Adjudicación de viviendas públicas en Alicante, cuatro años con polémicas y dudas para la venta de la parcela

Tras más de dos décadas de espera, el gobierno de Barcala anunció en julio de 2018 que los alicantinos iban a tener la oportunidad de acceder a un número "elevado" de pisos protegidos en la ciudad. Y que además, según añadió el entonces concejal de Hacienda, Carlos Castillo, el proyecto se impulsaría en una zona, en alusión a la avenida Historiador Vicente Ramos, en La Condomina, "dotada de tantos servicios y una ubicación extraordinaria".

El proyecto se activó en julio de 2018, cuando la Junta de Gobierno, apenas tres meses después de la llegada de Barcala a la Alcaldía, aprobó la convocatoria para la enajenación de una parcela de 8.618 metros cuadrados, propiedad del Ayuntamiento y situada entre las calles Historiador Vicente Ramos, Redes y Periodista Asunción Valdés. El precio fijo era de 6,67 millones.

La decisión del ejecutivo local de vender la parcela se basó, además de la vertiente social, en una cuestión económica, y es que el Ayuntamiento necesitaba financiación para inversiones tras destinar el superávit del presupuesto a hacer frente a una indemnización pendiente con Hansa Urbana, que ascendía a 18,15 millones.

No fue hasta septiembre de ese 2018 cuando se licitó el proceso de venta de la parcela, al que se pudieron presentar ofertas hasta el 16 de octubre. Sin embargo, el procedimiento encontró el primer escollo nada más arrancar. Justo una semana después, el Ayuntamiento anunció la suspensión ante la interposición de sendos recursos de reposición por la mercantil Block Arquitectura y la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia (Provia).

Cláusula en el foco

El foco se puso en una de las cláusulas del pliego. En concreto, la referida al criterio de desempate, que señalaba que en el caso de que dos o más interesadas obtuvieran la misma puntuación se impondría aquella que hubiera presentado la oferta en primer lugar.

Casi dos meses después, el 18 de diciembre, la Junta de Gobierno acordó dejar sin efecto la citada cláusula, tras aceptar los recursos tanto de la promotora como de la asociación empresarial "para evitar cualquier posible suspicacia o sombra de duda" al considerar que no era "ilícita", pero que "contradecía los principios de buena administración", en alusión a los de igualdad y libre concurrencia.

En ese momento, la licitadora y a la postre ganadora del concurso, la cooperativa Les Naus, que había sido la primera de las licitadoras en presentar la oferta, registró alegaciones, al considerar que la promotora no tenía legitimidad para recurrir, una postura rechazada por la Junta de Gobierno, que finalmente optó por desistir del proceso para iniciar uno nuevo.

En los tribunales

Ante ese revés, la cooperativa impulsó un proceso judicial frente a la decisión del gobierno local de reiniciar la licitación sin la cláusula prevista inicialmente en caso de empate, que todo apuntaba que se iba a sustituir por un sorteo. Ese nuevo intento de la cooperativa fue desestimado por un juzgado.

Contra ese auto, interpuso un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que sí fue estimado, lo que significó la anulación del acuerdo de la Junta de Gobierno, en el que se habían aceptado los recursos frente al criterio de un hipotético desempate. La resolución fue firme al renunciar el Ayuntamiento a acudir al Supremo.

Así, el proceso de retomó tres años después de su paralización. Y se hizo pidiendo a los cinco licitadores que presentaron oferta en octubre de 2018 que depositaran la garantía necesaria. Sin embargo, solo dos continuaron adelante: Residencial Les Naus Cooperativa y Edificio Teulada SL.

Tras abrir los sobres se supo que ambas licitadoras habían presentado ofertas prácticamente idénticas, lo que ponía de nuevo en el foco el criterio de desempate. Ambas, por ejemplo, se comprometían en reducir el plazo de ejecución de las obras de 18 a 13 meses. A su vez, también coincidían con la oferta de plazas de aparcamiento y con la construcción de un club social de 200 metros cuadrados.

Igualmente, ambas incrementaron la superficie prevista para la o las piscinas, de 750 metros cuadrados a 1.500, y para las instalaciones deportivas, pasando de 1.200 metros cuadrados a 1.700, al igual que habilitar cincuenta aparcabicis. Solo en una cuestión no coincidieron, que fue lo que llevó al final a los técnicos a desnivelar la balanza: Les Naus ofreció 125 puntos de recarga eléctrica, frente a los 75 de su rival.

Durante los casi cuatro años que duró el proceso, desde que se impulsó en Junta de Gobierno hasta que se formalizó la venta de la parcela, la polémica no estuvo al margen, incluídas críticas desde Ciudadanos. Previamente a que surgiera la polémica, en julio de 2018, el asunto llegó al Pleno. Y es que el PSOE promovió una comisión para efectuar un seguimiento a la adjudicación de la parcela. La propuesta, previa a que se iniciara el proceso de licitación, no sumó el apoyo de ningún otro grupo municipal.

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