Un informe del Ayuntamiento de Alicante advirtió de un posible conflicto de intereses en la polémica promoción de vivienda protegida

El Ayuntamiento de Alicante, a través de un informe de Patrimonio, supo que la polémica promoción de vivienda protegida Les Naus podía esconder un posible conflicto de intereses. Un informe municipal, que el ejecutivo local fecha a finales de enero, alertaba de que la lista de adjudicatarios de los inmuebles incluía beneficiarios "vinculados a personal municipal que había intervenido en la gestión del contrato". Este diario reveló el pasado jueves el escándalo vinculado a la adjudicación de viviendas en la urbanización ubicada en La Condomina, que ha supuesto la dimisión, en clave política, de la concejala Rocío Gómez y de la directora general María Pérez-Hickman.

Así se recoge en la denuncia presentada por el propio Ayuntamiento este martes ante la Fiscalía, donde se detalla que el Servicio de Gestión Patrimonial "alertó de que personal municipal posiblemente interviniente en la gestión del contrato resultó adjudicatario, directa o indirectamente, de una vivienda protegida en el complejo construido". Ese documento, redactado después de solicitar el expediente de adjudicación a la empresa gestora de la cooperativa a mediados de enero, ya "señalaba posibles conflictos de intereses" derivados de esta adjudicación y hacía referencia al deber legal de abstención, para aquellos empleados o autoridades con interés personal en un asunto de su competencia.

Dicho escrito avanzó también un "posible incumplimiento de las condiciones legales de acceso a las VPP [Viviendas de Protección Pública] construidas", ya fuera "por no cumplirlas directamente" o bien "por haber faltado a la verdad u omitido esta a la hora de declararlas". El departamento municipal apreciaba supuestos en los que "la mera condición, nivel y categoría de los adquirientes harían previsiblemente imposible la compatibilidad con los requisitos de capacidad económica exigibles".

En concreto, la denuncia registrada por el Consistorio este martes en Fiscalía, hace referencia a que el informe de Patrimonio destacaba que "al menos un arquitecto municipal participó activamente en el asesoramiento y seguimiento del contrato con la cooperativa durante su ejecución, sin que conste que hubiera puesto de manifiesto su interés personal ni se hubiera abstenido, incumpliendo presuntamente lo previsto en el artículo 23.2.a de la Ley 40/2015".

Sin participación

Tras conocer el contenido del informe de Patrimonio, el alcalde, Luis Barcala, encargó el pasado miércoles al secretario municipal una investigación interna de averiguación de hechos, que determina que Rocío Gómez, María Pérez-Hickman y Francisco Nieto (las tres personas investigadas en el expediente municipal) accedieron a la promoción en diciembre de 2021 (en el caso de la exconcejala y la funcionaria) y que el arquitecto municipal lo hizo ya en enero de 2025, en sustitución de otro socio de la cooperativa, ya con los pisos a punto de estar construidos.

La investigación llevada a cabo por el secretario general a petición del alcalde, según se recoge en el informe, se limita a valorar si hubo participación de los funcionarios y cargos señalados en el procedimiento de venta de la parcela pública sobre la que se construyó la polémica promoción. Sin embargo, no investiga ni concluye sobre la posterior adjudicación de las viviendas, al considerarlo un procedimiento ajeno al Consistorio.

El escrito elaborado por el secretario municipal, responsable de las averiguaciones, aprecia que ninguno de los tres investigados participó en ningún trámite administrativo al respecto. Los funcionarios, según indica el texto, por no tener potestad para ello al no formar parte de las votaciones (aunque Pérez-Hickman sí estuvo presente con voz pero sin voto en trámites de la Mesa de Contratación), y la exedil, por encontrarse de baja durante largos periodos a lo largo del presente mandato.

Las dudas "persisten"

Pese a ello, los letrados municipales, en la denuncia ante Fiscalía, aprecian que "subsisten incógnitas y aspectos fácticos no esclarecidos" mediante la investigación interna. En particular, "preocupa la posibilidad de que pudieran haberse dado intervenciones materiales o influencias funcionales no documentadas oficialmente por parte de las personas implicadas", lo que podría haber favorecido la adjudicación de viviendas a su favor o al de sus allegados.

En este apartado, se vuelve a señalar al arquitecto municipal, puesto que "prestó apoyo" durante la tramitación del contrato, "manteniendo reuniones con el personal del servicio de Patrimonio e incluso con representantes de la Cooperativa", llegando a ser propuesto como responsable municipal del contrato en el año 2024. Finalmente, se designó a otro funcionario "por directriz de la Concejalía de Urbanismo", aunque ello no elimina que "este empleado intervino de facto en la gestión del contrato", al menos durante el 2024, "sin que conste que advirtiera ni se apartara" pese a su "interés personal".

Del mismo modo, los servicios jurídicos del Ayuntamiento apuntan que "quedan sin aclarar eventuales influjos informales" que, al margen de los canales reglados, "pudieran haberse ejercido en el proceso de adjudicación de las viviendas". Todas esas cuestiones, reconocen los letrados, "no han podido ser disipadas mediante los medios administrativos internos del Ayuntamiento", por lo que se acuerda poner los hechos en conocimiento de Fiscalía para esclarecer todas las circunstancias inherentes a la polémica.

El PSOE lo ve "una broma"

Tras darse a conocer la denuncia del Ayuntamiento ante Fiscalía y el informe municipal elaborado por el secretario, la portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, ha criticado que el documento encargado por Barcala "no analiza lo que ha pasado y no resuelve las incógnitas sobre la polémica adjudicación de viviendas". La edil del PSOE lamenta que "Barcala reconoce que puede haber habido un conflicto de intereses, pero la investigación interna que el propio alcalde ha solicitado, y que solo relata hechos, no llega a ninguna conclusión. Pretende exonerar al gobierno del PP de cualquier responsabilidad".

Barceló apunta además que "ni el informe interno ni el escrito presentado en Fiscalía están defendiendo el interés general", por lo que considera que "lo que ha hecho el alcalde es una broma, una pantomima para tratar de autoexculparse, como si la obligación y la responsabilidad de velar por la correcta adjudicación de las viviendas no fuera con él". En este sentido, la socialista ha incidido en "por qué no se han realizado controles por parte del equipo de gobierno para evitar que altos cargos del PP se beneficiaran con viviendas públicas, impidiendo el fin social del derecho a la vivienda".

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