Gonzalo Bernardos, sobre el escándalo de las viviendas protegidas en Alicante: "El dinero en negro se ha pedido toda la vida"
El economista relativiza la polémica sobre los pisos públicos adjudicados a cargos y familiares del PP y sostiene que venderlas con pagos en B es una práctica habitual cuando se legisla "contra el mercado"

"Cuando tú vas en contra del mercado, la gente se salta la norma", afirma Gonzalo Bernardos / LASEXTA
El economista Gonzalo Bernardos ha vuelto a encender el debate sobre la vivienda protegida con un discurso tan directo como incómodo. A raíz del escándalo de las viviendas protegidas de Alicante —destapado por INFORMACIÓN—, Bernardos aseguró en el programa "Más Vale Tarde" que lo ocurrido en la ciudad "no es ninguna excepción", sino un ejemplo más de lo que, según él, lleva sucediendo "toda la vida" en el mercado inmobiliario español.
"Los políticos nos están vendiendo motos", afirmó sin rodeos. Para Bernardos, la idea de que una vivienda de protección oficial no se puede revender a un precio superior es "directamente falsa". "El que la venda dentro de unos años exigirá dinero en negro. Se ha hecho siempre", sentenció, provocando la reacción inmediata del plató.
"Cuando tú vas en contra del mercado, la gente se salta la norma"
El economista justificó estas prácticas ilegales como una consecuencia directa de lo que calificó de "populismo". "Cuando tú vas en contra del mercado, la gente se salta la norma", insistió, defendiendo que muchas familias ven en la VPO una oportunidad de mejorar su patrimonio a largo plazo. "No me importa que una familia de bajos ingresos acceda a una VPO y después la venda. Es su pensión bis", llegó a decir.
Eso sí, Bernardos marcó una línea —aunque fina— entre lo que considera aceptable y lo que define como "echarle cara". Y ahí conectó directamente con el caso de Alicante. "Lo que hay que evitar es la gente que le echa cara", afirmó, en referencia a quienes acceden a viviendas protegidas sin ser realmente vulnerables. "El hijo de un rico que declara poco, dice que no tiene dinero y le dan una VPO. O el autónomo que cobra más en B que en A. Eso es lo que hay que impedir", subrayó.
Durante la conversación, Iñaki López recordó que en el caso alicantino, cuando se preguntaba por algunas de estas viviendas en inmobiliarias, se exigía una cantidad concreta en metálico: 172.000 euros en efectivo. Bernardos no se mostró sorprendido. "Eso entra dentro de lo habitual", vino a responder, reforzando la idea de que el sistema, tal y como está diseñado, incentiva este tipo de prácticas.
El economista también aprovechó para desmontar la comparación con la burbuja inmobiliaria de 2006. "Entonces se concedieron 170.000 millones de euros en hipotecas; ahora estaremos en torno a 85.000. Descontando la inflación, es solo un 35% de aquello", explicó, descartando de plano un nuevo estallido. A su juicio, la subida de precios —que en algunas zonas roza el 20% anual— se debe a que "la economía va bien", hay más empleo indefinido y existe una enorme demanda embalsada tras años sin compras.
Su propuesta de modelo
Como alternativa, Bernardos defendió un modelo distinto al de la vivienda protegida tradicional. "Soy mucho más partidario de la vivienda de precio tasado y, sobre todo, de que el suelo no se venda", concluyó. Según su propuesta, si la administración mantuviera la propiedad del suelo y solo se vendiera la construcción, el precio final bajaría de forma significativa y los jóvenes podrían acceder a vivienda nueva sin recurrir a atajos ni sobres.
Un discurso incómodo, cargado de realismo crudo y frases provocadoras, que ha vuelto a poner el foco no solo en el escándalo concreto de Alicante, sino en un sistema de vivienda protegida que, según Bernardos, lleva años conviviendo con el dinero negro y mirando hacia otro lado.
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