El PP evita el frente común con Barcala: Ruz y Toni Pérez se ponen de perfil ante su propuesta de reforma para las viviendas protegidas

El llamamiento de Luis Barcala al Consell para reformar “de forma urgente” la normativa autonómica de vivienda protegida, en plena crisis política por la adjudicación de una promoción en La Condomina, no ha logrado por ahora el frente común que el alcalde de Alicante pidió al resto de municipios. En el propio PP, la propuesta se ha encontrado con un apoyo desigual y, sobre todo, con dos silencios significativos: el del alcalde de Elche, Pablo Ruz, y el del de Benidorm, Toni Pérez, presidente de la Diputación de Alicante y del PP provincial. Ambos han declinado responder a la petición trasladada por este diario sobre si comparten la reclamación de modificar el marco legal para reforzar la transparencia de los procesos.

La ausencia de posicionamiento de los dos principales referentes del PP en la provincia, junto a Barcala, deja al regidor alicantino sin una foto de unidad en un momento en el que el caso de Les Naus ha abierto una grieta política de alto voltaje y ha empujado al alcalde a intentar desplazar el foco hacia la Generalitat. En su comparecencia del pasado viernes, sin preguntas, Barcala reclamó “absoluta transparencia” en los procedimientos y defendió que la norma debe reforzarse para evitar que personas que no cumplan los requisitos accedan a este tipo de viviendas.

Creemos que con el marco normativo actual hay garantías suficientes de transparencia

Eduardo Dolón

— Alcalde de Torrevieja (PP)

Entre los ayuntamientos que sí han respondido, la lectura tampoco dibuja un bloque nítido detrás del planteamiento de Barcala, ni siquiera dentro de su propio espacio político. El caso más claro es Torrevieja, gobernada por el PP. Su alcalde, Eduardo Dolón, sostiene que con el marco normativo actual “se dan los condicionantes suficientes” para garantizar transparencia y publicidad y que “no es necesario a priori modificar normas”, aunque matiza que cualquier aportación que refuerce “la percepción” de transparencia por parte de la ciudadanía “siempre será positiva”.

El alcalde torrevejense enmarca su postura en el despliegue de vivienda protegida previsto en el municipio, donde asegura haber licitado “todas y cada una de las parcelas” y afirma trabajar “mano a mano” con la conselleria para fijar bases de adjudicación con baremos “totalmente objetivos y claros”.

Consideramos positivo cualquier refuerzo normativo que mejore la claridad y la transparencia del sistema

Matías Ruiz

— Concejal de Urbanismo de Orihuela (PP)

También desde Orihuela, en un gobierno municipal del PP, la respuesta evita respaldar de forma explícita la exigencia de Barcala, aunque se muestra receptiva a cambios que refuercen el sistema. El concejal de Urbanismo, Matías Ruiz, defiende que la adjudicación se rija por criterios “objetivos, reglados y plenamente verificables” conforme a la normativa vigente y señala que “cualquier refuerzo normativo” que mejore la claridad, el control de requisitos y la transparencia puede ser “positivo” para garantizar seguridad jurídica y que las viviendas se destinen “exclusivamente” a quienes cumplen las condiciones.

San Vicente del Raspeig, por su parte, se mueve en un terreno de prudencia. El alcalde, Pachi Pascual, señala que no conoce el detalle de la petición trasladada desde Alicante, pero añade que “todo lo que suponga mejorar la transparencia” le parece positivo. Es una formulación genérica que evita entrar en el debate de fondo: si el problema está en el texto legal o en cómo se aplica.

No conocemos el detalle de la petición pero mejorar la transparencia nos parece positivo

Pachi Pascual

— Alcalde de San Vicente del Raspeig (PP)

Donde la reacción es más crítica con el planteamiento de Barcala es en los municipios gobernados por el PSOE. El alcalde de Alcoy, Toni Francés, sostiene que la normativa actual “ya establece criterios suficientes para garantizar la transparencia y la igualdad de acceso” y sitúa el foco en la responsabilidad de las administraciones que gestionan y controlan la vivienda protegida. Lo “imprescindible”, afirma, es aplicarla “con rigor y sin excepciones”.

La prioridad es aplicar la normativa con rigor, reforzar controles y actuar con responsabilidad institucional

Toni Francés

— Alcalde de Alcoy (PSOE)

En esa línea, defiende que la prioridad no es abrir “debates genéricos”, sino “reforzar los controles internos” y actuar con “responsabilidad institucional” para evitar usos indebidos, además de reclamar “tolerancia cero” ante irregularidades. Francés recuerda que la norma fue modificada por el actual gobierno autonómico del PP, con un marco “más laxo”, pero insiste en que la responsabilidad última recae en el ámbito local, que debe velar por el cumplimiento estricto.

En Elda, el concejal de Urbanismo y Vivienda, Jesús Sellés, endurece el mensaje y rechaza la idea de extender el caso a otros consistorios. Considera que lo sucedido en Alicante, además de “muy grave”, ha provocado una “crisis reputacional” en el gobierno de Barcala y sostiene que ahora “se quiere implicar a otros ayuntamientos de la provincia, que nada tienen que ver”.

Lo aconsejable es un pacto urbanístico en Alicante antes de plantear cambios normativos

Jesús Sellés

— Concejal de Urbanismo y Vivienda de Elda (PSOE)

Sellés plantea como alternativa que el alcalde se siente con todos los grupos municipales para acordar un “pacto global” sobre urbanismo y vivienda en Alicante antes de pedir cambios normativos. “Si no es capaz, tal vez debería dar un paso al lado y apartarse”, remata.

Las respuestas dibujan tres niveles: el silencio de los dos dirigentes clave del PP provincial, el apoyo parcial o condicionado de otros ayuntamientos populares, más centrado en reforzar la transparencia que en reclamar una reforma urgente, y la réplica frontal desde los municipios socialistas, que interpretan que el problema no está tanto en la norma como en su cumplimiento y en la gestión política del caso en Alicante. En paralelo, el escándalo de Les Naus sigue acumulando reacciones y derivadas institucionales, con la investigación municipal en marcha y con el debate político extendiéndose más allá del consistorio alicantino.

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