Vivienda creará un órgano colegiado para evitar que un único funcionario valide los requisitos para acceder a pisos protegidos

La vicepresidenta del Gobierno autonómico y consellera de Vivienda, Susana Camarero, ha anunciado este miércoles en Alicante la creación de un órgano colegiado que sustituirá la figura actual de un único funcionario de la Dirección Territorial de Vivienda encargado de validar los requisitos para acceder a una vivienda de protección pública. Este cambio llega después de las polémicas surgidas en torno a las adjudicaciones de viviendas de promoción pública en el residencial Les Naus, la primera que se realiza en la ciudad en los últimos veinte años, y después de que la conselleria suspendiera este lunes de empleo y sueldo al único funcionario encargado de visar los requisitos por validar datos falsos para adjudicar un piso a su mujer y estar investigando si habría aplicado el mismo método en otras adjudicaciones de esta promoción.

"Viendo las cuestiones que están saliendo a la luz en los últimos días, vamos a tomar decisiones de futuro. Creo que es importante, cuando se observan posibles lagunas o áreas de mejora en los procedimientos actuales, actuar para mejorarlos", señaló Camarero durante una rueda de prensa en Alicante. La consellera explicó que, tras la implementación de cambios en el decreto de 2024, aprobado por el Consell de Mazón, que estableció la obligatoriedad de presentar solicitudes electrónicas y la comprobación de ingresos y propiedades a través de la Agencia Tributaria y los registros pertinentes, ahora se tomará una nueva medida: la creación de un órgano colegiado que estudie cada una de las adjudicaciones.

Ningún funcionario que haga mal su trabajo puede perjudicar ni la política de vivienda ni a las personas que desean acceder a una vivienda de protección pública

Susana Camarero

— Vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Vivienda

Este órgano colegiado, que estará compuesto por varios miembros en lugar de depender de un único funcionario, será el encargado de tomar la decisión final sobre si una persona cumple o no con los requisitos para acceder a una vivienda protegida. "Ningún funcionario que haga mal su trabajo puede perjudicar ni la política de vivienda ni a las personas que desean acceder a una vivienda de protección pública. Vamos a establecer un mecanismo de control adicional para que esto no vuelva a ocurrir", destacó Camarero.

Un sistema más riguroso

Además de la creación de este órgano colegiado, el gobierno autonómico pretende reforzar los controles sobre las adjudicaciones. Camarero también se refirió a la importancia de mejorar la publicidad de las promociones de vivienda protegida, especialmente en el marco del Plan Vive. La consellera aseguró que las empresas promotoras privadas seguirán siendo las encargadas de trasladar los expedientes de los solicitantes a la Conselleria de Vivienda, pero añadió que se establecerán mecanismos adicionales para mejorar la transparencia.

Haremos que haya una publicidad de cada una de las promociones, una publicidad completa, en la propia web de la conselleria estamos ultimando esa web del Plan Vive

Susana Camarero

— Vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Vivienda

"Lo que vamos a hacer ahora es mejorar la publicidad de cada una de las promociones, haremos que haya una publicidad de cada una de las promociones, una publicidad completa, en la propia web de la conselleria estamos ultimando esa web del Plan Vive pero también habrá una publicidad por parte de la propia promotora", explicó Camarero.

Mejora de la publicidad

Asimismo, la consellera se refirió a la creación de un registro, público y accesible, que permitirá a los ciudadanos conocer el estado de sus solicitudes y asegurarse de que los procedimientos se están llevando a cabo de forma transparente. "Queremos un registro específico por cada una de las promociones, con nombres y apellidos, que se conozca quien quiere acceder a esa promoción y que los promotores trasladen a las direcciones territoriales toda la información", apuntó Camarero.

Según la consellera, este registro específico no implicará la recuperación del registro general de demandantes de vivienda protegida para promociones privadas, como se había planteado en su momento. El decreto aprobado en diciembre de 2024 estableció que, al existir distintos cortes de renta, 4,5 veces el IPREM para la promoción pública y 6,5 veces el IPREM para la privada, no era necesario estar inscrito en el registro autonómico de demandantes para optar a una vivienda protegida de promoción privada, bastando con cumplir los requisitos fijados en la normativa.

En este sentido, Camarero explicó que se crearán comisiones de seguimiento para cada una de las promociones del Plan Vive, las cuales se encargarán de evaluar las adjudicaciones de acuerdo con los criterios establecidos. Además, se buscará establecer un procedimiento más riguroso y justo de reparto de vivienda en caso de empate o de multitud de solicitantes, más allá de los criterios de vecindad o los puntos otorgados por los alcaldes en función de los municipios de residencia.

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