La Generalitat revisará de nuevo si los adjudicatarios de las viviendas protegidas en Alicante cumplen con los requisitos

La Generalitat Valenciana revisará, de nuevo, la documentación para comprobar si los adjudicatarios de la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante cumplían los requisitos exigidos. La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, ha avanzado este sábado que cotejará "todos y cada uno de los expedientes" de adjudicación de la promoción Les Naus, en La Condomina, para verificar que los datos aportados en su momento por los compradores son correctos y que no ha habido "manipulación" en el proceso.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta Camarero, ante la grave crisis generada tras desvelar este diario que al menos una concejala (ahora ya dimitida), los dos hijos de una directora general (ahora también dimitida) y un arquitecto del área de Urbanismo, entre otras personas con vínculos con el Ayuntamiento, habían sido agraciados con viviendas en la primera promoción pública que se ejecutaba en la ciudad en dos décadas

Se trata de una urbanización de 140 pisos de tres y cuatro dormitorios con piscina, gimnasio, club social y pistas de pádel y polideportiva, entre otros servicios comunes, que ha sido levantada sobre un suelo municipal que pasó a manos privadas mediante un proceso previo de enajenación que arrancó en 2018 y no se completó, tras la acción de la Justicia, en 2022.

Camarero ha insistido, tal y como hizo el jefe del Consell el viernes, que la Generalitat "no tiene ninguna relación con la adjudicación" de esas viviendas, pues es la promotora, en este caso la cooperativa, la que las adjudica y al ser viviendas de protección pública, solicita a la Dirección Territorial de Vivienda "la confirmación de que los compradores cumplen con los requisitos para acceder a una vivienda" de estas características.

Las palabras de Camarero han llegado justo un día después de la segunda dimisión por el escándalo surgido en torno a la promoción de vivienda protegida. Este viernes, la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, anunció la renuncia a su cargo en el equipo de gobierno de Luis Barcala tras desvelar este diario que es una de las beneficiarias de vivienda protegida en la promoción construida en La Condomina. Se trata de la segunda dimisión, tras la avanzada por INFORMACIÓN de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, que dejó este jueves su cargo de libre designación al saberse que sus dos hijos y uno de sus sobrinos también son propietarios en el residencial Les Naus.

Primer informe

Camarero ha explicado que en estos momentos se dispone de un informe del secretario territorial de Vivienda de Alicante, avanzado este viernes por Juanfran Pérez Llorca, en el que hace constar que todas las personas que han accedido a las viviendas de esta promoción "cumplen con la totalidad de los requisitos de acceso que establece la normativa, tanto los requisitos de ingresos como el no contar con otra propiedad".

Con todo, y ante el escándalo suscitado, que ya ha provocado la dimisión de la concejala de Urbanismo y de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, la consellera Camarero ha avanzado que "se va a realizar un segundo análisis de la información aportada por los compradores para verificar que es verídica" y para ello, "se van a revisar todos y cada uno de los expedientes para hacer esa comprobación de que los datos aportados en su momento son correctos".

Este diario ya detalló este viernes que desde la Secretaría Autonómica de Vivienda se ha emitido una instrucción a la Dirección Territorial para la elaboración de "un informe detallado que incluya toda la información pertinente sobre el expediente de visado de esta promoción, incluyendo información sobre el procedimiento, personas intervinientes e información acreditativa, con el fin de analizar y determinar, en su caso, la apertura de expediente informativo". Ese informe se ha solicitado para que sea remitido "a lo largo de la mañana del próximo lunes 2 de febrero".

Esto se hace, han apuntado, con el objetivo de verificar que toda la información y el procedimiento ha sido el correcto, así como confirmar que la información cumple con todas las garantías y que "no hubiera existido en ningún caso manipulación por parte de los adquirientes o los intervinientes en el procedimiento".

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