El Ayuntamiento comprobará si hay más funcionarios con viviendas en la polémica promoción de Alicante por si existen más irregularidades

El Ayuntamiento de Alicante investigará a todos los funcionarios municipales que se hayan hecho con una de las viviendas de la primera promoción de vivienda protegida que se ha construido en la ciudad en los últimos veinte años. Un edificio en el que, tal y como avanzó INFORMACIÓN, se entregaron pisos a la ya exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, familiares de una alto cargo del Ayuntamiento y empleados públicos tanto del Consistorio como de la Generalitat. Por ello, el gobierno de Luis Barcala asegura que investigará a todos los empleados municipales que se hayan hecho con inmuebles en el residencial Les Naus.

Así lo ha anunciado este martes el vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar, quien también ha avanzado que será el propio alcalde, Luis Barcala, el que dé "las explicaciones oportunas" en un pleno extraordinario que se celebrará, a petición de la izquierda, este mismo jueves por la tarde. Mientras, el Consistorio "cruzará" los datos del listado de adjudicatarios con la plantilla municipal, para determinar qué empleados públicos se beneficiaron de esta promoción protegida y si, efectivamente, cumplían con los requisitos para ello.

Funcionarios municipales

Respecto al funcionario expedientado por la Generalitat tras haber validado la documentación de su propia esposa, arquitecta en la Concejalía de Urbanismo, Villar anuncia la posible adopción de medidas sancionadoras: "Estamos a la espera de verificar los hechos y poder identificar a la funcionaria para, de ser cierto, iniciar a la mayor brevedad un expediente sancionador que lleve consigo la suspensión de empleo y sueldo de manera cautelar. No va a temblar el pulso".

No obstante, Villar ha descartado (al menos por ahora) emprender el mismo camino contra la directora general (ya dimitida) María Pérez-Hickman, con dos hijos y un sobrino entre los adjudicatarios. Pese a que la ex alto cargo renunció a dicho puesto, escogido por libre designación, sí conserva su rango como jefa de servicio de Contratación, una de las vinculadas con la tramitación del expediente. Por ahora, aprecia el ejecutivo popular, no se ha constatado que haya cometido "ninguna irregularidad".

El vicealcalde ha querido también descargar de responsabilidad al gobierno local, incidiendo en que no es competencia del Consistorio la elección de los adjudicatarios: "El Ayuntamiento vende un suelo a un precio tasado para viviendas de promoción privada y licita la venta del suelo. Mientras que la cooperativa, que puede elegir a los cooperativistas, porque no hay norma que establezca control municipal, lleva a cabo la elección". Tras ello, ha añadido Villar, "la Conselleria de Vivienda es la que comprueba si se cumplen los requisitos o no".

Sin sustituto para Gómez

En cuanto a la, hasta ahora, edil de Urbanismo, Rocío Gómez, Villar ha confirmado que su renuncia ha sido formalizada este mismo lunes, por lo que se han iniciado los trámites para que Luis Morata, el siguiente en la lista, pueda incorporarse al equipo de gobierno. Por ahora, de acuerdo con el vicealcalde, no se ha determinado quién asumirá definitivamente las competencias que Gómez deja "huérfanas", y que por el momento (durante la baja de la exconcejala) recaen sobre el propio Villar.

Al margen de su dimisión, el vicealcalde ha descartado pronunciarse sobre la polémica adjudicación de una vivienda social a su excompañera en el equipo de gobierno, limitándose a señalar que se apuntó a la cooperativa en 2018, mucho antes de entrar al Ayuntamiento en 2023, aunque la documentación acreditativa del nivel de ingresos fue validada en 2025. Preguntado por si las promociones de vivienda protegida están destinadas a perfiles como el de la ex responsable de Urbanismo, Villar ha declinado pronunciarse, emplazando a los medios al pleno extraordinario del próximo jueves.

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