El PSOE presiona a Barcala y Camarero por el caso de las viviendas protegidas en Alicante

El PSOE ha puesto este jueves el foco en el Ayuntamiento de Alicante y en el Consell por el caso de Les Naus, tras conocerse adjudicaciones de viviendas protegidas a personas vinculadas al Consistorio. Los socialistas, que reclamaron la mañana de este viernes la dimisión de la entonces concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y anuncian que acudirán a la Agencia Antifraude y también a la Fiscalía, mientras exigen explicaciones a la consellera de Vivienda, Susana Camarero.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Ana Barceló, y el diputado autonómico y portavoz de la gestora del PSOE en la ciudad, José Díaz, han calificado el episodio como uno de los “escándalos urbanísticos” más relevantes de la etapa de Luis Barcala y lo han enmarcado en una “emergencia habitacional” que, según han destacado, expulsa a jóvenes y familias por la falta de alquileres asequibles.

Barceló ha sostenido que Les Naus es una “promoción de lujo” levantada en el entorno de La Condomina, con piscina, zonas deportivas, gimnasio y club social, y ha reprochado al gobierno local que parte de las viviendas hayan acabado en manos de personas vinculadas al Ayuntamiento y al PP.

La dirigente socialista considera que Barcala debe retirarle también la designación como jefa del Servicio de Contratación a la hasta este jueves directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, al entender que no puede seguir ocupando un puesto de esa responsabilidad.

El gobierno de Barcala renunció al control del suelo público y hoy pagamos las consecuencias

Ana Barceló

— Portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante

En su intervención, Barceló ha centrado parte de la crítica en el diseño del proceso. Ha asegurado que, cuando se licitó la parcela municipal en Playa de San Juan, el pliego no incorporó mecanismos de control suficientes para que el Ayuntamiento pudiera fiscalizar la adjudicación de las viviendas “con transparencia”.

Ha recordado que en el verano de 2018 el PSOE pidió una comisión de seguimiento y que el PP la rechazó y ha advertido de que la falta de control inicial, a su juicio, es ya una responsabilidad política del gobierno local. También ha conectado el caso con el Plan Vive y ha expresado su preocupación por las cinco parcelas municipales cedidas a la Generalitat, al temer que se repita un esquema similar.

José Díaz, por su parte, ha extendido el foco al Consell y ha denunciado el “silencio atronador” del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y de la vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero. El diputado autonómico ha anunciado que el grupo socialista forzará explicaciones en las Cortes y ha afirmado que han solicitado documentación para conocer qué controles han fallado y quiénes han accedido a las viviendas. Según ha señalado, el objetivo es recabar información para fundamentar una denuncia, acudir a Fiscalía y llevar también el asunto a Antifraude.

Hay un silencio atronador del Consell mientras vemos que el carnet del PP pesa más que los requisitos

José Díaz

— Diputado autonómico y portavoz de la gestora del PSOE en Alicante

El caso ha estallado tras constar en el Registro de la Propiedad varias viviendas con “calificación definitiva de vivienda protegida de nueva construcción de protección pública” en una promoción construida sobre suelo municipal en el entorno de la Condomina, entre la avenida Historiador Vicente Ramos y las calles Redes y Periodista Asunción Valdés.

La parcela, de 8.618 metros cuadrados, fue adjudicada a la Cooperativa Residencial Les Naus por 6,67 millones de euros en marzo de 2022. Entre los adjudicatarios figuran la hasta ahora concejala de Urbanismo, el arquitecto municipal Francisco Nieto y familiares de la directora general Pérez-Hickman: sus dos hijos y también un sobrino.

Tras conocerse los datos, el alcalde de Alicante ha ordenado la apertura de un expediente de averiguación de hechos y ha asegurado que llevará el asunto a Fiscalía ante “la menor sospecha”. Según ha explicado, el informe requiere información a Urbanismo, Patrimonio y Contratación y solicita la relación del personal que ha participado en el expediente.

En paralelo, el gestor de la cooperativa, Francisco Ordiñana, ha defendido que el proceso de inscripción arrancó en 2018, que existía una lista de espera masiva y que hubo sustituciones porque “había gente que no cumplía”, al tiempo que ha resaltado que se trata de una promoción privada de vivienda protegida.

El PSOE, sin embargo, sostiene que el caso ha provocado una “quiebra total” de confianza y que no permitirá que “pase en balde” en un contexto de crisis de acceso a la vivienda, por lo que ha reiterado la exigencia de explicaciones al alcalde y ha anunciado que elevará toda la información disponible a los organismos de control.

Antifraude

El anuncio del PSOE de acudir a la Agencia Valenciana Antifraude llega después de meses de polémica política por los cambios que impulsó el Consell de Carlos Mazón en el organismo. Entre las críticas públicas, Transparencia Internacional y entidades vinculadas a la integridad y la transparencia denunciaron un debilitamiento del modelo valenciano anticorrupción y alertaron de reformas que, a su juicio, merman su independencia y capacidad de actuación.

En ese debate también se cuestionaron modificaciones como el cambio de reglas para designar a la dirección, facilitando la elección con la mayoría parlamentaria, y ajustes en el funcionamiento y competencias de la Agencia, además de la relación con la Fiscalía Anticorrupción, en un contexto en el que la oposición ha advertido del riesgo de “control político” sobre un órgano concebido para fiscalizar a las administraciones.

Preguntada por esa controversia, la portavoz municipal socialista ha respondido: “Confiamos en las agencias de la Generalitat. Si ha cambiado el funcionamiento tenemos un problema democrático, son agencias de control. Si no nos fiamos hay una quiebra total. Veremos cómo termina, no hay motivo para adelantarse”.

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