El Ayuntamiento de Alicante asegura que "carece de información" para investigar irregularidades en la adjudicación de viviendas protegidas

Lo hizo Sumar, el PSOE, la Generalitat Valenciana... y ahora también el Ayuntamiento de Alicante. El ejecutivo municipal acudió este martes a la Fiscalía para poner en conocimiento posibles irregularidades en la adjudicación de la promoción de vivienda protegida Les Naus, al entender que "carece de información" para investigar por su cuenta. Eso sí, el expediente de averiguación interna abierta por el alcalde, Luis Barcala, concluye que ni la exconcejala de Urbanismo ni la actual jefa de Servicio de Contratación ni el arquitecto municipal participaron en decisiones respecto al procedimiento, por lo que les libera de responsabilidad.

Según ha podido saber INFORMACIÓN, la investigación llevada a cabo por el secretario general a petición del alcalde se limita a valorar si hubo participación de los funcionarios y cargos señalados en el procedimiento de venta de la parcela pública sobre la que se construyó la polémica promoción. Sin embargo, no investiga ni concluye sobre la posterior adjudicación de las viviendas, al considerarlo un procedimiento ajeno al Consistorio.

En este sentido, el secretario determina que Rocío Gómez, María Pérez-Hickman y Francisco Nieto (las tres personas investigadas en el expediente) accedieron a la promoción en diciembre de 2021 (en el caso de la exconcejala y la funcionaria) y que el arquitecto municipal lo hizo ya en enero de 2025, en sustitución de otro socio de la cooperativa. No obstante, en todo ese tiempo, el responsable de las averiguaciones aprecia que ninguno de los tres investigados participó en ningún trámite administrativo al respecto. Los funcionarios, según indica el secretario, por no tener potestad para ello al no formar parte de las votaciones (aunque Pérez-Hickman sí estuvo presente con voz pero sin voto en trámites de la Mesa de Contratación), y la exedil por encontrarse de baja durante largos periodos a lo largo del presente mandato.

En relación con dicha afirmación del secretario sobre la responsabilidad de los investigados, el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, asegura que existe "una contradicción grave y documentada" ya que la que fuera edil popular participó también de la reunión de la Junta de Gobierno Local celebrada el 8 de octubre del 2024, en la que se aprobó el cambio de responsable del contrato, tal y como se refleja en el acta de la sesión. "Mientras el informe del secretario sostiene que la exconcejala no participó en ningún trámite, un acta oficial acredita que sí estuvo presente en una sesión en la que se adoptaron acuerdos directamente vinculados a la enajenación de la parcela pública", lo que, a juicio de Copé, "afecta de lleno a la credibilidad de la investigación interna impulsada por el alcalde".

Investigación de funcionarios

El informe del secretario municipal también aprecia en sus conclusiones que "sería necesario que, por parte del Servicio de Recursos Humanos, se relacionara la lista de adjudicatarios de viviendas con la relación de funcionarios y laborales de este Ayuntamiento con objeto de averiguar si ha podido existir otro personal que, en su caso, haya podido intervenir en el expediente".

Al respecto, el vicealcalde ya ha confirmado que cruzarán los datos disponibles sobre adjudicatarios del residencial Les Naus y la plantilla municipal para identificar si ha habido más beneficiarios de la polémica promoción entre los trabajadores públicos del Ayuntamiento. Todo ello, después de que la Generalitat haya abierto expediente a un técnico autonómico que validó la solicitud presentada por su mujer, empleada pública del Consistorio alicantino, a la promoción de vivienda protegida.

Denuncia en Fiscalía

"Esta misma mañana, hemos presentado una denuncia en Fiscalía para que esclarezca los hechos a los que se refiere respecto al personal del Ayuntamiento", ha avanzado este martes el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar. El objetivo de la denuncia es "actualizar, ver y comprobar la actuación de los posibles implicados y, dada la falta de competencia municipal, que sea la Fiscalía quien pueda verificar que las personas cumplan con los fines para los cuales la parcela fue puesta a disposición pública dicha parcela".

En este sentido, el vicealcalde ha querido despejar toda duda de posible responsabilidad del gobierno local, incidiendo en que no es competencia del Consistorio la elección de los adjudicatarios: "El Ayuntamiento vende un suelo a un precio tasado para viviendas de promoción privada y licita la venta del suelo. Mientras que la cooperativa, que puede elegir a los cooperativistas porque no hay norma que establezca control municipal, lleva a cabo la elección". Tras ello, ha añadido Villar, "la Conselleria de Vivienda es la que comprueba si se cumplen los requisitos o no".

Suscríbete para seguir leyendo