Pleno de Alicante | Barcala, sobre la polémica por las viviendas públicas: "No voy a parar, caiga quien caiga"

La reciente adjudicación de viviendas públicas a la concejala de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez, y a más beneficiarios vinculados con personal del Ayuntamiento, que ha avanzado INFORMACIÓN, ha condicionado el pleno de este mes de enero. El PSOE y Compromís han retirado dos iniciativas presentadas a la sesión para introducir preguntas dirigidas al ejecutivo popular de Luis Barcala sobre la polémica urbanística.

Desde antes de comenzar la sesión, la noticia ya copaba buena parte de las conversaciones en torno al Salón de Plenos. Tal y como publica hoy este diario, al menos una concejala, los dos hijos de una directora general y un arquitecto de Urbanismo han sido agraciados con viviendas en la primera promoción pública que se ha construido en la ciudad en dos décadas.

Se trata de una urbanización de 134 pisos de tres y cuatro dormitorios con piscina, gimnasio, club social y pistas de pádel y polideportiva, entre otros servicios comunes, que ha sido levantada sobre un suelo municipal que pasó a manos privadas mediante un proceso previo de enajenación. Todo ello en medio de una extraordinaria tensión avivada por una insostenible falta de alojamiento y precios prohibitivos.

Seis meses de "verano"

La sesión se ha iniciado con la aprobación de la modificación de la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública, pactada recientemente por el PP y Vox, en la que se acuerda extender la temporada de verano durante seis meses al año, siguiendo el ejemplo de ciudades como Elche, Málaga o Torrevieja.

Al respecto, el gobierno popular y los ultras han defendido la necesidad de incrementar la temporada alta para beneficiar al sector hostelero manteniendo un equilibrio con el derecho al descanso de los vecinos. Sin embargo, la izquierda ha considerado que se trata de una medida pensada para el turista y que olvida a los residentes.

Rafa Mas regala una flauta a Cristina Cutanda en pleno debate por las ratas en Alicante

El momento del debate lo ha protagonizado el portavoz de Compromís, Rafa Mas, quien ha "regalado" una flauta a la concejala de Ocupación de Vía Pública, Cristina Cutanda, tras las críticas vecinales por la proliferación de ratas en distintos puntos de la ciudad: "Tóquela, a ver si así se van", le ha espetado.

La medida ha sido aprobada con los votos del PP y Vox, frente al rechazo de la izquierda: el PSOE, Compromís y EU-Podemos.

Competencias para sancionar pisos turísticos ilegales

A continuación, se ha debatido sobre la decisión del Ayuntamiento de Alicante de asumir las competencias para inspeccionar y sancionar apartamentos turísticos, un año después de que el alcalde, Luis Barcala, anunciara la medida en la pasada edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid.

La polémica por la adjudicación de viviendas públicas en Alicante irrumpe en el pleno

El vicealcalde, Manuel Villar, ha defendido el refuerzo que se ha realizado en Urbanismo para poder ejercer esta labor inspectora y sancionadora. Con los datos disponibles, y en función de la gravedad de las infracciones detectadas por la Unidad de Aperturas y Disciplina Urbanística de la Policía Local, el gobierno local calcula un impacto económico 8,8 millones de euros para los próximos cinco ejercicios.

La izquierda, por su parte, ha reprochado que la decisión llega "a medias", al considerar que debería venir acompañada de mayor personal. Al respecto, el PP ha sumado el apoyo del PSOE y Vox, además de la abstención de Compromís y EU-Podemos.

De las ratas al valenciano

A la hora de las preguntas, el PSOE se ha interesado por el mantenimiento de colegios, el estado en el que se encuentra el Rico Pérez y el abandono del polideportivo de Colonia Requena. Al respecto, el PP ha replicado cargando contra el Botànic (por anunciar obras nunca ejecutadas en el estadio del Hércules) y el tripartito de izquierdas, al asegurar que las instalaciones de la Zona Norte llevan 20 años abandonadas.

Por su parte, Vox ha consultado sobre la posibilidad de exigir a los tanatorios que vuelvan a permitir el velatorio de los difuntos durante las 24 horas del día. Una petición rechazada por el PP, alegando que se trata de empresas privadas a las que el Ayuntamiento no puede imponer condiciones específicas. Los de Abascal se han interesado también por la proliferación de ratas en espacios públicos, a lo que el ejecutivo municipal ha respondido que se está trabajando en dicha problemática y que el trabajo "tiene que ser conjunto por parte del Ayuntamiento y de la ciudadanía".

En su turno de palabra, Compromís ha criticado que el punto de encuentro familiar para víctimas de violencia de género se ubique en Urbanova, dificultando la accesibilidad y la seguridad de las mujeres. La concejala Begoña León se ha defendido alegando que es un servicio autonómico y que el Ayuntamiento solo cede el espacio, que además, considera bien conectado.

La coalición también se ha interesado por saber cómo piensa el Ayuntamiento de Alicante garantizar la continuidad de la Agencia de Promoción del Valenciano, según ha asegurado el vicealcalde, al mismo tiempo que se elimina la única plaza adscrita a dicho departamento. Villar, por su parte, ha respondido que "se crea una plaza de administrativa asociada a un puesto de gestor con conocimientos mínimos de C1 de valenciano, que será quien se ocupe de la traducción".

Obras irregulares en Panoramis

El portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, ha vuelto a poner sobre la mesa las irregularidades urbanísticas cometidas en el antiguo centro comercial Panoramis, donde la Cámara de Comercio ha construido su nueva sede sin licencia y con dinero público, excediendo la edificabilidad permitida.

Copé ha consultado si Urbanismo ha realizado comprobaciones técnicas y jurídicas sobre las obras ejecutadas en el entorno por distintas empresas privadas. La respuesta, del vicealcalde Villar, ha sido escueta: "La Concejalía de Urbanismo ha inspeccionado todos los locales" del complejo de negocios.

Choque por la financiación

Tras un receso, el pleno ha proseguido con la confrontación de dos iniciativas respecto al nuevo sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España. El PSOE, por un lado, defendiendo que es una oportunidad para la Comunidad Valenciana y el PP, por otro, asegurando que es una cesión más a los separatistas.

Por su parte, EU-Podemos ha asegurado que la situación se encuentra en un término medio "entre el alarmismo del PP y la autocomplacencia del PSOE", ya que "ninguna de las dos propuestas responde a la realidad cotidiana que vivimos en Alicante", por lo que ha pedido una reforma "que garantice servicios públicos".

Sara Llobell, de Compromís, ha calificado la propuesta de Pedro Sánchez como "un paso insuficiente", reclamando que se condone la deuda "injusta", acumulada "por no recibir la financiación que tocaba". La valencianista lamenta que la iniciativa del ministerio "pone un tirita" y cre que "sin reforma del sistema, seguirá generándose infrafinanciación".

Desde Vox, Óscar Castillo ha lamentado que "cambian los socios, pero el método del PSOE y del PP es el mismo" y ha defendido que "las autonomías han creado ciudadanos de primera y de segunda", convirtiendo la financiación en "moneda de cambio para sostener gobiernos débiles".

Polémica urbanística

El pleno municipal de este mes de enero ha girado en torno a la polémica urbanística por la última promoción de vivienda pública en Alicante. Un edificio, en Playa de San Juan, en el que han resultado beneficiarios la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y varias personas vinculadas con el Consistorio. En este sentido, la oposición ha presionado al alcalde, Luis Barcala, y ha exigido una aclaración de la adjudicación de las viviendas, ante sospechas de posible trato de favor y uso de información privilegiada.

La portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha anunciado que su formación irá a Fiscalía para que investigue la tramitación y ha exigido al regidor que cese de forma inmediata a Rocío Gómez, beneficiaria de una de las viviendas de protección. Por su parte, ha sido el propio Barcala el que ha dado respuesta a las preguntas de la oposición: "Ayer ordené la apertura de un expediente de averiguación de hechos porque se han vertido acusaciones muy, muy graves. Me preocupa tanto o mucho más de lo que pueda preocupar a cualquiera de ustedes".

En ese expediente, se ha exigido un listado de todos los adjudicatarios, así como de las personas que intervinieron en la tramitación, sea cual sea su cargo. "No voy a parar, voy a ir hasta el final y con todas sus consecuencias. La más mínima irregularidad hará que lo lleve a Fiscalía personalmente, y todos ustedes van a tener información en tiempo real de todos los informes que se elaboren. No voy a dejar pasar este asunto sin exigir responsabilidad, sea quien sea y caiga quien caiga", ha añadido Barcala.

Desde el PSOE han exigido a Barcala el cese de Rocío Gómez y, desde Vox, el de la directora general de Recursos Humanos, cuyos hijos han resultado beneficiarios de la promoción: "Tomaré las decisiones pertinentes en el plazo más corto posible, a la vista de las conclusiones de ese expediente de averiguación de hechos", ha replicado el alcalde.

Vox carga contra los migrantes

En la parte final de la sesión, Vox ha exigido al gobierno de Barcala que cumpliera con una de las medidas "extrapresupuestarias" pactadas a cambio de aprobar los presupuestos del 2026: aprobar una iniciativa de los ultras en contra de las personas migrantes y del Pacto Verde europeo. "Hoy vamos a hablar de una verdad que les incomoda: España sufre las consecuencias de una política migratoria irresponsable y un Pacto Verde ideológico que está destruyendo el país", ha señalado Carmen Robledillo, portavoz de los de Abascal.

En este sentido, los ultras exigen la aprobación por el Pleno municipal de una declaración institucional para respaldar el discurso de Juanfran Pérez Llorca, igualmente impuesto por Vox, en materia medioambiental y de inmigración. El nombrado presidente de la Generalitat tras la salida de Carlos Mazón defendió en su toma de posesión la necesidad de "preservar la identidad" española, y tildó de "amenaza" el acuerdo medioambiental aprobado en Europa con el respaldo de su propio partido, el PP. Sobre la inmigración, Llorca volvió a comprar los postulados de Vox y abogó por "ordenar la inmigración desde el sentido común, el acuerdo y el consenso", respetando los "valores culturales, normas sociales, y convicciones democráticas".

Ha sido Villar el encargado de responder a los de Abascal: "Es una declaración muy densa con muchos acuerdos, lo único que podemos hacer es recordar que todos estos puntos fueron tratados por el presidente Pérez Llorca y la postura de nuestro partido quedó clara en ese discurso, por lo que la hacemos nuestra". Finalmente, la declaración ha sido aprobada por el PP y Vox, frente a la oposición de la izquierda.

"No abre la boca"

La concejala de Compromís Sara Llobell ha tomado la palabra para exigir al alcalde, Luis Barcala, una rectificación respecto a una intervención anterior en la que el regidor ha manifestado que la edil valencianista "no abre la boca" en los consejos de Aguas de Alicante.

"Sin problema, lo matizo porque no tengo intención de molestarla ni de ofenderla. A lo que me he referido es a que, de la cuestión concreta a la que estaba usted aludiendo, no ha dicho nada nunca", ha respondido el alcalde.

Compromís, contra el "pisito" de Mazón

Compromís ha planteado también una Declaración Institucional para modificar el estatuto de los expresidentes, por el que pueden hacer uso de una oficina, personal asesor o un puesto en el Consell Jurídic Consultiu, entre otras prestaciones.

La portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha mostrado su preocupación por la ejemplaridad en el buen uso de los recursos públicos, pero ha señalado que los servicios representativos para los expresidentes "no son un premio personal, sino que nacieron para reconocer la institución de la presidencia, con independencia de quien la haya ocupado".

Desde Vox, Carmen Robledillo se ha mostrado de acuerdo con eliminar "todos los privilegios para todos los expresidentes" y ha acusado a los valencianistas de "querer controlar el Consell Jurídic Consultiu". Para Mari Carmen de España, del PP, la iniciativa nace "de la demagogia, el oportunismo político y el ajuste de cuentas", culpando a los valencianistas de no impulsar la misma medida cuando Ximo Puig se convirtió en expresidente. La petición ha sido rechazada por el PP, el PSOE y Vox, sumando solo el apoyo de Compromís de EU-Podemos.

El expresidente Carlos Mazón, objetivo de la iniciativa, tiene derecho a 75.000 euros anuales durante dos años y medio (el mismo tiempo que estuvo como presidente) si ingresa en el Consell Jurídic Consultiu, cosa que hasta ahora no ha hecho pese a tener derecho a ello. Actualmente, ingresa unos 61.800 euros anuales como diputado autonómico gracias la portavocía de la comisión de reglamento que se le adjudicó tras abandonar la Presidencia, que aumenta en casi 9.000 euros su salario como representante en las Cortes.

En el resto de la sesión, la izquierda y Vox se han unido para imponer al gobierno popular el compromiso de crear cien nuevas plazas en la Policía Local de Alicante. Por último, se han debatido dos peticiones de EU-Podemos: una para la rehabilitación del Ayuntamiento (rechazada por el PP y Vox), y otra para ampliar la red de autobuses nocturnos, con idéntico resultado. No obstante, el PP ha anunciado que estudia ampliar el número de paradas en las líneas nocturnas para mejorar la seguridad de niñas y mujeres.

LA NOTICIA SE ACTUALIZA EN DIRECTO