Cómo acceder a una vivienda protegida en Alicante: así es el procedimiento de la Generalitat que Barcala pide modificar

El procedimiento de acceso a una vivienda pública en Alicante está en el foco del debate. La reciente polémica por la asignación de viviendas en el entorno de la Cooperativa Residencial Les Naus, que provocó este viernes la dimisión de la concejala de Urbanismo Rocío Gómez, ha puesto en el centro del debate la transparencia en los procesos de adjudicación.

En este contexto, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, solicitó este viernes a la Generalitat una modificación urgente de la normativa autonómica de vivienda protegida, con el objetivo de mejorar la transparencia del proceso y de asegurar que estas viviendas lleguen exclusivamente, según indicó, a quienes realmente se "encuentran en situación de vulnerabilidad", tras conocerse el perfil de algunos de los adjudicatarios.

La petición de Barcala llega tras revelar INFORMACIÓN que al menos una concejala del gobierno local, Rocío Gómez, junto a un arquitecto municipal y los dos hijos y un sobrino de María Pérez-Hickman, quien este jueves dimitió como directora general del Ayuntamiento de Alicante, han sido beneficiados con viviendas de protección pública en esta promoción ubicada en la Condomina, la primera de este tipo en la ciudad en dos décadas.

Esta situación ha motivado una respuesta también del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, quien este viernes anunció la solicitud de un informe técnico para verificar el cumplimiento de los requisitos, como de la oposición municipal, que exigió este jueves la convocatoria de un pleno extraordinario para aclarar la situación.

Requisitos para acceder a una vivienda pública

El acceso a una vivienda pública en la Comunidad Valencia depende de la tipología. En estos momentos existen dos tipos de viviendas protegidas: las de promoción pública, gestionadas directamente por la Generalitat, y las de promoción privada, promovidas por empresas o cooperativas.

Las viviendas de promoción pública forman parte del parque público de la Generalitat y son gestionadas por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (Evha). Estas viviendas, también conocidas como "viviendas sociales", se adjudican a personas que cumplen requisitos más exigentes que los que se demandan para una vivienda pública de promoción privada, dado que busca dar solución habitacional a las personas más vulnerables. En concreto, pueden acceder a este tipo de vivienda las personas que cumplen con un límite de ingresos que no supere las 4,5 veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) en 12 pagas, es decir, unos 32.000 euros, aunque el umbral puede varias en función de las circunstancias específicas de cada familia.

Vivienda pública de promoción privada

Por otro lado, se encuentran las viviendas públicas de promoción privada, aquellas que están impulsadas por empresas o cooperativas de vivienda, como es el caso de la cooperativa Les Naus. Aunque el procedimiento es similar, la normativa, actualizada en 2024 por el Consell de Mazón, introduce modificaciones para supuestamente mejorar la transparencia en los procesos de adjudicación y establece nuevos requisitos. Estas viviendas están dirigidas a personas que cumplan con los requisitos incluidos en la normativa, y el promotor es el responsable de la construcción y comercialización de las viviendas.

En estos casos, el decreto indica que el proceso de adjudicación se realiza respetando los principios de accesibilidad universal, publicidad y concurrencia. Sin embargo, hay una letra pequeña: "En el caso de las cooperativas de vivienda, tendrán preferencia en la adjudicación las personas socias cooperativistas".

Los requisitos básicos para acceder a una vivienda de protección pública incluyen que los ingresos totales de la unidad familiar no superen 6,5 veces el Iprem anual (54.600 euros, actualmente) y que ninguno de los miembros de la unidad familiar puede ser propietario de pleno derecho de otra vivienda en territorio nacional, garantizando que las viviendas de protección se asignen a aquellos que no tienen otras opciones habitacionales. Ese índice se puede incrementar en casos específicos, como cuando hay miembros con discapacidad, menores de edad o mayores de 65 años.

Asimismo, se establece que la administración se encarga de verificar que las edificaciones cumplan con los requisitos de vivienda de promoción pública y que los beneficiarios también se ajusten a los criterios establecidos. Entre ellos, los promotores deben presentar los contratos de compraventa o arrendamiento ante los servicios territoriales de vivienda para su visado. Esta verificación incluye la autorización expresa de todos los adquirentes o arrendatarios para comprobar que cumplen con los requisitos establecidos, particularmente en cuanto a su situación económica y patrimonial. Este trámite está ahora bajo el foco, por lo que Vivienda va a realizar una segunda comprobación.

Tras la revisión de estos datos, en caso de cumplirse lo exigido, los técnicos del Servicio Territorial dan su conformidad y los contratos reciben el visado firmado por el jefe de servicio correspondiente. Esta validación es imprescindible para formalizar la compraventa de cualquier vivienda de protección y es exigida por el notario como requisito indispensable. Para las cooperativas de vivienda, tienen preferencia las personas socias cooperativistas.

El caso de la Cooperativa Les Naus en Alicante

En el caso del residencial Les Naus de Alicante, desde la Conselleria de Vivienda indican a INFORMACIÓN que los adquirientes debían cumplir con los requisitos establecidos en el decreto de 2023 aprobado por el Gobierno del Botànic. La dirección territorial de la Conselleria de Vivienda fue la encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos por parte de los compradores, mediante un procedimiento que comenzaba con los técnicos del Servicio Territorial y, una vez comprobados los requisitos, el visado final era otorgado por el director territorial.

Ante las informaciones publicadas sobre la adjudicación de las viviendas, el secretario territorial adjunto de Vivienda emitió un informe en el que dejó claro que todas las personas que accedieron a las viviendas de la citada promoción, y respecto de las cuales el Servicio Territorial de Vivienda de Alicante expidió el visado del contrato de compraventa, cumplen con la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa vigente, en particular aquellos previstos en el Decreto 68/2023 y el Decreto 180/2024 del Consell, que regula el régimen jurídico de las viviendas de protección pública en la Comunidad Valenciana.

"Informe detallado"

Ante la controversia generada por las adjudicaciones en la promoción de Les Naus, la Secretaría Autonómica de Vivienda ha emitido una instrucción a la Dirección Territorial de Vivienda que exige la elaboración de un informe detallado sobre el expediente de visado de la promoción, que incluya toda la información pertinente sobre el procedimiento, las personas intervinientes y los documentos acreditativos necesarios. El objetivo de esta revisión es asegurarse de que toda la información y el procedimiento han sido correctos y transparentes, y, en caso de detectar irregularidades, determinar si es necesario abrir un expediente informativo para investigar el caso en profundidad.

En este sentido, este viernes el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se pronunció sobre las adjudicaciones de las que indicó que "lo que se ha podido conocer estos días" le parece "grave". Sin embargo, también defendió al Ayuntamiento de Alicante de la que indicó que "está haciendo una revisión de todos los expedientes a través de los funcionarios". "Y en base a las conclusiones que se saquen habrá que adoptar las medidas pertinentes", indicó Pérez Llorca.

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