Una regulación de migrantes en Alicante para salir del limbo: "Quiero trabajar sin miedo"
Un decreto del Gobierno abre la puerta a regularizar la residencia y el trabajo de cientos de miles de personas migrantes en España. En Alicante y Elche esa posibilidad se traduce en algo más básico que un trámite

Una regulación de migrantes en Alicante para salir del limbo: "Quiero trabajar sin miedo" / Pilar Cortés
El 6 de enero de 2023, Issa Ciss llegó a Canarias en una patera con otras 44 personas. Tras cuatro meses con Cruz Roja, dos en Madrid y tres en Cádiz, acabó en Elche sin conocer a nadie. Allí le abrieron la puerta en Elche Acoge, empezó a enganchar trabajos en el campo recogiendo naranjas y a construir una rutina con un objetivo que repite como una consigna: trabajar para ayudar a su familia y poder vivir sin el miedo constante a quedarse fuera.
Hoy, para él y para cientos de miles de personas en su misma situación, esa rutina puede empezar a cambiar. El Gobierno ha activado un decreto para abrir una vía de regularización que permitiría acceder a residencia y trabajo a quienes acrediten estar en España antes del 31 de diciembre de 2025 y demostrar, al menos, cinco meses de permanencia, además de carecer de antecedentes penales. En el papel suena a trámite; en la vida cotidiana, para muchos se resume en un deseo: “Trabajar sin miedo”.
Nunca pensé que estaría dos años en España de forma irregular teniendo un esposo español y un hijo menor
Daniel Ortega, colombiano, describe ese “vivir con el calendario encima” como un nudo en el estómago. Ha ido enlazando empleos a través de empresas de trabajo temporal, como repartidor y en distintos talleres. Ahora trabaja en un taller de motos, su “pasión”, dice, orgulloso por haber encontrado por fin algo que le encaja. Pero incluso cuando las cosas van bien, la tranquilidad dura poco: “Los primeros meses, cuando llega el momento de renovar el contrato, vives asustado”. Y resume esa sensación de provisionalidad en una escena simple. Espera el aviso, respira si llega la renovación y vuelve a contar los meses hasta la próxima fecha.
Horas
Para María Franco, también colombiana, ese miedo tiene otra cara, la de las horas que se acumulan sin llegar nunca a consolidar nada. Llegó a España después de la muerte de su hija y encadenó trabajos cuidando niños y en restaurantes, casi siempre por tramos de cuatro o cinco horas porque no tenía la documentación en regla. “He llegado a estar en cuatro restaurantes a la vez”, recuerda, y el día se le alargaba hasta la madrugada. El empleo en negro, explica, le deja siempre en el borde, sin nómina, sin descanso y sin posibilidad real de planificar.
A esa precariedad se le suma, a veces, la promesa que nunca llega. María cuenta que trabajó en un sitio donde le aseguraron que le ayudarían a regularizarse. “Cuando llegó el momento me dijeron que les costaba mucho”, relata. Habla de jornadas sin descanso, de domingos y festivos que no se reconocen y de sueldos que no compensan el desgaste. Jhyna Fernanda Miranda, abogada en Colombia, ha visto escenas parecidas en otras personas: “He visto a gente aceptando 5 o 6 euros la hora por necesidad”, dice. Sin papeles, el abuso encuentra terreno fácil.
Llevo tres años sin ver a mi familia y eso es muy duro, no quiero estar en España sin papeles ni sin trabajar
El salto a la “vida normal” se nota, sobre todo, en la vivienda. Para alquilar una habitación o un piso les piden nóminas, garantías y estabilidad. “Una familia que llega con niños lo tiene muy difícil”, advierte María. Daniel lo explica desde otro ángulo. Sin una situación regularizada, llegar al banco es una carrera de obstáculos. “Ahora mismo solo puedo acceder a créditos pequeños, para un móvil”, explica, “pero no para buscar una vivienda como toca o pensar en una hipoteca”.
Familia
En el caso de Issa, la presión tiene nombre y apellidos. “Necesito dinero para ayudar a mi familia”, repite, y esa frase explica por qué sale cada día a buscar trabajo aunque no siempre lo encuentre. “A veces puedo trabajar y otras veces no. Cuando no estoy trabajando no puedo pagar el alquiler”, cuenta. Vive en Elche con un amigo de Senegal que llegó el mismo día que él y la vida se organiza entre lo que entra esa semana y lo que hay que enviar. “Mi madre no tiene para comer y yo tengo que ayudarle”, dice, como si no hubiera margen para otra prioridad.
Pretendo seguir mejorando mi nivel de español y formarme para tener más opciones laborales
Maray Alcolea Gómez llegó desde Cuba por la ley de descendientes. Su esposo se hizo ciudadano español y su hijo es menor. A ella le dieron una visa y pudo entrar en España, pero se quedó atascada por un detalle que nadie le explicó a tiempo. “No tuve información de que tenía que haber traído mis antecedentes penales para regularizar mi situación”, cuenta. Cuba tardó un año en enviar esa documentación y, ya aquí, entre tasas, empadronamiento y certificados, el proceso se ha ido alargando. El certificado de matrimonio lo pidió en agosto del año pasado y, desde entonces, lo ha reclamado cinco veces sin recibirlo.

La cubana Maray Alcolea Gómez lleva dos años residiendo en Alicante con su esposo y su hijo menor de edad / Pilar Cortés
La espera no es solo un problema de papeles, se traduce en decisiones pequeñas que pesan. Maray cuenta que ha tenido que recurrir a una trabajadora social y que, mientras tanto, apenas le salen trabajos sueltos limpiando casas. Solo entra un sueldo y, cuando ese contrato termina, todo vuelve a tambalearse. “No tengo dinero para pagarle el comedor a mi niño”, asegura. Su hijo tiene siete años y hay excursiones del colegio a las que no puede ir porque no pueden pagarlas. “Nosotros hemos venido aquí a trabajar”, insiste, “pero una familia de tres no se puede mantener solo con el trabajo de uno”.
Estoy contenta con la decisión del Gobierno porque va a favorecer a mucha gente que trabaja en negro
Desde Elche Acoge, entidad que acompaña a personas migrantes en sus trámites, piden celebrar el anuncio del Gobierno con prudencia. Insisten en que, por ahora, no se ha aprobado una regularización extraordinaria cerrada, sino el inicio de la tramitación urgente de un Real Decreto. El texto, advierten, es todavía provisional y puede modificarse durante el proceso con aportaciones e informes institucionales, por lo que el alcance final dependerá de cómo termine esa tramitación.
Identidad
Jhyna Fernanda Miranda pone el foco en la pérdida de la identidad profesional. “Soy abogada titulada en Colombia”, cuenta, y explica que la empujaron a salir por la delincuencia y la extorsión. Aquí, dice, la llegada “sin papeles” le cerró de golpe la puerta de lo que había sido su vida y la obligó a empezar de cero. “Las titulaciones no valen”, resume. Empezó limpiando casas y haciendo trabajos domésticos para sacar a sus hijos adelante. “No fue fácil después de trabajar en una oficina pero lo hice con dignidad”, reconoce.
Soy abogada en Colombia y aquí empecé limpiando casas para poder sacar a mis hijos adelante
Esa sensación de vivir a medias aparece incluso en gestos cotidianos. Jhyna compró un coche y homologó el carné, pero conduce con una preocupación que no se quita de encima: “Conduzco con miedo a que me pare la policía y me pidan los papeles”. Para ella, regularizarse no es solo poder cotizar o firmar un contrato, es caminar sin ese sobresalto permanente y abrir puertas básicas, desde el banco a una nómina. También lo liga a sus hijos. Estudian bien, dice, pero sin documentación no pueden acceder a becas y ven más lejos lo que para otros es normal, como pensar en la universidad.
En ese mapa de trámites y expectativas, el asilo tiene su propio carril y también sus límites. Guediouma Diarra, malí, explica que lo que más le pesa no es el trabajo, sino la distancia: “Echo mucho de menos a mi familia”. Está en un proceso de protección internacional y asegura que eso le condiciona algo tan básico como volver a su país para verla. “No puedo viajar”, dice, mientras espera a que los papeles permitan recuperar una normalidad que en su caso se mide, sobre todo, en un billete de vuelta.
Cuando llega el momento de renovar el contrato, vives asustado y vuelves a contar los meses
Issa vuelve al mismo punto del que partió: trabajo y familia. “Llevo tres años en España y no he visto a mi familia. Es duro”, dice. Para él, regularizarse significa poder trabajar con continuidad, ayudar a su madre y dejar de vivir con la incertidumbre de cada semana.
Unos 100.000 "sin papeles" en la Comunidad
En la Comunidad Valenciana se estima que viven alrededor de 100.000 personas migrantes en situación irregular, según cálculos que manejan entidades sociales e investigadores citados en estudios universitarios. Es una realidad difícil de medir por definición, pero los análisis que cruzan padrón y población extranjera sitúan el fenómeno en un rango que, en algunos municipios, representaría entre el 10 % y el 12 % de los extranjeros empadronados. La mayor parte se concentra en sectores donde la precariedad es habitual (hostelería, cuidados y agricultura), ámbitos que dependen de mano de obra constante.
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