Sumar denuncia ante Antifraude “posibles irregularidades” en las viviendas adjudicadas en Alicante y apunta a nuevos indicios tras las dimisiones

Moviment Sumar País Valencià ha registrado una denuncia ante la Agencia Valenciana Antifraude por “posibles irregularidades” en la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus de Alicante. El escrito, firmado por los co-coordinadores Xavier López y Carmen Padilla, se apoya en las informaciones publicadas desde el 29 de enero y solicita que Antifraude practique diligencias para esclarecer si el procedimiento respetó los requisitos legales y los principios de igualdad, objetividad, transparencia e imparcialidad.

En la denuncia, Sumar sitúa el origen del caso en las publicaciones sobre la promoción de vivienda protegida en La Condomina y enumera como adjudicatarios a la entonces concejala de Urbanismo Rocío Gómez, al arquitecto municipal Francisco Nieto y a dos hijos de la directora general María Pérez-Hickman.

A juicio de la formación, la concurrencia de cargos públicos, personal funcionario y familiares directos de altos cargos como beneficiarios de VPP “resulta objetivamente relevante” y exige un examen específico por tratarse de recursos limitados sujetos a reglas de acceso y control.

El escrito introduce, además, dos ejes de análisis que Sumar pide verificar. Por un lado, plantea la necesidad de comprobar si, durante la tramitación, pudo existir influencia directa o indirecta o acceso a información privilegiada, aunque la solicitud de la vivienda se hubiera producido con anterioridad al nombramiento político de la edil.

Por otro, apunta a un posible conflicto de intereses en relación con familiares de un alto cargo municipal, al señalar que la directora general habría desempeñado funciones técnicas o administrativas vinculadas a órganos municipales relacionados con la venta, gestión o desarrollo de la parcela sobre la que se levantó la promoción, lo que obliga a revisar si se cumplieron los deberes de abstención y si no hubo ventaja informativa o trato preferente.

Sumar incluye también como elemento a analizar la condición de uno de los adjudicatarios, un arquitecto municipal que, según recoge el texto, figura investigado en una causa penal abierta en 2024 por presuntos delitos relacionados con tráfico de influencias y tramitación urbanística irregular para terceros. La denuncia no atribuye de forma directa su participación en la adjudicación, pero sostiene que esa circunstancia refuerza la necesidad de un examen “exhaustivo e independiente” sobre su eventual intervención directa o indirecta en expedientes urbanísticos.

Dimisiones

La formación añade un capítulo específico sobre hechos posteriores, en referencia a las dimisiones que se han producido desde entonces: la renuncia de la concejala responsable de Urbanismo y la de la directora general. La denuncia señala que esas dimisiones, sin constituir reconocimiento de irregularidad penal o administrativa, evidencian la relevancia institucional del caso y, en su opinión, refuerzan la conveniencia de una investigación objetiva e independiente.

Otra de las novedades del escrito es la alusión a “nuevas presuntas irregularidades” conocidas tras la difusión inicial. Entre ellas, Sumar menciona la eventual comercialización, cesión o publicidad de elementos vinculados a las viviendas protegidas, como plazas de garaje, en condiciones que considera “aparentemente incompatibles” con el régimen legal de las VPP, además de posibles actuaciones administrativas que no se habrían ajustado plenamente a los requisitos de control, verificación y transparencia exigibles.

El movimiento ante Antifraude se suma al recorrido judicial y político que ya ha tomado el caso. Sumar fue el primero en presentar un escrito ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada para poner en conocimiento hechos que, a su criterio, podían requerir investigación.

En paralelo, el alcalde Luis Barcala ha abierto un expediente de averiguación de hechos y ha asegurado que acudirá a Fiscalía ante “la menor sospecha”, mientras la oposición ha reclamado explicaciones y distintas iniciativas de control en el ámbito municipal y autonómico. Con la denuncia ahora presentada, Sumar pretende que la Agencia Valenciana Antifraude examine el conjunto del procedimiento y determine si se produjo alguna vulneración de los principios que deben regir la adjudicación de vivienda protegida.

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