclaman información referida al expediente.
La iniciativa llega después de que se conociera que en esta promoción, la primera de vivienda pública ejecutada en la ciudad en dos décadas, figuran como titulares de inmuebles la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, los dos hijos de una directora general municipal y un arquitecto del área de Urbanismo. La urbanización, ubicada en el entorno de la Condomina, se compone de 134 viviendas y se levantó sobre una parcela de suelo municipal que pasó a manos privadas tras un proceso de enajenación y adjudicación.
Compromís dirige su petición de documentación a la conselleria competente en vivienda para obtener la relación y copia de todos los expedientes de visado de contratos (compraventa y arrendamiento) tramitados para Les Naus. En su escrito, las diputadas solicitan que, para cada caso, se detalle el número de expediente, fecha, identificación de la vivienda, tipología y resultado del visado (favorable, denegado o con subsanación), además del tramo de ingresos acreditado, el número de personas de la unidad convivencial y un listado anonimizado de adjudicatarios.
Copia de resoluciones
El grupo también reclama la copia de las resoluciones de visado emitidas, con los datos personales testados, pero manteniendo los elementos necesarios para comprobar el cumplimiento de requisitos y la adecuación del precio o renta a la normativa aplicable. Junto a ello, pide una estadística agregada de adjudicación y visados, con distribución por tipologías, viviendas accesibles, tramos de ingresos y el número de renuncias, sustituciones e incidencias registradas.
Aitana Mas ha cargado contra el PP por esta controversia y ha sostenido: “Es otra más del PP, de nuevo con una política de vivienda nefasta que vuelve a percutir en sus intereses y en los amigos y las amigas que están alrededor del mismo”. La diputada ha añadido: “Es indecente que en un momento en el que la vivienda, después de dos años de inflación, ha subido casi un 23 %, que el PP esté repartiendo pisos a la propia concejala de Urbanismo y a aquellos que les rodean”, antes de añadir: “Es indecente que la gente no pueda llegar a final de mes, que tenga que mirar cada céntimo a la hora de ir a comprar, que no pueda pagar el alquiler o la hipoteca, y que aquellas promociones destinadas a las personas más vulnerables tenga una resolución favorable a gente del PP y cercana. Nada nuevo bajo el sol pero otra decepción del PP, que siempre hemos tenido claro que ha mirado y primado su interés y las prácticas oscuras que no aportan beneficio a la política ni al descrédito de las instituciones”.
En el ámbito municipal, el portavoz de Compromís en Alicante, Rafa Mas, ha anunciado iniciativas en el Ayuntamiento: “Vamos a registrar (los tres grupos de la izquierda) la petición de un pleno extraordinario para que el alcalde de explicaciones sobre la adjudicación de las VPO, desde cuándo el alcalde tiene información sobre este hecho y si conocía que existía un informe de un alto cargo de patrimonio paralizando estas adjudicaciones definitivas”.
Sobre el perfil de los adjudicatarios, ha añadido: “Además, le preguntamos si considera que una concejala que cobra más de 60.000 euros debe ser beneficiaria de una VPO o familiares de directores generales que cobran 80.000 euros. A su vez, piensa respecto al Plan Vive, ¿repartir más entre los altos cargos?”. Y ha concluido: “El alcalde es responsable, corresponsable, la pieza angular de esta nueva trama urbanística. Vuelve la corrupción al Ayuntamiento de Alicante, que pensábamos que estaba desterrada y vuelve con más fuerza que nunca con adjudicaciones de pisos de VPO a personas vinculadas con el PP”.
En paralelo, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha ordenado la apertura de un expediente de averiguación de hechos para esclarecer la tramitación y ha advertido de que, ante cualquier indicio, el caso se pondrá en conocimiento de la Justicia. “Que nadie tenga ninguna duda de que no me va a temblar el pulso para tomar las medidas que haya que tomar”, ha afirmado el regidor, que asegura que llegará “hasta el final” y que llevará el asunto a Fiscalía ante “la menor sospecha”. Según ha explicado, el informe requerido solicita información a las áreas de Urbanismo, Patrimonio y Contratación y pide, entre otros extremos, la relación del personal que haya participado en el expediente.
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