El Gobierno no dará suelo para vivienda a la Comunidad Valenciana hasta que la proteja de por vida

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha advertido este miércoles a las comunidades autónomas de que no recibirán apoyo del Estado para la promoción de viviendas asequibles hasta que no garanticen su protección de por vida. Una condición que, en el caso de la Comunidad Valenciana, fue modificada por el gobierno de Carlos Mazón en diciembre de 2024, fijando que la liberalización de los inmuebles se producirá pasados 30 años de su adquisición.

Las declaraciones de Rodríguez, en una entrevista de RTVE, se han producido a raíz de la polémica adjudicación de vivienda protegida en el residencial Les Naus de Alicante, destapada el pasado mes de enero por INFORMACIÓN. Un bloque construido sobre suelo público del que han terminado siendo adjudicatarios (entre otros casos) la ya exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, tres familiares de la jefa de Contratación del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman; un arquitecto municipal; y otra técnico del Consistorio, cuya solicitud fue validada por su marido, trabajador de la Generalitat ya suspendido.

"No va a haber ni un suelo del Estado que no esté protegido para siempre"

Isabel Rodríguez

— Ministra de Vivienda

"No va a haber ni un suelo del Estado que no esté protegido para siempre", ha manifestado la ministra. Al respecto, ha recordado que en la Ley de Vivienda aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya se incluía esa protección permanente, pero que "fue el Tribunal Constitucional el que dijo que era competencia de las Comunidades Autónomas", forzando a su exclusión de la norma estatal. "Nosotros no vamos a participar en la financiación de ninguna vivienda que no se proteja", ha advertido Rodríguez. En esa línea, ha señalado que, en el ámbito del Plan Estatal de vivienda, "queda claramente reflejado que no va ni un suelo a las comunidades autónomas que no protejan estas viviendas", por lo que "se insta a las comunidades a cambiar su normativa".

"Es el fracaso de un modelo"

Sobre la polémica adjudicación en Alicante, fuentes del ministerio han apuntado a INFORMACIÓN que lo que ha ocurrido es "una muestra del fracaso de un modelo" en el que "se construye vivienda protegida en función de los costes" en vez de "según lo que puede pagar la población". No obstante, reconocen que "los límites de renta los tiene que determinar cada comunidad autónoma" y que estos "no pueden ser los mismos en todos los territorios porque las condiciones cambian y deben estar adaptados a la realidad socioeconómica".

Las mismas fuentes recuerdan que "la Entidad Estatal de Vivienda oferta [en este caso, alquileres] en función de lo que pueden pagar los inquilinos, sin que supere siempre el 30 % de la renta media del municipio", una condición que "ayuda a limitar los incrementos de los precios". Pese a ello, en el caso concreto de la capital alicantina, lamentan que "es una normativa autonómica que compete a la Generalitat exclusivamente", por lo que "el ministerio no delimita nada, más allá de lo que pueda decidir la Justicia en un futuro".

Pese a ello, recuerdan que las distintas administraciones pueden modificar los baremos para hacerse con uno de estos inmuebles protegidos y que "en los casos en los que el Estado participa o concede ayudas, sí se fijan límites". Es el caso del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que está previsto aprobar este trimestre en el Consejo de Ministros. La financiación dependiente del citado plan llevará como condición indispensable la protección permanente exigida este miércoles por la ministra, por lo que, independientemente de la normativa autonómica aplicable, aquellos gobiernos que quieran recibir fondos del Estado para la construcción de inmuebles protegidos deberán garantizar que mantendrán dicha condición de forma indefinida.

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