El sector pide sanciones para las inmobiliarias que pidan pagos en negro en la venta de viviendas protegidas en Alicante

El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (APIs) ha reclamado sanciones para las agencias que pidan pagar en negro por la venta de viviendas protegidas. Así han manifestado a requerimiento de este diario la presidenta del colectivo, Marifé Esteso, ante los casos de ventas de pisos de protección pública detectados en la urbanización Les Naus de la Condomina.

Además de la polémica por las adjudicaciones de estas casas por su proximidad a personas del Ayuntamiento, algunos usuarios que buscaban casa en el complejo residencial se han encontrado con que, además de los 223.000 euros en los que estaba tasado el precio, se les reclamaba casi la misma cantidad en dinero negro. Esteso calificó esta operativa de "escandalosa" y recordó que las viviendas de protección pública "están pensadas para ayudar al comprador, no para enriquecer al vendedor de manera fraudulenta". Entre las medidas que reclama, además de la imposición de sanciones, está la expulsión de los infractores del registro obligatorio de agentes inmobiliarios. Todo ello después de que lleven a cabo investigaciones que lo prueben y para las que muestran toda su predisposición a colaborar con la Administración.

Se trata de unos hechos que han generado una gran indignación y que ha provocado que se hayan presentado ya al menos cuatro denuncias en la Fiscalía por parte del Ayuntamiento, la Generalitat, el PSOE y Compromís.

En esta línea, Esteso recordó que el colegio como tal no tiene facultades para emprender ninguna acción sancionadora, funciones que corresponden tanto a la Conselleria de Vivienda como a su dirección territorial en Alicante, que "nos consta que va a iniciar expediente a cuantas denuncias les lleguen sobre este tipo de actuaciones". La presidenta del colegio incidió en la necesidad de "concienciar tanto a las agencias inmobiliarias como a los compradores de que no pueden estar haciendo el juego a los vendedores, ya sean de primera ocupación o de segunda, y que pongan precios de mercado libre siendo la vivienda protegida". En este sentido, animó a los perjudicados por estas prácticas a que las denuncien ante la Dirección Territorial de Vivienda. En cuanto a las inmobiliarias, las emplazó a que no sean cómplices de un fraude que solo ayuda al vendedor y no al comprador, que "es a quien se debería beneficiar".

Desde el colectivo de APIs se emplazó a la Administración a establecer los mecanismos necesarios para que sea totalmente imposible cobrar dinero fuera de contrato, algo que hace más difícil que el comprador pueda adquirir una vivienda por un precio tasado al que tiene derecho, enriqueciendo así al vendedor. Marifé Esteso ha ofrecido a la Generalitat su total colaboración desde el colegio para perseguir estas prácticas. Por lo que proponen la expulsión del registro obligatorio de agentes inmobiliarios a todas aquellas agencias que intermedien en estas compraventas. Dicho registro es un censo autonómico que habilita legalmente a los profesionales para ejercer esta intermediación.

Anuncios en páginas web

Algunos de estos anuncios ofertando viviendas en el residencial Les Naus estaban publicados en una conocida plataforma inmobiliaria que opera a nivel nacional. Un portavoz de este portal explicó a este diario que ellos se limitan a ser "un tablón de anuncios", a través del cual comprador y vendedor se ponen en contacto. "Es algo difícil de rastrear, pero si se detecta algo incorrecto o ilegal el anuncio se da baja automáticamente", explicó esta fuente, sin saber si en el caso de la polémica urbanización se había recibido alguna denuncia en concreto. "Tenemos cerca de dos millones de anuncios en nuestra web, con lo que es muy difícil actuar de manera preventiva. Sobre todo en el caso de las ventas de viviendas públicas, ya que no hay una normativa uniforme. "Cada comunidad autónoma tiene legislaciones diferentes", explicó, algo que motiva que, en los casos en los que exista alguna irregularidad, se actúe a posteriori. En este sentido, estas fuentes explicaron que si se reclama el cobro de cantidades en negro es algo que ellos no pueden detectar. Los anuncios de este residencial tanto en este portal como en las páginas web de empresas inmobiliarias ha desaparecido tras hacerse públicas estas informaciones.

Este diario se ha puesto en contacto con dos agencias que han estado ofertando en internet viviendas en el complejo residencial Les Naus y donde, según el testimonio de varios compradores, se les solicitó el pago de dinero negro para alcanzar el precio de mercado burlando así el tope impuesto por la Generalitat al tratarse de una vivienda protegida. Por casas que tendrían que venderse por unos 220.000 euros se estaban pidiendo más de 450.000.

Una de las inmobiliarias que las ofertaban no ha contestado a los requerimientos de este diario. En la segunda, se negó tajantemente todo aseverando que ellos no contaban con viviendas protegidas en su catálogo. Tras una segunda llamada en la que se le recalcó que había una conversación documentada en la que se hablaba claramente sobre esos pisos se limitaron a asegurar que debía tratarse de alguna confusión porque la única vivienda protegida que tenían en catálogo estaba en València y ya no contaban con ella.

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