La Generalitat estudia crear un registro público específico para cada promoción privada de vivienda protegida tras la polémica en Alicante

La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Vivienda, Susana Camarero, ha abierto la puerta este martes a que cada promoción privada de vivienda protegida cuente con su propio registro público y transparente de demandantes, tras la polémica por la última promoción de inmuebles protegidos en Alicante, que, tal y como destapó INFORMACIÓN, ha sido adjudicada a la concejala de Urbanismo y a personas vinculadas al Ayuntamiento de Alicante y a la administración autonómica.

Dentro de ese “refuerzo” de los controles, la consellera ha explicado que ese registro será específico para cada promoción privada, será público y transparente, incluirá a todas las personas inscritas como interesadas y podrá ser consultado por la Conselleria de Vivienda, con el objetivo de garantizar que todo el procedimiento sea transparente.

Este anuncio no supone la recuperación del registro general de demandantes de vivienda protegida para las promociones privadas, como se ha aclarado desde la conselleria, ya que dicho registro solo es obligatorio para las viviendas protegidas de promoción pública. El decreto aprobado en diciembre de 2024, por el gobierno autonómico de Carlos Mazón, estableció que, al existir distintos cortes de renta, 4,5 veces el IPREM para la promoción pública y 6,5 veces el IPREM para la privada, no es necesario estar inscrito en el registro autonómico de demandantes para optar a una vivienda protegida de promoción privada, bastando con cumplir los requisitos fijados en la normativa.

Sin embargo, tras la polémica adjudicación de viviendas protegidas de promoción privada en la urbanización Les Naus, la consellera de Vivienda ha subrayado este martes la posibilidad de que, a partir de ahora, cada promoción privada de vivienda protegida una cuente con su propio registro específico, público y accesible a la Conselleria, donde se inscribirán todas las personas interesadas en la promoción. De este modo, se podrá supervisar la lista completa de interesados de manera individual, asegurando que el proceso sea totalmente transparente y que se cumplan los requisitos establecidos en cuanto a la publicidad.

Un funcionario sancionado por omitir información en la adjudicación su mujer

Respecto a la polémica promoción del residencial Les Naus, en Playa de San Juan, Camarero ha asegurado que la Conselleria de Vivienda está revisando uno a uno todos los expedientes de los adjudicatarios, en los que la Generalitat ya había validado que cumplían los requisitos para hacerse con uno de los inmuebles protegidos. Sobre el papel del Consell en la polémica, la vicepresidenta ha defendido la agilidad con la que ha respondido la administración autonómica: “Actuación inmediata y decisión inmediata en cuanto hemos conocido los hechos”.

Asimismo, Camarero se ha referido al funcionario expedientado por validar la adjudicación a su mujer, catalogándolo como una “oveja negra”, y ha anunciado la creación de una comisión de evaluación para la futura entrega de viviendas protegidas en el marco del Plan Vive de la Generalitat. “Vamos a reforzar todavía más los mecanismos, no podemos estar en manos de un funcionario que haga trampas”, ha señalado la popular.

En esta investigación, la Dirección Territorial identificó la supuesta comisión de varias faltas muy graves por parte de un técnico funcionario. Una decisión basada en el informe emitido por la propia Dirección Territorial, en el que se especifica que dicho funcionario revisó, tramitó y acreditó para su firma un expediente, estableciendo como revisión favorable todos los requisitos del mismo.

Posteriormente, y tras una segunda verificación solicitada por la Secretaría Autonómica, se descubrió que el funcionario es cónyuge de la solicitante, arquitecta en Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, y, en la tramitación del expediente, omitió información relevante sobre la unidad de convivencia a la que pertenecía. Esta omisión afectaba directamente a la acreditación de ingresos y viviendas en propiedad de las que pudieran disponer y que debían sumarse para la evaluación de la elegibilidad para la vivienda.

La conselleria, al tener conocimiento de dicha situación, ha abierto expediente disciplinario, con suspensión cautelar de empleo y sueldo a dicho funcionario público. La conselleria calificó esta actuación como un posible "uso indebido de la posición del funcionario en beneficio propio", un hecho que ha anunciado que pondrá en conocimiento de la Fiscalía.

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