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Un proyecto bajo la lupa

Vivienda revisará los expedientes de los pisos protegidos de Alicante en busca de más documentación falsa

La Generalitat denuncia en Fiscalía al funcionario expedientado sin empleo y sueldo por validar datos no veraces para conceder una casa a su mujer

Susana Camarero, vicepresidenta del Consell, sobre la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante y el expediente abierto a un funcionario de la Generalitat

Miguel Ángel Montesinos

La Conselleria de Vivienda va a revisar los expedientes de los 140 pisos que conforman la urbanización Les Naus de Alicante en busca de más documentación falsa. La medida se toma en plena polémica por las adjudicaciones de esta promoción de casas protegidas, la primera en más de dos décadas que se ha ejecutado en Alicante, y después de que el departamento que dirige Susana Camarero haya detectado que uno de los técnicos encargados de validar esos expedientes dio luz verde al de su mujer con datos no veraces.

Horas después de que se acordara la suspensión de empleo y sueldo de este empleado público, la Generalitat ha presentado una denuncia en la Fiscalía Provincial por estos hechos, los únicos que de momento la administración autonómica ha puesto en conocimiento de la Justicia.

 Camarero se ha referido al funcionario expedientado como una “oveja negra”, y ha anunciado la creación de una comisión de evaluación para la futura entrega de viviendas protegidas en el marco del Plan Vive de la Generalitat. “Vamos a reforzar todavía más los mecanismos, no podemos estar en manos de un funcionario que haga trampas”, ha señalado.

En esta investigación sobre Les Naus, la Dirección Territorial identificó la supuesta comisión de varias faltas muy graves por parte de un técnico funcionario. Una decisión basada en el informe emitido por la propia Dirección Territorial, en el que se especifica que dicho funcionario revisó, tramitó y acreditó para su firma un expediente, el referido a su mujer, estableciendo como revisión favorable todos los requisitos del mismo.

Posteriormente, y tras una segunda verificación solicitada por la Secretaría Autonómica, se descubrió que el funcionario es cónyuge de la solicitante, arquitecta en Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, y, en la tramitación del expediente, omitió información relevante sobre la unidad de convivencia a la que pertenecía. Esta omisión afectaba directamente a la acreditación de ingresos y viviendas en propiedad de las que pudieran disponer y que debían sumarse para la evaluación de la elegibilidad para la vivienda.

Sobre las adjudicaciones, fuentes de Vivienda han señalado que su departamento no participa en ese proceso y que únicamente se limita a verificar los datos que la cooperativa haya presentado. No obstante, manifestaron la dificultad para validar datos como la verdadera relación que pueda existir entre una pareja de la que solo uno de sus miembros aparezca como beneficiario de una adjudicación.

"Vender es ilegal"

En cuanto a las viviendas protegidas de esta promoción ofertadas para su venta en portales inmobiliarios y con pagos en negro de las que INFORMACIÓN ha tenido constancia, fuentes del departamento de Camarero fueron tajantes: "No pueden vender esas viviendas, es ilegal". Y acerca de si, en casos de demostrarse falsedad, se podrían revertir las adjudicaciones concretaron que "eso tendrá que ser un juez el que lo decida".

Cambios

Por la mañana, la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Vivienda, abrió la puerta a que cada promoción privada de vivienda protegida cuente con su propio registro público y transparente de demandante, algo similar a lo que ya existía pero eliminó el Consell de Carlos Mazón en 2024.

Dentro de ese “refuerzo” de los controles, la consellera ha explicado que ese registro será específico para cada promoción privada, será público y transparente, incluirá a todas las personas inscritas como interesadas y podrá ser consultado por la Conselleria de Vivienda, con el objetivo de garantizar que todo el procedimiento sea transparente.

Este anuncio no supone la recuperación del registro general de demandantes de vivienda protegida para las promociones privadas, como se ha aclarado desde la conselleria, ya que dicho registro solo es obligatorio para las viviendas protegidas de promoción pública. El decreto aprobado en diciembre de 2024 estableció que, al existir distintos cortes de renta, 4,5 veces el IPREM para la promoción pública y 6,5 veces el IPREM para la privada, no era necesario estar inscrito en el registro autonómico de demandantes para optar a una vivienda protegida de promoción privada, bastando con cumplir los requisitos fijados en la normativa.

Sin embargo, tras la polémica adjudicación de viviendas protegidas de promoción privada en la urbanización Les Naus, ha subrayado este martes la posibilidad de que, a partir de ahora, cada promoción privada de vivienda protegida una cuente con su propio registro específicopúblico y accesible a la Conselleria, donde se inscribirán todas las personas interesadas en la promoción. De este modo, se podrá supervisar la lista completa de interesados de manera individual, asegurando que el proceso sea totalmente transparente y que se cumplan los requisitos establecidos en cuanto a la publicidad.

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