Barcala deriva el foco al Consell: exige que se reforme la normativa de adjudicación de vivienda pública para garantizar su transparencia

Tras un día de intensa polémica política por la adjudicación de viviendas de protección a la concejala de Urbanismo y a otras personas con vínculos con el Ayuntamiento, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, pidió este viernes al Consell una modificación urgente de la normativa autonómica de vivienda protegida, con el objetivo de "garantizar" que este tipo de viviendas solo sean asignadas a quienes realmente se encuentren en situación de vulnerabilidad y para reforzar la transparencia en todos los procesos de adjudicación.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, en la que no aceptó preguntas, Barcala explicó que esta medida es "fundamental" para evitar que personas que no cumplan los requisitos accedan a viviendas sociales, dejando fuera a aquellos que realmente las necesitan. "No voy a permitir bajo ningún concepto que alguien que no está en situación de vulnerabilidad acceda a una vivienda social", subrayó el alcalde tras la dimisión de la directora general y horas antes del adiós de la edil de Urbanismo.

La intervención de Barcala llega tras dar a conocer INFORMACIÓN de que al menos una concejala del gobierno local, Rocío Gómez, junto a un arquitecto municipal y los dos hijos y un sobrino de María Pérez-Hickman, habían sido beneficiados con viviendas protegidas en la primera promoción pública de este tipo en la ciudad en dos décadas. La promoción de viviendas, ubicada en la Cooperativa Residencial Les Naus, ha causado una gran polémica en la ciudad, llegando a tener eco nacional, y llevó a que la oposición en bloque exigiera responsabilidades y un pleno extraordinario para abordar el asunto.

Asimismo, el alcalde aseguró que el expediente de aclaración de hechos abierto por el Ayuntamiento se está redactando con “máxima celeridad” para disponer cuanto antes de la información necesaria que permita tomar decisiones y defendió, “con la información que dispone en estos momentos”, la actuación de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, cuya participación en la promoción ha generado una fuerte controversia política y social. Horas después, la edil dimitió.

Exigencias a la conselleria

En la comparecencia, el alcalde señaló que este caso debe servir para exigir que todos los requisitos de acceso a una vivienda social, ya sea de protección oficial, de precio asequible o de cualquier otra modalidad, se rijan por criterios de absoluta transparencia. “No podemos permitir que los procesos para acceder y obtener una vivienda social no sean transparentes ni que el conocimiento de esos procesos no sea accesible a todo el mundo”, afirmó el alcalde, quien reclamó una modificación de la normativa autonómica que refuerce tanto la claridad de los procedimientos como el control de los requisitos.

Además, hizo un llamamiento a todos los alcaldes de todos municipios de la Comunidad Valenciana para que reclamen lo mismo. "Hago un llamamiento a que todos los municipios exijamos lo mismo y estoy convencido de que este llamamiento a que se modifique la normativa de acceso a viviendas sociales va a ser recogido por la Generalitat y por el Gobierno de España", apuntó Barcala.

Pleno extraordinario "con urgencia"

En relación con un pleno extraordinario solicitado por la oposición, Barcala explicó que, en cuanto a la convocatoria, se trabaja para ajustar algunos de los puntos que se quieren tratar en el pleno, con el fin de que estén concretados y subsanados. "Mi intención es que el pleno se celebre con la mayor celeridad posible, con toda certeza, creo que dispondremos todos de la información necesaria del expediente completo y de los informes de todos los departamentos, en este caso Patrimonio, Urbanismo, Contratación, más los que el instructor haya estimado convenientes", señaló Barcala.

El alcalde subrayó que el objetivo del pleno es abordar todos los extremos del proceso y esclarecer cualquier duda sobre la asignación de estas viviendas. "A todos nos afecta lo mismo, comprendo perfectamente lo que la oposición está solicitando, porque yo tengo el mismo interés que ellos en celebrar un pleno en el que se den todo tipo de explicaciones. Probablemente, no solo lo que han pedido, sino todo aquello que estimemos conveniente para aclarar la situación", explicó el alcalde.

Por otro lado, el alcalde hizo hincapié en que se ha abierto un expediente de aclaración de hechos que se está llevando a cabo . "Este expediente tiene como objetivo aclarar todas las circunstancias de lo sucedido. He pedido que la información fiable y necesaria esté disponible lo antes posible para tomar las decisiones pertinentes", explicó. Barcala aseguró que, si se detectara el más mínimo indicio de responsabilidad, acudirá inmediatamente a la Fiscalía para que se depuren las responsabilidades de todo tipo y recalcó que, ante cualquier indicio de irregularidad tomará las decisiones necesarias, "caiga quien caiga".

Defensa de la Concejala de Urbanismo "con la información disponible"

En relación con la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, el alcalde defendió su actuación aunque matizó: "Con la información que disponemos en estos momentos". Barcala señaló que Gómez "no ha intervenido en ninguna decisión vinculada a este expediente de vivienda social", ya que, según el alcalde, la concejala, que dimitió horas después de las palabras de Barcala, se incorporó a la cooperativa Les Naus en 2018, cinco años antes de acceder a la política y ocupar su puesto en el gobierno local, y que la licencia de obras para la construcción de estas viviendas fue concedida en 2022, un año antes de que Gómez asumiera su cargo como concejala.

Barcala añadió que se ha abierto un expediente informativo que se encuentra en proceso de recopilación y análisis de toda la documentación, y que permitirá responder a todas las preguntas que se puedan plantear sobre este asunto. "A la mayor brevedad posible, toda la información parcial y completa que se vaya obteniendo estará disponible para todos", aseguró el alcalde.

La cronología facilitada por el entorno de la concejala detalla que tanto ella como su pareja se unió a la cooperativa en 2018, cinco años antes de que Gómez asumiera su puesto como concejala en 2023. En diciembre de 2021 cumplimentaron la ficha de datos de admisión a la promoción, el mismo mes en el que pagaron la reserva, solicitando días después la adhesión a la citada cooperativa. En febrero de 2022, la pareja fue aceptada en el consejo rector, con el número 18 en la cooperativa. En ese mismo mes, la edil y su marido hicieron el pago del 25 % de la vivienda. Un mes después, la pareja firmó el contrato de adhesión y adjudicación del piso. En febrero de 2025, ya como concejala, se visó el contrato de adhesión a la cooperativa y adjudicación de vivienda por parte de la Generalitat.

En el caso de la responsable de Urbanismo del gobierno local, adquirió, junto a su pareja, una vivienda en una quinta planta, con 89,39 metros cuadrados de superficie útil que, junto a una plaza de garaje y un trastero, se escrituró el 4 de septiembre de 2025 y se inscribió el 24 de octubre de ese mismo año.

Suscríbete para seguir leyendo