El PP frena en la Diputación la propuesta de Compromís de investigar y “cambiar el modelo” del Plan Vive tras el escándalo de las viviendas adjudicadas en Alicante

El PP ha impuesto su mayoría en la Diputación de Alicante para frenar la propuesta de Compromís que reclamaba depurar responsabilidades políticas, reforzar la transparencia y revisar el modelo del Plan Vive tras la polémica por la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante a personas vinculadas al Ayuntamiento, incluida la concejala de Urbanismo, hoy ya dimitida.

La moción se ha rechazado con 15 votos en contra (PP, al que le faltaba un diputado), 14 a favor (PSOE y Compromís) y la abstención de Vox, en una sesión bronca que ha obligado a intervenir en varias ocasiones al presidente de la institución, el popular Toni Pérez, para llamar al orden y exigir la retirada de expresiones utilizadas en el debate. En un pleno anterior, el grupo popular sí se desmarcó del PP de Luis Barcala al “corregir” en la Diputación la posición del Ayuntamiento sobre el valenciano.

El portavoz de Compromís, Ximo Perles, ha defendido la iniciativa enmarcándola en el clima de “vergüenza” que, a su juicio, han provocado los titulares de los últimos días. Perles ha sostenido que el caso trasciende el eje ideológico y que interpela a la ética pública: “No se trata de derecha o izquierda, es de ladrones y honrados”, ha afirmado, antes de insistir en que se habría “desvirtuado” el propósito social de la vivienda protegida y de comparar el mecanismo con “Robin Hood al revés”, al considerar que se destina dinero y suelo público a beneficiar a quienes “no lo necesitan”.

El PP hace como Robin Hood, pero al revés, roba a los pobres para dárselo a los ricos

Ximo Perles

— Portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante

El diputado de Compromís ha incidido en que, además del debate político, está por esclarecer si existió información privilegiada en el proceso y ha defendido cambios normativos para evitar que se repitan situaciones similares.

El PSOE ha cerrado filas con Compromís en la votación y ha elevado el tono del choque político. El diputado socialista Raúl Ruiz, también concejal en Alicante, ha rechazado que lo ocurrido pueda atribuirse al azar y ha cargado contra el PP por el uso de suelo público para, según ha dicho, beneficiar a personas vinculadas al equipo de gobierno local. “No es casualidad”, ha insistido, al tiempo que ha encuadrado el caso como un “pelotazo disfrazado de vivienda pública” y como un escándalo que trasciende la provincia por su eco nacional.

Es un pelotazo disfrazado de vivienda pública y un escándalo nacional desde Alicante

Raúl Ruiz

— Diputado del PSOE en la Diputación de Alicante

Ruiz ha puesto el foco en la lista de espera de vivienda pública y en el malestar social y ha defendido que el asunto debe investigarse a fondo. En uno de los momentos más tensos del pleno, el socialista ha usado expresiones que han provocado la reacción del presidente de la Diputación y un intercambio áspero sobre los límites del debate.

En ese contexto, Toni Pérez ha intervenido para reprochar a Ruiz que hubiera “equivocado el debate” al trasladar al pleno provincial el choque político del Ayuntamiento de Alicante, antes de endurecer el tono al considerar que estaba utilizando la sesión para un “debate local” y zanjándolo con esta frase: “Esto es la Diputación provincial, no venimos aquí a hacer debatitos locales de cada uno”.

El presidente ha llamado al orden en varios tramos del enfrentamiento y ha llegado a pedir a Perles que retirara palabras de su intervención, petición a la que el portavoz de Compromís se ha negado. La sesión ha evidenciado un clima de choque entre bloques, con alusiones a casos de corrupción en el PSOE y al debate nacional, una deriva que desde la izquierda se ha criticado como una maniobra para desviar el foco del asunto central.

En la réplica del PP, la diputada popular Cristina García, también concejala en Alicante, ha sostenido que la iniciativa de Compromís buscaba “distorsionar” el debate y ha presentado la actuación del PP como una cadena de decisiones “inmediatas”: apertura de un expediente de averiguación de hechos, máxima colaboración con la justicia y asunción de responsabilidades políticas tras las dimisiones conocidas en el Ayuntamiento.

Hemos asumimos responsabilidades, abierto un expediente y colaboraremos con la Justicia

Cristina García

— Diputada del PP en la Diputación de Alicante

García ha defendido que no procede impulsar investigaciones paralelas mientras el caso esté en manos de la Fiscalía y ha insistido en el marco autonómico de la vivienda protegida, además de contraponer el Plan Vive al “modelo paralizado” del Botànic.

Vox, por boca de su portavoz, Gema Alemán, ha mantenido un tono de apoyo a que se investiguen los hechos, pero sin respaldar el texto de Compromís. Ha reclamado indagar sobre todos los adjudicatarios “ligados al personal municipal que ha intervenido” en la gestión y sobre el posible incumplimiento de condiciones legales de acceso, con el objetivo de “defender el interés general y la transparencia”, y ha planteado que, una vez aclarado el caso, se aborden las reformas legales que correspondan.

Hay que investigar, determinar y esclarecer los hechos y después proponer reformas legales

Gema Alemán

— Portavoz de Vox en la Diputación de Alicante

Al mismo tiempo, Alemán ha introducido reproches cruzados al recordar que un funcionario expedientado fue ascendido durante gobiernos del Botànic, argumento con el que ha tratado de resaltar que, en su opinión, no se trata de un problema exclusivo del PP.

Para Compromís, la moción era una oportunidad para que el PP se desmarcara de conductas “lamentables” y aceptara un giro de modelo; para el PSOE, un paso para exigir aclaraciones y responsabilidades; para Vox, un asunto que debe investigarse sin convertirlo en un arma partidista; y para el PP, un debate que, a su juicio, debe canalizarse por la vía judicial y no por iniciativas políticas en la Diputación.

El pleno, en el que se ha estrenado como diputado del equipo de gobierno el alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, ha deparado una sesión marcada por la tensión y por la división de posiciones en torno a cómo debe abordarse el caso de las viviendas adjudicadas.

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