Sumar denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante

La polémica por la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante llega a la Fiscalía Anticorrupción. Sumar ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada para poner en conocimiento del Ministerio Fiscal hechos que, a su juicio, “podrían ser constitutivos de delitos contra la Administración Pública” en relación con la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en Alicante.

El escrito, firmado por los co-coordinadores Xavier López y Carmen Padilla, solicita que se practiquen diligencias de investigación para esclarecer si el procedimiento respetó “estrictamente” los requisitos legales, se desarrolló conforme a los principios de igualdad y transparencia y garantizó la imparcialidad de los órganos intervinientes, además de descartar “desviación de poder, tráfico de influencias, prevaricación administrativa u otras infracciones penales”. En su denuncia, Sumar precisa que traslada los hechos “sin afirmación de culpabilidad alguna” y únicamente a efectos de que se investiguen.

La información sitúa el origen en la información publicada el 29 de enero por este diario sobre la promoción Les Naus, en el entorno de La Condomina, y remarca como elemento central que entre los adjudicatarios figuran personas “con vinculación directa política, funcionarial o familiar con el Ayuntamiento de Alicante”. En concreto, el escrito menciona a la hasta este viernes concejala y responsable del área de Urbanismo, Rocío Gómez; al arquitecto municipal adscrito a Urbanismo Francisco Nieto; y a dos hijos de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, que ha dimitido de su cargo tras la polémica generada, pasando ahora a ocupar su anterior puesto, jefa de servicio de Contratación.

Cargos políticos

Para Sumar, el hecho de que cargos políticos, técnicos municipales o familiares directos de altos cargos resulten adjudicatarios de viviendas destinadas a fines sociales “resulta relevante y digno de especial examen” por tratarse, según expone, de recursos públicos limitados cuya adjudicación debe regirse por los principios de igualdad, objetividad, transparencia y ausencia de trato de favor.

Respecto a la ya exconcejala de Urbanismo, el texto destaca la “proximidad funcional” del cargo con expedientes relacionados con la planificación y gestión urbanística del municipio. Aunque recoge que fuentes municipales indicaron que Gómez habría solicitado la vivienda antes de su nombramiento, Sumar sostiene que esa circunstancia no excluye la necesidad de verificar si durante la tramitación existió “algún tipo de influencia directa o indirecta”, “acceso a información privilegiada” o actuaciones que pudieran comprometer la imparcialidad del procedimiento.

En cuanto a la hasta este jueves directora general, el escrito apunta a un posible conflicto de intereses por el hecho de que, siempre según lo recogido en la información periodística, Pérez-Hickman ha desempeñado funciones como secretaria del órgano técnico municipal vinculado a la venta y gestión de la parcela sobre la que se desarrolló la promoción. Sumar plantea que esa circunstancia puede suscitar “dudas razonables” sobre el cumplimiento de los deberes de abstención y sobre si el proceso se desarrolló sin trato preferente, ventaja informativa o interferencias indebidas.

Causa penal

La denuncia también cita el caso del arquitecto municipal Francisco Nieto y pone el foco en que se encuentra investigado en una causa penal abierta en 2024 por presuntos delitos vinculados, según recoge el propio escrito, a tráfico de influencias y agilización irregular de trámites urbanísticos para terceros. Para Sumar, esa circunstancia “refuerza la necesidad” de un examen exhaustivo e independiente de su eventual intervención directa o indirecta en el expediente de adjudicación de viviendas protegidas.

El movimiento ante Anticorrupción llega en un contexto de fuerte polémica política en torno a Les Naus. Tras conocerse la existencia de adjudicatarios vinculados al Ayuntamiento, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha ordenado la apertura de un expediente de averiguación de hechos y ha asegurado que, si se detecta cualquier indicio, el Ayuntamiento llevará el caso a la Fiscalía, al advertir de que actuará ante “la menor sospecha”. Sumar se ha adelantado a los populares y también al PSOE, que anunció este jueves que acudirá Fiscalía, además de Antifraude, al igual que ha exigido explicaciones tanto al gobierno municipal como al Consell.

La promoción Les Naus es una urbanización construida sobre una parcela municipal de 8.618 metros cuadrados adjudicada a la cooperativa por 6,67 millones de euros en marzo de 2022 y en el Registro de la Propiedad las viviendas constan con “calificación definitiva de vivienda protegida de nueva construcción de protección pública”. Con la denuncia registrada ahora, Sumar busca que sea el Ministerio Fiscal quien determine, tras las diligencias que considere oportunas, si el procedimiento se ajustó a la normativa y a los principios que deben regir el acceso a vivienda protegida.

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